Rufián, Tardà, Xuclà y Campuzano
Rufián y Tardà, de ERC, y  Xuclà y Campuzano, del PDeCAT. ARCHIVO

Este jueves a partir de las 12.00 horas se celebra en el Congreso el acto de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución. Al evento asistirán los reyes actuales y eméritos, parlamentarios de las Cortes Constituyentes y los denominados como 'padres' de la Carta Magna; además de gran parte de los políticos de nuestro país en representación de sus partidos, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero este año hay sorpresas.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, irá por segundo año consecutivo, pese a no asistir a la ceremonias de 2016 argumentando que así visibilizaba su "posición crítica" ante la Constitución y su defensa de la necesidad de reformarla. Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también ha confirmado asistencia tras siete años ausente —tanto él como cualquier otro representante de la formación— en señal de protesta por la reforma parcial que se llevó acabo en 2011, con el acuerdo del PSOE y el PP, para modificar el artículo 135 de la Carta Magna y priorizar el pago del déficit.

También desde la formación de En Marea han manifestado que acudirán; al contrario que desde En Comú Podem —confluencia liderada por Ada Colau en Cataluña— que no tendrá representantes en el acto. Y es que, además de la presencia del rey emérito Juan Carlos I, que ya ha sido confirmada por la Casa Real, los comunes tienen otra razón para no acudir al acto: alegan que el Tribunal Constitucional aceptara el recurso del Gobierno contra la resolución del Parlament catalán que, presentada por este grupo en dicha cámara, reprobaba al rey Felipe VI por su discurso del 3 de octubre de 2017. Pedían en ella "abolir" una monarquía "anacrónica" y con "sombras de corrupción". No obstante, no son los únicos que se niegan a acudir.

Ningún representante del Govern

Tampoco el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ni su vicepresidente, Pere Aragonès, acudirán al Congreso para conmemorar los 40 años de la Constitución. Torra envió sendas cartas a la Cámara Baja, al Senado y a la Delegación del Gobierno central en Cataluña para rechazar la invitación alegando que la Carta Magna ha sido una "prisión para la libertad de expresión y la capacidad de decisión de los ciudadanos".

El president asegura también que "el pueblo de Catalunya" ya ha manifestado su voluntad de "superar el marco constitucional" a través de la creación de una república independiente(en referencia al referéndum del pasado 1 de octubre de 2017). Asimismo, Aragonès alegó que consideran la Constitución "un límite y no un sistema de protección para la mayoría de los ciudadanos de Cataluña".

Misma visión que comparten los miembros de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Su portavoz parlamentario, Joan Tardà, señaló ya hace unos días que, como cada año, los diputados de su partido no acudirán al acto porque no tienen "nada que celebrar". En concreto, destacó que si en 1978 "el 90%" de los catalanes dijeron sí a la Constitución, hoy "la mayoría está en posiciones independentistas y autodeterministas".

Tampoco aparecerán por el Palacio de la Carrera de San Jerónimo los ocho diputados del PDeCAT, la antigua CiU, que en los últimos años no se apuntaron a los fastos por cada aniversario de la Carta Magna, aunque en su caso la presencia del Jefe del Estado y del rey emérito les resulta "indiferente".

Tampoco nacionalistas vascos

Al igual que los independentistas de Esquerra y del PDeCAT, los nacionalistas del PNV tampoco asistirán al homenaje. Estos cuestionan "tanto entusiasmo y boato" en los actos por esa efeméride "cuando hay más desafección que nunca" por la Constitución, y recalcan que el PNV será baja, como cada año, de esta celebración porque siguen sin apoyar una norma en la que no se sienten integrados, "empezando porque no reconoce la nación vasca".

Del mismo modo, hace unos días, el parlamentario de EH Bildu Pello Urizar rechazó que el Parlamento Vasco participe en el aniversario de la Constitución al señalar que "40 años después hay un marco basado en la imposición en el que la voluntad de los pueblos ha sido despreciada una y otra vez y donde no hemos tenido más opción que la convivencia obligatoria".