El decreto para amortiguar los efectos de la crisis del coronavirus aprobado hace unos días incluyó el primer paquete de medidas, pero posiblemente habrá más. El Gobierno está analizando ya la viabilidad de dos nuevas iniciativas que hasta ahora no ha aplicado: en primer lugar, suspender el pago del alquiler para los inquilinos que vean reducidos sus ingresos, y en segundo lugar poner en marcha una prestación que cobrarían las familias que no llegaran a un mínimo de renta y que les serviría para completar sus ingresos mensuales.
Esas dos medidas, que vendrían a complementar las ya puestas en marcha por el Ejecutivo, llevan días siendo reclamadas por un sector del Gobierno encabezado por Unidas Podemos y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, pero que no se circunscribe a la formación morada. Ministros socialistas como el de Transportes, José Luis Ábalos, o el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, también apoyan que el estado abra más si cabe el grifo de la inversión pública para paliar los efectos de la crisis.
Ábalos, de hecho, lo planteó abiertamente el pasado jueves, cuando aseguró que el Gobierno va a "seguir estudiando cómo extender estas ventajas a aquellas personas que, en la situación actual, hayan podido ver agravadas sus condiciones para hacer frente al pago del alquiler". Frente a ellos, otro sector, liderado por la titular de Economía Nadia Calviño, alerta de que medidas como la moratoria en los alquileres podrían dañar aún más la economía, aunque este lunes Calviño relajó su posición y se abrió a medidas específicas para los inquilinos.
En las últimas horas, como ha podido saber 20minutos.es, el Ejecutivo está dando pasos en la dirección defendida por Iglesias, Ábalos o Escrivá. Fuentes gubernamentales confirman que este mismo lunes hubo una reunión en la que se abordó este asunto, así como la posibilidad de implantar un suelo de ingresos para familias vulnerables, una medida en la que debería haber menos escollos porque está recogida en el programa de coalición firmado hace unos meses entre PSOE y Unidas Podemos.
La suspensión del pago de los alquileres que defiende Unidas Podemos sería similar a la moratoria en el pago de las hipotecas y se aplicaría a aquellos inquilinos que demuestren que han sufrido una merma notable en sus ingresos a causa de la crisis del coronavirus. La medida se aplicaría solo mientras dure la situación de excepcionalidad, y el Estado pagaría una parte del importe a los propietarios siempre y cuando estos no tuvieran más de tres viviendas en alquiler.
En lo relativo a la garantía de unos ingresos mínimos, se trataría de una prestación destinada a aquellas personas que no puedan acogerse a ninguna de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno en los últimos días. Su duración también sería temporal y afectaría, además de a quienes han visto reducidos sus ingresos, a las personas sin ningún tipo de renta.
Endurecer o no el confinamiento
Las nuevas medidas económicas no son la única discrepancia interna que está teniendo que resolver el Ejecutivo durante estos días de crisis. Si ya hubo diferencias entre algunos ministros e incluso con el presidente, Pedro Sánchez, a raíz del momento en el que declarar el estado de alarma o el grado de inversión pública necesario para paliar la emergencia, ahora las diferencias giran en torno a la posibilidad de endurecer el confinamiento parando todos los sectores que siguen en marcha -como la construcción-, a excepción de los esenciales.
Este fin de semana, varios presidentes autonómicos han hecho frente común pidiendo “más medios” y más “contundencia” al Gobierno central, e incluso el mandatario murciano, Fernando López Miras, intentó decretar el cierre de todos los sectores no imprescindibles, una decisión que abortó Sanidad. Pero los ministros de Unidas Podemos también defienden la necesidad de pasar ya a una fase más dura del confinamiento obligando a cerrar a la mayoría de las empresas cuyos trabajadores están aún desplazándose a sus lugares de trabajo.
Iglesias solicitó hace días a Sánchez que amplíe notablemente la decisión de cierre parcial que tomó hace diez días, aunque fuentes cercanas a Unidas Podemos insisten en que apoyarán cualquier decisión que tome Sánchez al respecto. Eso implicaría el cierre comercial de empresas e industrias que siguen abiertas pese a que su producción no tiene nada que ver ni con material sanitario ni alimentario. Ello permitiría, en primer lugar, reducir el riesgo de contagio por las aglomeraciones de trabajadores en esas empresas, pero también disminuir la ya mermada afluencia del transporte público.
Fuentes socialistas del Gobierno señalan que sí se ha valorado esa decisión, pero consideran que todavía no es momento de tomarla y tampoco garantizan que se vaya a tomar en un futuro próximo si se consigue que las medidas tomadas hace diez días tengan el efecto deseado. La decisión definitiva se tomará según avance esta semana. De nuevo, la más reacia a esta paralización casi total de la economía es la ministra Calviño, que este lunes insistió en la necesidad de "salvaguardar la actividad y el empleo".
De igual manera, Sánchez se negó al cierre del país en las dos declaraciones que ofreció durante el fin de semana. "Las medidas que hemos tomado ya son durísimas", argumentó, y se han puesto en marcha siguiendo "las recomendaciones de la OMS". Además, el Ministerio de Sanidad recordó a última hora del domingo en respuesta al intento de López Miras de endurecer la alarma en la Región de Murcia que solo el Gobierno puede hacerlo, y sostuvo que ya "ha adoptado las medidas más drásticas en Europa y de las más estrictas a nivel mundial para vencer al coronavirus".
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