La Moncloa, y más concretamente la parte socialista del Gobierno, endurece su posición con respecto a la negociación de la reforma laboral. Este miércoles, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, rechazó tramitar la norma por la vía parlamentaria que le exigen sus socios, precisamente porque eso abriría la puerta a que presentaran enmiendas y "alguna podría desequilibrar el texto". Esa negativa implica que el PSOE, en último término, se cierra tajantemente a hacer modificaciones.
Pero ERC, PNV y EH Bildu insisten en hacer al menos cuatro cambios clave en la reforma laboral, y el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que lidera la negociación con los socios, se muestra más flexible y asume que el Gobierno tendrá al menos que abrir la puerta a hacer retoques en el Congreso si quiere el apoyo necesario para convalidar la ley.
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Tramitar en el Congreso el decreto de la reforma laboral como proyecto de ley -la vía que reclaman los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno porque les permitiría presentar enmiendas para hacer cambios- no supondría necesariamente que el Ejecutivo aceptase tocar ni una sola coma de su texto, pero sí abriría un plazo para que los grupos parlamentarios propusieran modificaciones, lo que permitiría a ERC, PNV y EH Bildu presionar para que se aceptaran, al menos, algunas de sus reclamaciones. Hasta ahora, el PSOE se había mostrado ambiguo ante esta posibilidad, pero este miércoles Bolaños fue taxativo: en su opinión, "no es necesario hacer ninguna tramitación parlamentaria" porque la reforma laboral "no es una norma al uso".
En el seno del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos coinciden en su deseo de que el texto de la reforma laboral "se tiene que aprobar tal y como se ha aprobado por los agentes sociales", sin cambios. Pero fuentes de la formación morada son mucho menos tajantes que Bolaños y admiten que, pese al empeño del Ejecutivo, tramitar el decreto de la reforma laboral como proyecto de ley es una posibilidad muy real, porque ERC, PNV y EH Bildu han adoptado una posición muy dura de negociación y el Gobierno está casi obligado a ofrecerles alguna contrapartida a cambio de su apoyo para convalidar el texto.
Eso no implica que Trabajo asuma que habrá con total seguridad cambios en el acuerdo cerrado con patronal y sindicatos, pero sí que se abrirá la puerta a ello en el Congreso. Es más: incluso aunque PSOE y Unidas Podemos votaran en contra de tramitar la reforma laboral como proyecto de ley en la Cámara Baja, ERC, PNV, EH Bildu y el resto de sus aliados minoritarios podrían sumar sus votos a los de la oposición para forzar la apertura de este periodo de enmiendas, ya que a PP o Vox les interesa extender en la medida de lo posible el tira y afloja del Gobierno con sus socios sobre la reforma laboral para desgastar al Ejecutivo.
En cualquier caso, las negociaciones entre Trabajo y ERC, PNV, EH Bildu y el resto de pequeñas formaciones que apoyan al Gobierno se encuentran por el momento en una fase inicial. Este miércoles, el ministerio que lidera Díaz se reunió discretamente con estos partidos, y fuentes conocedoras del contenido de las conversaciones explican que, por el momento, Trabajo se está dedicando a explicar a sus socios pormenorizadamente el contenido de la reforma laboral y está intentando disipar algunos de sus temores sobre la norma. La negociación, señalan estas fuentes, aún no se ha centrado en los cambios que exigen los aliados del Gobierno.
Presión sindical para PNV y EH Bildu
Sin embargo, estos socios no pierden ocasión de reclamar públicamente modificaciones en la norma. El último, este mismo miércoles, fue el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que insistió en que su formación no tiene intención alguna de dar "un cheque en blanco" al Gobierno entregando sus votos favorables a la reforma laboral si no acepta algunos cambios. Rufián afirmó que, en la negociación, no hay "líneas rojas" porque ERC prefiere negociar sin ellas "por seriedad", pero también señaló que "el acuerdo está bastante lejos" a día de hoy.
