Sobre la puerta del local, aún es visible el rótulo que indica su antiguo propietario: Caja Madrid. Esta antigua oficina bancaria de la ya extinta entidad fue okupada hace ocho años por un grupo de jóvenes del barrio de Moratalaz, un distrito de clase trabajadora al sudeste de Madrid. Eran apenas una treintena de activistas agrupados bajo el nombre de Distrito 14, que alcanzaron cierta relevancia en la amalgama de movimientos sociales de la capital la pasada década por participar activamente en la lucha antidesahucios y sufrir alguna detención por ello.

A este local, donde se reunía el banco de alimentos del barrio creado por Distrito 14, llegó por primera vez en 2015 Sergio, un joven gallego que aseguraba haberse mudado a Madrid recientemente. Nadie le conocía ni tenía referencias sobre él, lo que despertó ciertas suspicacias entre los miembros del grupo, pero, gracias a su simpatía, don de gentes y actitud proactiva, pronto construyó su red social y desapareció toda sospecha. Al cabo de un año, ya estaba inmerso en una relación sentimental y conviviendo con una compañera del colectivo.

La semana pasada, con el colectivo Distrito 14 ya extinto desde hace dos años, sus miembros conocieron la noticia: Sergio, su compañero, su amigo, su novio, era solo la identidad falsa de un agente infiltrado de la Policía Nacional.

"Fue un impacto que te cagas, porque, al final, aunque puedas sospechar, una cosa es sospechar y otra es que te confirmen cien por cien que has estado años militando, viviendo, saliendo con un policía y que encima te estaba usando para sacarte información", declara Jorge, uno de los fundadores de Distrito 14, que describe a Sergio como una persona siempre dispuesta "a poner una pancarta, hacer una pintada o vigilar mientras la hacías".

"Llegan con unos fines completamente antidemocráticos para espiar a un colectivo político que no hacíamos nada raro, nada criminal, nada del otro mundo"

Sentado a su lado, se encuentra Adrián, otro antiguo miembro de Distrito 14, cuya vinculación con el agente infiltrado llegó a ser mucho más fuerte, compartiendo una amistad de años y llegando a convivir en un piso con él y la que sería su novia.

"Es mucha rabia, más allá de lo personal, es darte cuenta de que, si es que existían algunas normas del juego, se las han comido con patatas", declara Adrián, que ahora tiene 22 años y conoció al agente infiltrado siendo un adolescente. "De primeras piensas que no pueden llegar tan lejos, pero llegan, y llegan con unos fines completamente antidemocráticos para espiar a un colectivo político que no hacíamos nada raro, nada criminal, nada del otro mundo. No puedes utilizar el aparato del Estado para reprimir a un grupo de chavales de veintipico años".

El sexto infiltrado destapado

La infiltración de este agente fue destapada el pasado 6 de septiembre por el periódico El Salto, que realizó un peritaje de varias fotografías aportadas por exactivistas de Distrito 14. Se trata del sexto agente infiltrado que medios afines a los movimientos sociales como el propio El Salto o el catalán La Directa han destapado en el último año y medio.

Todos ellos se habían introducido en organizaciones vinculadas con la lucha antidesahucios, el ecologismo, el sindicalismo o el independentismo catalán de las que no se conoce actividad violenta y sobre las que no se ha iniciado oficialmente ningún procedimiento judicial. En, al menos, tres de estos casos, los agentes mantuvieron relaciones sexoafectivas con activistas en mayor o menor grado manteniendo su identidad ficticia.

En el caso de la infiltración de Moratalaz, el agente estuvo cuatro años saliendo y conviviendo con una de las activistas del grupo, que puso fin a la relación en mayo de 2020. "Los dos entraron en el colectivo en 2015 y, al año, estaban saliendo juntos. Era una relación normal, no se veía nada extraño", declara Jorge, que mantiene una estrecha relación de amistad con la expareja del infiltrado. "A posterior, sí que hemos visto que era raro que ella le presentase a su padre y a su familia, pero él nunca le presentase a nadie cercano, ni siquiera cuando fueron a Galicia".

"A posterior, sí que hemos visto que era raro que ella le presentase a su padre y a su familia, pero él nunca le presentase a nadie cercano"

Tras la ruptura de la relación, Sergio abandonó el piso que compartía con ella y con Adrián y desapareció paulatinamente del grupo activista, para hacer una última reaparición en el contexto de las manifestaciones contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, en febrero de 2021. En un tuit publicado por el propio colectivo Distrito 14, se puede ver supuestamente al agente en primera línea de la manifestación en plena carga policial. Tras esos sucesos, Sergio desapareció definitivamente del local de Moratalaz.

"Ahora, no es que esté encerrada y desolada en su casa, pero sí que está jodida, se siente engañada y manipulada", declara Jorge sobre su amiga.

- ¿Pudo haber un sentimiento real por parte del agente hacia ella?

- "Es una pregunta que nos hemos hecho tanto de esa relación como de la amistad que tenía con otra gente, pero creo que no merece mucho la pena pararse a pensar si hubo algo real o no porque, independientemente de eso, su misión y su labor era lo que era y, al final, nos ha utilizado y nos ha mentido".

