La mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno han recriminado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el "caos jurídico" que ha provocado tras levantar el estado de alarma sin un paraguas normativo que unificara medidas para todas las Comunidades Autónomas.
PNV, Eh Bildu, Más País y Compromís han lamentado que Sánchez haya dejado en manos del Tribunal Supremo la última decisión sobre las restricciones que pueden poner los gobiernos autonómicos, toda vez que también el PP ha acusado al Gobierno de "no legislar ni permitir legislar".
No obstante, uno de sus socios mayoritarios en el Congreso, ERC, no ha sido excesivamente crítico y su portavoz, Gabriel Rufián, se ha limitado a señalar que le parecen "adecuadas" las medidas que ha adoptado el Gobierno de Cataluña, aunque ha recordado el compromiso adquirido por el Ejecutivo con varios grupos parlamentarios para acordar un plan legislativo alternativo al estado de alarma.
El más severo en sus declaraciones ha sido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha acusado al Gobierno de cometer un "error" al no legislar y ha afirmado que "ya es inevitable el caos jurídico que se ha causado innecesariamente".
Los líderes de Más País, Íñigo Errejón, y de Compromís, Joan Baldoví, han lamentado la falta de liderazgo del Ejecutivo para resolver la desescalada tras el estado de alarma.
"El Gobierno tiene que legislar, no le puede pasar la patata caliente a otros", ha aseverado Errejón al tiempo que ha dejado claro que todas las normas que afectan a los derechos fundamentales deben ser sometidas al "control estricto del Congreso".
Baldoví, por su parte, también ha pedido responsabilidades a Sánchez y ha avisado de que "no le temblarían las manos para intentar llegar a un acuerdo" con el PP si el Ejecutivo no toma la iniciativa ante un "modelo confuso" que deja todo en manos de los tribunales.
El plan B jurídico del PP
Lo cierto es que el plan B jurídico del PP ha vuelto a salir a debate en el Congreso, aunque para el PNV y el PDeCat ya no es el momento, dado que una iniciativa tardaría semanas en ser aprobada. Además, el dirigente del PNV ha considerado que esta proposición debería tener retoques.
Fuentes parlamentarias del grupo socialista han indicado que la proposición sobre el estado de alarma del PP deja desprotegidos los derechos fundamentales porque no tienen garantizado en el amparo judicial.
EH Bildu, por su parte, ha considerado que la "irresponsabilidad" es compartida por las autoridades estatales y autonómicas, y ha incidido en que ha sido "la inacción de unas y otras administraciones" la que ha llevado a la actual incertidumbre.
"Que no caigan en la tentación de responsabilizar a la ciudadanía de lo que está sucediendo", ha añadido su portavoz Mertxe Aizpurua.
"No puede estar todo el mundo equivocado salvo el señor Sánchez"
Las críticas al Gobierno han llegado de casi todos los partidos políticos y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha advertido que "no puede estar todo el mundo equivocado salvo el señor Sánchez" y ha vuelto a pedir debatir su propuesta o que al menos se tome en consideración, ya que "podrá ser enmendada por todo aquel que considere que le falta algo".
Desde Unidas Podemos, su portavoz parlamentario Pablo Echenique ha dicho que se trata de un debate "complejo" y ha instado al PP a "no meter ruido, llamando libertad primero a una cosa y luego caos".
La dirigente socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha sido clara: "No vamos a modificar una ley ordinaria para convertirla en excepcional y limitar derechos fundamentales con carácter general, porque para eso está el estado de alarma".
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, también ha lamentado la situación que se ha creado cuando ha expirado el estado de alarma y criticado el desgobierno y descontrol que ha provocado la ausencia de un paraguas jurídico en todas las Comunidades Autónomas, al tiempo que ha acusado a Sánchez de eludir responsabilidades y dejar "sin sonrojo" la "pelota en el tejado judicial".
Y desde Vox, su portavoz Iván Espinosa de los Monteros ha criticado que el PP esté dispuesto a establecer medidas para compensar la caída del estado de alarma y restringir así derechos fundamentales.
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