Amnistía Internacional ha denunciado que el Estado español no da respuestas a los denunciantes de casos de bebés robados, al ofrecerles recursos "insuficientes e inadecuados" y sin "vocación de investigar", alimentando así "un clima de impunidad respecto a estas violaciones de derechos humanos".
Esta es una de las conclusiones a la que ha llegado el organismo internacional en un informe dedicado a los casos de bebés robados en España publicado este martes, en el que destaca que en los procesos de búsqueda los familiares "continúan encontrando obstáculos" y que estos resultan ser en su mayoría "infructuosos".
"Aunque en los últimos años se han puesto en marcha algunos recursos para abordar este tema, como el Servicio de Afectados del Ministerio de Justicia, no cuentan con los recursos suficientes, no hacen acompañamiento a las víctimas, apenas siguen los casos y no proporcionan apoyo psicológico ni orientación jurídica", afirma Amnistía.
Por ello, la ONG observa "con preocupación que las acciones de los distintos poderes del Estado español no han proporcionado hasta la fecha respuestas a las víctimas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos".
Procedimientos en saco roto
El director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, ve así como una "oportunidad histórica" la posible aprobación en el Congreso de una ley de bebés robados, reclama al Gobierno que garantice la asistencia legal y psicológica a las víctimas, así como que desde el poder judicial se impulsen "investigaciones exhaustivas e independientes para esclarecer los hechos", informa Efe.
Estos procedimientos judiciales han caído en caso roto, denuncia la organización, que aporta datos sobre las diligencias puestas en marcha entre 2011 y 2021. Fueron un total de 2.138, de las que solo una, iniciada en Barcelona en 2020, sigue abierta. Un total de 526 llegaron a ser judicializadas, pero muchas se cerraron por prescripción.
Los casos se cerraron "sin una mínima actividad de investigación", apunta Daniel Canales, investigador del informe, en el que ha constatado cómo bebés llegaron a ser entregados a familias de México o Chile y registrados allí y como hijos biológicos.
Durante más de 50 años
La investigación de Amnistía se ha centrado en casos de Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco, donde se abrieron un 80% de las diligencias totales, y concluye que durante más de medio siglo, desde finales de la Guerra Civil hasta los años 90, "miles de personas" pudieron ser objeto de desaparición forzada.
Las sustracciones ilegales se habrían producido, dice el informe, primero en cárceles, luego en hospitales, maternidades, casas cuna y centros de beneficiencia, en algunos casos gestionados por congregaciones religiosas, ante un Estado, sostiene, autor o cómplice en los primeros años y con "atención desinteresada, inadecuada e insuficiente" ahora en los procesos de búsqueda.
En su investigación, Amnistía dice haber documentado casos con indicios de los tres elementos que establece el derecho internacional para hablar de desaparición forzosa: la sustracción del bebé, la participación o tolerancia del Estado y la negativa de las autoridades a revelar el paradero de la persona desaparecida.
Y afirma que actualmente los procesos de búsqueda siguen recayendo en las familias, sin que el Estado ni la Iglesia les faciliten el acceso a información relevante para esclarecer los hechos.
Origen humilde, jóvenes y solteras
Las víctimas de los presuntos robos tienen, según ha identificado Amnistía, elementos comunes como que las madres eran de origen humilde, jóvenes y solteras, que se les decía que el bebé había muerto y que en los procesos de búsqueda se encuentran con falta de información, documentación errónea o falsa y "un acompañamiento inexistente o escaso por parte de las autoridades".
Además, ha constatado "una ideología de género franquista que explica y da contexto" a las sustracciones denunciadas, que comienza en la posguerra contra la mujer represaliada y continúa durante el franquismo "a través del control sobre la mujer, cuya única función es ser madre y a la que se priva de autonomía y capacidad de decisión, también respecto de su propia maternidad".
En esos años del franquismo, afirma Canales, se tejió "un entramado legal e ideológico en el que pudieron ampararse estas violaciones de derechos humanos".
Se aprobaron así normativas que limitaban los derechos de las mujeres, regulaban el registro de los menores, permitían que la adopción fuera un negocio entre particulares, y se publicaron informes médicos que aseguraban que la mortalidad infantil era mayor si la madre era pobre, trabajadora o soltera.
Los datos
Amnistía Internacional recuerda en su informe, titulado Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados, que no existen datos oficiales, por lo que es difícil calcular el número de personas que podrían haber sido víctimas de la sustracción ilegal de bebés entre 1939 y los años 90. El último caso documentado por Amnistía es de 1993.
El informe indica que, según la Audiencia Nacional, en España se propició entre 1937 y 1950 una desaparición "legalizada" de menores de edad con pérdida de su identidad. Amnistía Internacional indica que un total de 30.960 hijos de presas fueron tutelados por el Estado entre 1944 y 1954 y que 20.266 menores fueron repatriados tras la Guerra Civil, según datos del Servicio Exterior de la Falange, informa Europa Press.
En cuanto a los datos en la Fiscalía General del Estado, el informe refleja 261 alegaciones en denuncia colectiva por sustracciones ilegales de niños para su entrega a terceras familias, ocurrido entre 1950 y 1990, presentadas por ANADIR en 2011, así como 2.138 diligencias de investigación entre 2011 y marzo de 2021.
El estudio subraya que el 19 de diciembre de 2020 se presentó una denuncia colectiva de 56 casos ocurridos entre 1952 y 1987 en Andalucía, País Vasco, Cataluña, La Rioja, Madrid y Galicia; y que el 4 de enero de 2021 la Fiscalía anunció la incoación de un expediente de coordinación que pretendería unificar su actuación en todo el Estado en este ámbito.
Respecto a los estudios de ADN del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la organización asegura que hubo 128 procedimientos de investigación con aportación de muestras de ADN entre 2011 y 2017, 76 de la Fiscalía y 52 de juzgados de instrucción. De las 120 exhumaciones realizadas, en el 41% (49) de los casos no se pudo resolver y en el 59% (71) de los casos sí se pudo dar certeza de que los restos encontrados pertenecían al bebé que se buscaba.
Además, el Servicio de Afectados del Ministerio de Justicia, en funcionamiento desde 2012, ha tramitado 706 solicitudes, que corresponden a 834 personas afectadas, de las que 216 se han considerado inválidas. Hasta septiembre de 2019, el servicio ha podido indentificar a un posible familiar en 19 casos, todos relativos a adopciones.
"Medidas inmediatas"
Amnistía solicita al Gobierno adoptar "medidas inmediatas" para aplicar plenamente las recomendaciones de los órganos internacionales en relación con casos de posibles sustracciones ilegales de menores, así como asumir un papel "activo" en la coordinación y canalización de búsquedas de posibles sustracciones.
La ONG también pide al Ejecutivo revisar los Concordatos con la Santa Sede para que "no constituya un impedimento a las investigaciones de violaciones de derechos humanos" y establecer protocolos que garanticen el acceso "efectivo" a la información y documentación.
A la Conferencia Episcopal, Amnistía Internacional le solicita facilitar a las víctimas el acceso a los archivos eclesiásticos de su competencia y asumir un papel de "intermediación e intercesión" con las órdenes y congregaciones religiosas dependientes de la Santa Sede, para que "permitan y faciliten a las víctimas el acceso a sus archivos".
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