El Congreso de los Diputados se va de vacaciones, pero, a la vuelta del verano, a los diputados les esperan decenas de iniciativas que en algún momento comenzaron a tramitarse, pero que aún tienen su aprobación pendiente o que incluso están siendo bloqueadas por la mayoría de la Mesa -de PSOE y Unidas Podemos- por falta de acuerdo. Ese es el caso, por ejemplo, de la reforma de la ley de secretos oficiales, de la derogación de la ley mordaza o de la creación de una norma específica para la defensa de los derechos de las personas que fueron sustraídas a sus familias cuando eran bebés.
Sin contar los reales decretos que el Congreso ha aprobado tramitar como proyecto de ley, la Cámara Baja tiene en marcha actualmente la tramitación de 23 proyectos o proposiciones de ley, e incluso una pequeña reforma de la Constitución para eliminar el término "disminuido" y sustituirlo por el de "personas con discapacidad" en el artículo 49 de la Carta Magna, el que establece que el Estado llevará a cabo "una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración" de los quienes tienen discapacidad. Algunos de estos asuntos llevan tan solo unas semanas o meses en comisión. Pero otros cumplirán en septiembre, cuando se reanude la actividad parlamentaria, un año o más empantanados en el Congreso.
Entre estos últimos está la proposición de ley del PNV para reformar la ley de seguridad ciudadana aprobada en solitario por el PP en 2015, más conocida como ley mordaza por sus detractores. En septiembre del año pasado, una amplia mayoría del Congreso aprobó la toma en consideración de esta iniciativa, que salió adelante con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, sus habituales socios progresistas y nacionalistas y Cs, frente al voto en contra de PP y Vox. Pero, desde entonces, la norma se encuentra paralizada: hasta 30 veces ha prorrogado la Mesa el plazo de enmiendas al articulado, lo que en la práctica significa que la proposición de ley ha visto detenida su tramitación.
Entre otras cosas, la explicación tiene que ver con que esa ley ha sido utilizada profusamente para sancionar los incumplimientos de algunas de las restricciones puestas en marcha para luchar contra la pandemia. No obstante, lo cierto es que Unidas Podemos también mantiene ciertos disensos con el PSOE con respecto a la norma que no han facilitado que su tramitación continúe.
Uno de ellos es el relativo a las devoluciones en caliente de inmigrantes que crucen la frontera española irregularmente. La ley actual establece un régimen especial para Ceuta y Melilla por el cual las fuerzas de seguridad pueden expulsar directamente a los migrantes, aunque el Tribunal Constitucional ha excluido de esta vía a los menores de edad, las mujeres embarazadas o a los migrantes que pertenezcan a colectivos especialmente vulnerables. Unidas Podemos aspira a prohibir este tipo de rechazos en frontera para permitir que esas personas puedan al menos pedir asilo para que su solicitud sea valorada, mientras que el PSOE no ha sido tan claro al respecto.
Los morados, asimismo, aspiran a que la ley establezca expresamente que "la identificación y registro corporal policial han de acotarse estrictamente a indicios concretos y comprobables", y quieren reducir el tiempo que las fuerzas de seguridad pueden retener a una persona para su identificación a dos horas, en lugar de las seis actuales. Y plantean "una revisión en profundidad de los tipos de infracción" y el "ajuste de la cuantía de las sanciones económicas", que ahora mismo pueden llegar a los 600.000 euros, en el caso de las infracciones muy graves.
Secretos oficiales y bebés robados
También se encuentra paralizada otra de las grandes banderas del PNV: la reforma de la ley de secretos oficiales, a través de la cual los nacionalistas vascos quieren modificar la actual normativa -que data de 1968, en plena dictadura- para que las informaciones dejen de estar restringidas una vez transcurridos diez años, en el caso de las declaradas reservadas, o 25 años, si se las clasificó como secretas. En junio de 2020, el Congreso dio luz verde a la toma en consideración de esta iniciativa por cuarta vez en cuatro años, después de que los anteriores intentos decayesen por las sucesivas elecciones celebradas. Pero, desde entonces, la norma no ha experimentado casi avances.
Hasta 36 veces ha prorrogado la Mesa el plazo de enmiendas al articulado de esta proposición de ley, algo de lo que se ha quejado en repetidas ocasiones el PNV. Pero los planes del Gobierno pasan por elaborar su propia reforma de la ley de secretos oficiales, un texto que a priori será más restrictivo que el que plantea el PNV y que establecería excepciones y salvaguardas a los plazos para la desclasificación de los documentos. El pasado abril, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció públicamente que el Gobierno tomará la iniciativa en este sentido. Y, por tanto, eso supone dejar en el limbo la propuesta del PNV.
Menos discrepancias existen en lo referente a la ley de bebés robados, que sin embargo se encuentra también paralizada en el Congreso desde junio del año pasado, cuando la Cámara Baja aprobó su toma en consideración. El texto - presentado conjuntamente por PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, JxCat, la CUP, Más País, Compromís y BNG- obligaría a los "poderes públicos" a "realizar cuantas actuaciones sean precisas para la búsqueda de los niños y niñas que pudieran haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de identidad", y establece diferentes medidas de reparación para las víctimas.
La toma en consideración de esta proposición de ley salió adelante en el Congreso con el voto favorable de todos los grupos a excepción de Vox, el único que se opuso. Pero, desde septiembre del año pasado, la iniciativa ha encadenado 36 ampliaciones consecutivas de su plazo de enmiendas, por lo que su tramitación ha quedado estancada y en septiembre será otra de las leyes a la espera de ser reanudadas. La tramitación de la norma debe servir para determinar un asunto clave: si se considera la sustracción de bebés como una actividad habitual y dirigida políticamente contra determinados colectivos y, por tanto, adquiere tintes de delito de lesa humanidad, lo que implica que sería imprescriptible.
Además, también está pendiente de ser retomada el curso que viene la tramitación de dos iniciativas legislativas que afectan a dos pilares del Estado: la ley electoral y el Tribunal Constitucional. En el primer caso, PSOE y Unidas Podemos presentaron en febrero una pequeña reforma para acabar con el polémico voto rogado, por el cual se exige a los expatriados españoles solicitar expresamente ejercer el voto en cada elección y que ha redundado en una drástica caída de la participación en los comicios desde el extranjero.
El Congreso aprobó ese mismo mes por unanimidad iniciar la tramitación de esta reforma, pero cinco meses después la iniciativa -bastante sencilla en su formulación- no ha avanzado de la fase de enmiendas. Y lo mismo ocurre con la reforma del Tribunal Constitucional, en este caso impulsada por el PNV, con la que los nacionalistas quieren devolver al órgano a la situación previa a 2015 y retirarle la capacidad de sancionar a quienes incumplan sus sentencias. En marzo, la mayoría del Congreso aprobó la toma en consideración de esta proposición de ley, pero por ahora sigue en plazo de enmiendas.
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