Los grandes retos del tándem Irene Montero - Noelia Vera en el Gobierno de Sánchez e Iglesias

Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia machista.
Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia machista.
EFE

La implantación de todas las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal y el avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos son los principales retos que afrontará la dirigente de Podemos Irene Montero como ministra de Igualdad del nuevo Gobierno de coalición. Montero contará con la hasta ahora portavoz de Podemos, Noelia Vera, como secretaria de Estado de Igualdad, y con la jueza Victoria Rosell, como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Estas tres mujeres recogen así de manos de la vicepresidenta Carmen Calvo el bastón de mando para implantar la agenda 'feminista' en las políticas públicas, teniendo en cuenta que el acuerdo para el Gobierno de coalición incluye una treintena de medidas con ese objetivo.

Entre los objetivos primordiales de dicha agenda está el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017, con el que se pretende mejorar la respuesta institucional ante esta lacra. Unidas Podemos fue precisamente el único partido que se abstuvo en la votación para su aprobación —el resto de fuerzas votaron a favor—, y ahora será la número dos del partido la que deberá implantarlo.

Según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, apenas se han ejecutado el 25% de las medidas contempladas en él, y otro 57% están en proceso. Una de las principales reclamaciones de instituciones y de las feministas, que sigue pendiente, es el hacer efectiva la trasposición legal del Convenio de Estambul que España ratificó en 2014.

En base a este, lo primero que se debe hacer es ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en dicho convenio: mutilación genital femenina, matrimonio y esterilización forzosos, trata, explotación sexual y acoso y agresión sexual. Esto conllevará reformas legislativas, teniendo en cuenta que la Ley integral contra la Violencia de Género la define únicamente como aquella que perpetra un hombre contra una mujer con la que ha tenido o tiene una relación sentimental.

Esta ampliación conceptual repercutirá en las estadísticas anuales que contabilizan a las mujeres víctimas de violencia de género, pero además deberá ampliar el sistema de asistencia y protección a víctimas.

El Gobierno, que deberá seguir financiando el Pacto con 200 millones de euros a través de los presupuestos, también deberá implantar otras medidas relevantes que afectan a varios ámbitos y administraciones. Por ejemplo, la suspensión del régimen de visitas de los hijos e hijas de padres maltratadores "en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia", o la prohibición de visitas cuando el padre ha sido condenado y está en prisión.

Durante el tiempo del Gobierno en funciones, la Comisión de Seguimiento del Pacto apenas ha tenido actividad y la agenda para la igualdad ha estado prácticamente varada. En este contexto, siguen también en un cajón las medidas educativas para el fomento de valores igualitarios, así como el convertir la educación afectivo-sexual en contenido obligatorio en todos los niveles educativos.

Reforma de los delitos sexuales

Respecto a la violencia sexual, a la que también se alude en el Pacto, la medida estrella que sigue pendiente es la prometida reforma de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal para que 'solo sí sea sí'. De este modo, se buscar poner el foco en el consentimiento de la víctima a la hora de juzgarlos, tras la polémica sentencia de La Manada.

Si bien esta medida es competencia de Justicia, fue capitaneada por Carmen Calvo como ministra de Igualdad y reiterada durante el debate de investidura de Pedro Sánchez, que avisó de que el nuevo Gobierno empezaría por aplicarla.

La formación en perspectiva de género en las administraciones públicas y especialmente en los operadores jurídicos es otra de las medidas que el Gobierno deberá seguir desarrollando. De ahí que ambos partidos en su programa común hayan contemplado la implantación de un plan de formación para empleados públicos.

Asimismo, el Gobierno anterior dejó pendiente la Ley contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual para impulsar medidas de prevención, de persecución de redes criminales y de protección a las víctimas.

Montero y Vera se enfrentarán también a un debate que es uno de los principales caballos de batalla en el movimiento feminista: la abolición o no de la prostitución. El PSOE se ha mostrado en reiteradas ocasiones abolicionista, si bien desde Unidos Podemos no han sido tan claros en su postura; y finalmente en el programa común no se incluye este aspecto.

La gestación subrogada será otro de los debates que podría asumir Podemos, aunque las competencias exceden las de su Ministerio y se ubican más en el de Justicia, al igual que sucede con la modificación del Código Penal. Unidos Podemos y el PSOE se han comprometido a 'decir no a los vientres de alquiler' y a actuar contra las agencias porque esta práctica está "prohibida".

En el ámbito laboral, son muchas las asignaturas pendientes: la adopción de medidas para erradicar la brecha salarial, ya que sigue sin aprobarse la prometida ley que garantice la igualdad salarial. Otro reto es la implantación de medidas para garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en organismos públicos y en consejos de administración, tal y como se recoge en la Ley de Igualdad 3/2007.

Montero y Vera también asumirán la equiparación de los permisos de paternidad a los de maternidad hasta las 16 semanas en 2021, una medida que ya fue aprobada por el anterior Ejecutivo. Si bien, deberá modificar aquellas trabas actuales que dificultan la no simultaneidad de los permisos, tal y como ambos partidos han prometido en su programa común.

Tanto el PSOE como Podemos también afrontan el reto de avanzar hacia la corresponsabilidad y de aprobar una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, según contemplan en su programa de Gobierno.

Otro asunto liderado por antecesora Carmen Calvo es el encargo que hizo a la Real Academia Española (RAE) para "adecuar la Constitución a un lenguaje que incluya a las mujeres". La institución se reúne precisamente este jueves para debatir sobre ese informe de lenguaje inclusivo en la Carta Magna.

Más allá de la agenda feminista, a la espera de que se conozca qué asuntos dependerán del Ministerio de Igualdad, también está pendiente el desarrollo de una Ley Integral para la Igualdad de Tratoy la no Discriminación o la Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI.

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