A menos de un mes para que finalice la vigencia de las medidas contenidas en el plan de choque por la guerra de Ucrania que aprobó el Gobierno en marzo, la inflación sigue disparada y la contienda parece lejos de acabar. Y, por ello, el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra exige que estas medidas, que en principio decaerán el 30 de junio, se alarguen hasta diciembre, así como poner en marcha otras tres iniciativas: adelantar la subida de las pensiones no contributivas -que tendrían que subirse en enero-, subvencionar por parte del Estado el transporte público que facilitan comunidades y ayuntamientos, y ampliar de nuevo el bono social eléctrico.

Con toda probabilidad, la extensión del decreto de medidas contra la guerra y el alcance de esta prórroga será una de las grandes discusiones que tendrán lugar en el seno del Gobierno durante el mes de junio. Y los morados ya están tomando posiciones, especialmente con intención de "garantizar la protección de las familias y de la población más vulnerable ante los efectos de la subida de los precios energéticos", el principal de los problemas que está generando una inflación que está registrando las cifras más altas desde hace décadas. 

Entre las medidas más relevantes de este plan que caduca el próximo 30 de junio se encuentran la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina, la ampliación del bono social eléctrico o la limitación temporal de la subida anual de los alquileres al 2%. El paquete no incluye la limitación del precio del gas destinado a generar electricidad en el mercado mayorista, que va por otra vía. Pero Derechos Sociales considera imprescindible prorrogar el paquete completo de medidas, especialmente después de que el propio Gobierno haya reconocido que el ahorro en la factura de la luz por el tope de precios será la mitad del inicialmente previsto.

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Fuentes del Ministerio que lidera Belarra defienden, además, "actualizar las pensiones no contributivas", las más bajas, "con carácter inmediato al IPC" para que la nueva cuantía se cobre ya "en la nómina de julio". "De este modo, las pensiones más bajas podrán hacer frente al incremento de precios que están sufriendo sin tener que esperar a final de año ni ver cómo durante estos meses se produce una merma de su capacidad adquisitiva", sostienen fuentes de Unidas Podemos.

Por otra parte, la subvención al transporte público que plantea Derechos Sociales tendría un doble objetivo: la reducción del consumo energético en un momento de escasez y el alivio al bolsillo de los usuarios. La idea de los morados es crear "un fondo de ayuda a municipios y comunidades autónomas" a nivel estatal que sirva para "reducir el abono mensual hasta los 10 euros en todas las ciudades y comunidades del país", tal y como ha hecho el Gobierno alemán. El departamento que lidera Belarra, no obstante, no ofrece detalles sobre el coste total de poner en marcha este fondo.

Por último, la tercera de las propuestas de Unidas Podemos es abordar una nueva reforma del bono social, después de la ampliación que ya se hizo precisamente al poner en marcha el decreto de marzo. El fin, de nuevo, sería "ampliar su extensión para que llegue de una vez a los dos millones de familias que lo necesitan", así como agilizar su acceso "mediante la automatización de los trámites y el intercambio de información entre administraciones". Además, Derechos Sociales plantea que deba ser obligatorio por ley que, "ante una situación de impago, la empresa deba informar necesariamente de la situación de vulnerabilidad del cliente" a la administración antes de cortarle la luz.