No obstante, el portavoz republicano también afirmó que su formación es "poco sospechosa" de "frenar avances". Y lo cierto es que, de los principales aliados del Gobierno, ERC es el que más flexibilidad tiene a la hora de negociar en la cuestión de la reforma laboral, ya que su fuerte vinculación con la UGT en Cataluña -una de las organizaciones firmantes del pacto para la reforma laboral, cuyo actual secretario general catalán, Camil Ros, llegó a liderar las Juventudes de ERC- le hace más sensible a los argumentos de los sindicatos mayoritarios. Y CCOO y UGT son claras y apuestan por que el acuerdo se apruebe sin modificaciones.
Por el contrario, PNV y, sobre todo, EH Bildu tienen un contexto más complicado en el País Vasco que les deja menos margen de maniobra para negociar y que está provocando que asuman una posición más dura en el inicio de las conversaciones. Allí, los sindicatos mayoritarios son ELA y LAB, especialmente el primero, pero ninguno de ellos ha estado presente en la mesa de diálogo social para la reforma laboral. Esa mesa solo ha contado con la participación de CCOO y UGT debido a que son las centrales más representativas en toda España, lo que supone que las organizaciones sindicales de más peso en Euskadi han quedado fuera.
Eso, entre otras cosas, ha provocado que ELA y LAB hayan sido enormemente críticos con el acuerdo de la reforma laboral desde que se anunciara hace unas semanas. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, denunció el martes que en el texto promovido por el Gobierno "solo hay unas ligerísimas mejoras" y que, de aprobarse, "se consolidarían" los cambios promovidos por el PP en 2012, que "fueron muy perjudiciales para la clase trabajadora". En la misma línea, su homóloga de LAB, Garbiñe Aranburu, denunció que "no se ha derogado la reforma laboral" y aseguró que "el resultado del diálogo social de Madrid ha sido una victoria de la CEOE".
Cuatro grandes reivindicaciones
Las cuatro grandes reivindicaciones que plantean los aliados del Gobierno las resumió este miércoles Rufián cuando criticó que, a su juicio, el decreto aprobado por el Ejecutivo "se queda muy lejos" de las aspiraciones de sus socios. Esos cuatro cambios que, a juicio de ERC, necesita la reforma laboral giran en torno a "indemnizaciones por despido, salario por tramitación, prevalencia de convenios autonómicos y mecanismos de la administración para frenar ERE de empresas que despiden masivamente después de recibir ayudas públicas".
El encarecimiento del despido, elevando el número de días por año trabajado que corresponden como indemnización a los trabajadores cuando se rescinde su contrato, es quizá la exigencia que menos opciones tienen los aliados del Gobierno de ver satisfecha. ERC y EH Bildu, sobre todo, aspiran a volver a los 45 días por año, frente a los 33 días por año trabajado que corresponden ahora mismo a los trabajadores cuyo despido sea improcedente. Pero el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos no incluye el compromiso de encarecer el despido, los socialistas se niegan a tocar la indemnización y Trabajo prefiere no abrir una nueva batalla con el PSOE en un asunto en el que tiene muy pocas posibilidades de salir victorioso.
La prevalencia del convenio sectorial autonómico sobre el nacional es quizá la principal reivindicación de los socios vascos del Gobierno, así como de ELA y LAB. Este asunto estuvo encima de la mesa en la negociación de la reforma laboral, pero finalmente no se incluyó en el texto definitivo, y lo cierto es que tampoco es un compromiso incluido en el pacto de coalición o las reformas prometidas a Bruselas. Para los sindicatos vascos, no obstante, es clave porque les otorga más poder a la hora de negociar los convenios en Euskadi y, además, porque permitiría adaptar las condiciones fijadas en los convenios colectivos a la realidad económica de comunidades como la vasca.
La recuperación del salario de tramitación en los despidos es otra exigencia de socios del Gobierno como ERC, que pretende, básicamente, que un trabajador despedido de manera improcedente cobre todo el sueldo que debería haber percibido durante los meses en los que se le rescindió el contrato de manera indebida. Desde la reforma laboral de 2012, únicamente tienen derecho a cobrar estos sueldos no cobrados aquellos trabajadores a los que la empresa decide readmitir: si la compañía opta por pagarles la indemnización por despido, no perciben salarios de tramitación.
Por último, los aliados del Ejecutivo reclaman recuperar la autorización administrativa previa que, hasta 2012, necesitaban las empresas que quisieran llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE). La reforma laboral del PP suprimió ese requisito, lo que facilitó la realización de estos despidos colectivos.
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