PSOE y UP rebajan la 'ley mordaza' y exigirán a la Policía justificar los registros en la calle

<p>Los representantes de varias plataformas ciudadanas se han concentrado a las puertas del Congreso para protestar por la ley "mordaza".</p>
Los representantes de varias plataformas ciudadanas se han concentrado a las puertas del Congreso para protestar por la ley "mordaza".
EFE/ Emilio Naranjo

El PSOE y Unidas Podemos avanzan en otro de los puntos clave que sellaron en su acuerdo de coalición: la derogación de la ley mordaza. Ambos partidos acordaron este jueves dar un impulso a la eliminación de ciertos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el PP en 2015. 

Entre las medidas pactadas, se incluye la limitación a dos horas del tiempo del que dispondrá la Policía para las identificaciones en comisaría -ahora el máximo son seis horas-, que las multas sean proporcionales a la renta y a la edad del sancionado y la no obligación de comunicar la celebración de manifestaciones que no estuvieran planificadas de antemano. Las referencias a las devoluciones en calientes de migrantes se dejarán fuera del nuevo articulado y se abordarán desde la Ley de Extranjería.

La ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada en marzo de 2015, cuando los populares aún contaban con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Fue, además, una de las más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy al limitar, entre otros, al aumentar las multas por manifestarse sin permiso, oscilando las sanciones entre los 600 y los 600.000 euros -baremo que marcó la cuantía de las sanciones por saltarse el estado de alarma impuesto por el Gobierno en marzo de 2020 que terminó siendo inconstitucional-. 

El PSOE, Izquierda Unida y otros grupos llevaron el texto ante el Tribunal Constitucional, que el pasado año avaló el grueso del articulado, incluyendo las devoluciones en caliente de migrantes en Ceuta y Melilla. Solo se rechazó el punto referente a las sanciones por grabar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad en manifestaciones o actos celebrados en lugares públicos "sin autorización".

El PNV presentó en 2017 una proposición para reformar el texto, aunque decayó por la convocatoria de las elecciones de 2019. Con la conformación del nuevo Parlamento, el grupo vasco volvió a presentarla hace ya un año, aunque desde entonces la Mesa del Congreso –donde PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría– había prorrogado hasta en cuarenta ocasiones el plazo de enmiendas, lo que impedía su aprobación definitiva. 

Hasta ahora, cuando socialistas y morados han acordado el impulso legislativo de uno de los acuerdos que sellaron ambas fuerzas políticas en el acuerdo de coalición. La mención a la derogación de la ley mordaza por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el último Congreso del PSOE celebrado en Valencia hace tres semanas y las presiones de los morados han provocado que ahora se reactive la derogación.

Registros en la calle

Según Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030 y secretario general del PCE, el acuerdo entre UP y PSOE es "total" y negociarán con el PNV bajo "criterios unificados". 

Cierto es, no obstante, que varias de las reformas que pretenden incluir los socios de gobierno ya las planteó la formación vasca. Por ejemplo, la obligación de expedir un "volante acreditativo" a las personas que sean llevadas a comisaría para ser identificadas. En este caso, además, PSOE y UP proponen limitar a dos horas el máximo de tiempo, "salvo causa excepcional debidamente alegada y verificable", de la identificación en comisaría, que será "una situación excepcional". Hasta ahora el límite era de seis horas. 

En el caso de los registros en la calle, la Policía deberá dejar por escrito la motivación por la que se realicen y se limitarán los desnudos parciales. Si se tienen que producir, se realizarán "en un lugar con la debida garantía de protección a la intimidad".

Otra de las novedades que pretenden aprobar los socios de Gobierno cambiará la forma de proceder de las manifestaciones, pues algunas de ellas ya no tendrán que ser comunicadas a las delegaciones del gobierno. Fuentes de UP explican que solo deberán comunicarse las protestas "previsibles", como las del 1 de mayo. 

En ese caso, la no comunicación sí acarreará sanción. En cambio, podrán no notificarse aquellas "que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez", como la que sacó a la calle a miles de mujeres tras la sentencia a La Manada.

En esas manifestaciones los agentes de seguridad no podrán sancionar la toma y difusión de imágenes de periodistas y fotógrafos siempre que no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías

En caso de que se intervengan dichas imágenes, los policías deberán hacerlo constar en los atestados y serán custodiadas por si son requeridas en algún momento por el juez.

El texto que sustituirá la Ley de Seguridad Ciudadana también modificará la cuantía de las multas, aunque todavía no se conoce el detalle al respecto. Desde UP aseguran que "deberán reducirse las multas que son excesivas" y se aplicarán según la renta del sancionado y la edad, en el caso de que sean menores. 

"El criterio para la cuantía económica de las multas será un cálculo de progresividad y proporcionalidad para reducir la sanción atendiendo a la capacidad económica de la persona sancionada", continúan las mismas fuentes. Además, se apostará porque se puedan cambiar por trabajos a la comunidad, eliminando la limitación actual de sustituir la sanción a menores por trabajo social, que ahora solo puede hacerse una vez. Asimismo, la expedición de DNI o pasaporte para los menores será gratuito para los menores de edad y las actividades naturistas no serán sancionadas.

Las devoluciones en caliente, fuera de la ley

Otro de los asuntos que han pactado PSOE y Unidas Podemos es dejar fuera de la reforma cualquier mención a las devoluciones en caliente. Ambos socios se comprometen a abordar este asunto en las normas específicas, como la Ley de Extranjería

Las formaciones salvan así sus diferencias en esta materia, que afloraron cuando el Constitucional las avaló. Unidas Podemos presiona por paralizarlas. Sin embargo, cuando salió la sentencia, la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, defendió que el Gobierno iba a seguir "haciendo las devoluciones de acuerdo a la ley". 

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