Las multas cayeron un 70% en el segundo estado de alarma pese a que duró el doble que el primero

  • Entre octubre y mayo, se impusieron alrededor de 1.821 multas al día, 10.000 menos que entre marzo y junio de 2020.
  • Defiende que no existió ninguna orden de Interior que avalase el allanamiento de morada de policías en una casa.
  • Cifra en 25.000 los detenidos por violencia de género entre octubre de 2020 y mayo de 2021.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la comisión de Interior este viernes.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la comisión de Interior este viernes.
EFE

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCC) impusieron en el segundo estado de alarma un total de 327.853 propuestas de sanción a ciudadanos por violar alguna de las restricciones impuestas para contener la expansión del coronavirus. Fueron alrededor de 1.821 multas cada jornada en los aproximadamente 180 días que duró el segundo estado de alarma, vigente en España entre el 25 de octubre de 2020 y el 9 de mayo de 2021.

Estos datos los ha expuesto el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la comisión del ramo que ha tenido lugar este viernes. La cifra, según ha motivado el responsable de Interior, se debe a que la segunda alarma fue menos restrictiva que la primera, lo que empujó a que las sanciones practicasen un "notable" descenso del 70%. En la que estuvo vigente entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, las FFCC firmaron 11.537 boletines de denuncia al día, generando un total de 1.142..127 sanciones. La bajada de cifras también se observa en el número de detenidos, pues cayó un 46,5%. En el primer período hubo 9.000 y, entre octubre y mayo, 4.191. 

Cabe recordar que el primer estado de alarma trajo consigo un duro confinamiento domiciliario que se alargó semanas. Bajo este paraguas jurídico se pilotó también el primer desconfinamiento que dio lugar a la nueva normalidad que llegó en verano del pasado año. En octubre, y tras registrar un aumento de los contagios sostenido en el tiempo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por volver a declarar la alarma, aunque sin obligar a la gente a quedarse en casa y optando por una suerte de cogobernabilidad con las autonomías.

La constitucionalidad del primer estado de alarma, en duda

Marlaska se ha referido también, ante las críticas de la oposición, a la falta de seguridad jurídica bajo la que se firmaron los boletines de denuncia en la primera alarma. Y es que, se han juntado varias aristas que no aseguran a día de hoy, un año después, que todos los infractores vayan a tener que abonar la sanción, que oscila entre los 600 y los 30.000 euros dependiendo de la gravedad del caso. El Ministerio de Interior informó en mayo de que 228.994 multas estaban tramitándose o ya tramitadas. Todas ellas dependían de las delegaciones del Gobierno al tratarse de sanciones por desobediencia a la autoridad.

Sin embargo, ha insistido en un mensaje que ya dio su departamento: en la falta de competencias de las sanciones impuestas por no cumplir la ley sanitaria, que dependen de las autonomías y los ayuntamientos. Se desconoce, por tanto, en qué punto del camino administrativo están las otras 913.133 propuestas de sanción. “La competencia de este Ministerio es simplemente realizar los boletines de denuncia”, ha añadido el ministro.

A esto se suma que varios juzgados de lo contencioso-administrativo han anulado algunas sanciones por falta de seguridad jurídica, una situación que podría afectar a más denuncias si el Tribunal Constitucional dicta finalmente que el primer estado de alarma fue inconstitucional. El Alto Tribunal debía haberse pronunciado esta semana sobre el recurso de Vox. El ponente del dictamen, Fernando González-Trevijano, optó por declararlo inconstitucional, pero la falta de unanimidad entre los magistrados provocó que la decisión se posponga hasta la segunda semana de julio.

"No damos órdenes ilegales a la Policía"

En su comparecencia, que se ha prolongado más de tres horas, Marlaska ha hecho referencia a una polémica situación que se dio en el estado de alarma. A finales del mes de marzo, unos agentes de la Policía Nacional entraron en una vivienda particular bajo el método 'patada en la puerta' de madrugada para terminar con una fiesta ilegal. Se escudaron en una orden de Interior que el Ministerio negó y que ahora investiga un juzgado.

El responsable ministerial ha insistido en que no dio ninguna "orden ilegal" a la Policía. "No damos órdenes ilegales a la Policía, al contrario que el anterior Gobierno", ha dicho, en referencia a la operación Kitchen, una supuesta trama parapolicial que habría espiado a Luis Bárcenas y que investiga la Audiencia Nacional, que imputó incluso a Jorge Fernández Díaz, precedesor de Marlaska. "El asunto está judicializado y por respeto a la separación de poderes no es conveniente valorar este asunto en sede parlamentaria", ha zanjado Marlaska.

25.000 detenidos por violencia de género

El ministro ha informado de que entre octubre de 2020 y mayo de 2021 se detuvo a 25.000 personas por violencia de género y se produjeron más de 390.000 actuaciones de protección a las víctimas. Además, ha advertido sin dar datos absolutos, del aumento de un 20,5% de agresiones sexuales y de un 36% de los delitos contra la libertad en ese período respecto a la anterior alarma, aunque ha descendido -no ha puntualizado cuánto- el índice de criminalidad registrado por el Ministerio.

Aviso a Marruecos: "Defenderemos nuestra integridad territorial"

También ha aprovechado la comparecencia para mandar un mensaje a las autoridades marroquíes tras la entrada irregular, en la semana del 17 de mayo y en apenas tres días, de más de 9.000 personas en Ceuta. El motivo fue la relajación de fronteras por parte del país vecino como respuesta a la hospitalización en Logroño de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y enemigo público de Marruecos por defensa de la autodeterminación del Sáhara occidental. 

Marlaska ha reconocido, como ya hiciera entonces la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que no fue una crisis humanitaria, sino que fue una "crisis fronteriza". Por ello, ha defendido la buena relación con Marruecos pero ha advertido de que España "defenderá" su integridad territorial y "sus valores democráticos de manera contundente".

Además, ha puesto en valor su política migratoria después de defender una inmigración "legal, ordenada y segura". Así, ha cifrado en un 54% las entradas irregulares en 2019 respecto al año anterior y en un 40% las intercepciones de salidas en origen. En Canarias, ha dicho, se han reducido los viajes de los 7.143 registrados entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020 a los 5.734 en los casi siete meses de este año.

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