Denuncia por abusos sexuales

En febrero de este año, cinco activistas -que finalmente han sido ocho- presentaron una querella contra un policía infiltrado en movimientos sociales de Barcelona destapado por La Directa por "abusos sexuales continuados, delitos contra la integridad moral y otros".

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Las activistas, una de las cuales mantuvo una relación de un año con el agente sin conocer su verdadera identidad, argumentaron que "no puede haber consentimiento si no es libre e informado" y que, en este caso, las mujeres no habrían consentido si hubieran sabido que se trataba de un agente de policía.

"Entendemos que no era una práctica aislada de un agente extralimitándose, sino que era un engaño pensado y articulado y que formaba parte de esta operación de infiltración y, por ello, entendemos que tiene una singularidades que hay que analizar", declara Mireia Salazar Gabarrós, abogada de la asociación pro-derechos humanos Iridia, una de las querellantes.

"Entendemos que no era una práctica aislada de un agente extralimitándose, sino que era un engaño pensado y articulado y que formaba parte de esta operación de infiltración"

Esta ha sido, hasta la fecha, la única querella presentada contra uno de los seis agentes infiltrados destapados, aunque está a la espera de ser admitida a trámite. Otros colectivos que tuvieron una infiltración policial conocida en estos meses, concretamente, en Girona y Valencia, también han expresado su voluntad de llevar las respectivas operaciones policiales a los tribunales.

"El procedimiento está yendo más lento de lo normal y, aunque es normal porque es un caso complejo, entendemos que puede haber afectado que hayan surgido otros cuatro casos más y ahora vemos que es una operación de Estado que tiene un alcance mucho mayor", declara la abogada de Iridia.

En el caso de Moratalaz, los activistas del extinto colectivo Distrito 14 han considerado, por el momento, no emprender acciones judiciales.

Desde Jupol, el segundo sindicato policial con mayor representatividad -SUP, el primero, ha preferido no hacer declaraciones- defienden la legalidad de las infiltraciones con el fin de "recabar información de manera preventiva" y con los límites para el policía infiltrado en los "derechos recogidos en la Constitución".

"El proceso de infiltración es un proceso complejo en el que el policía sustituye su vida privada por una vida acorde a la de la organización en la que se encuentra infiltrado, por lo que la creación de esos lazos sentimentales puede surgir"

Fuentes de este sindicato, que reivindica que se establezca "una responsabilidad penal a la persona que revele la identidad de los agentes infiltrados", no estiman que una relación sentimental pueda vulnerar estos derechos constitucionales y, de hecho, consideran "muy complicado estar integrado en una organización sin tener relación con los miembros de la misma".

"El proceso de infiltración es un proceso complejo en el que el policía sustituye su vida privada por una vida acorde a la de la organización en la que se encuentra infiltrado, por lo que la creación de esos lazos sentimentales, de afecto y/o amistad pueden surgir a lo largo de la infiltración", defienden estas fuentes.

Una operación sin control judicial

Más allá de lo denunciado por los activistas, poco o nada se sabe sobre quién ordenó y para qué fin estas operaciones policiales. La falta de procesos judiciales abiertos contra las organizaciones en las se infiltró a los agentes hace pensar que no se trata de agentes encubiertos, a los que se permite actuar bajo una falsa identidad para investigar a organizaciones criminales, siempre que haya un indicio de delito y bajo autorización judicial.

La figura bajo la que se han realizado estos operativos sería, más bien, la del agente de inteligencia o agente infiltrado, que no requieren autorización judicial y cuyas actividades de vigilancia y control están bajo control de la Comisaría de Información de la Policía.

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"Una infiltración de carácter permanente en una organización, sin saber muy bien lo que se busca, de manera prospectiva y sin control judicial, puede estar limitando la libertad ideológica de sus miembros", declara el juez Joaquim Bosch. "Una cosa es investigar a una banda que se dedica al narcotráfico y otra es entrar en organizaciones legales sin que haya indicios de delito para ver lo que hacen en sus reuniones y sus actividades internas, la distancia es abismal y no se sostiene con la regulación actual".

Para Bosch, la situación se agrava en el caso de que se produzca un "engaño de tipo sentimental", como en el caso de Moratalaz. "Los agentes utilizan los instrumentos que les da el Estado para poder engañar a ciudadanos y poder acceder al núcleo de derechos de la persona. No veo grandes diferencias entre colocar un micrófono en una casa y que un agente, valiéndose del engaño, acceda al domicilio de otras personas sin que haya indicio de delito para poder captar información".

"No veo grandes diferencias entre colocar un micrófono en una casa y que un agente, valiéndose del engaño, acceda al domicilio de otras personas sin que haya indicio de delito para poder captar información"

Bajo esta perspectiva, las acciones legales emprendidas en Barcelona podrían tener cierto recorrido -aunque Bosch ve más complicada la vía de los abusos sexuales-, pero esta opinión no es compartida por todos los jueces. El también magistrado Ignacio Picatoste, que defiende la legalidad de este tipo de infiltración si es "temporal, limitada a actos de investigación y con respeto a los derechos constitucionales", considera que "la posibilidad de que se desarrolle un caso parece un tanto forzada".

"Hay un elemento que es lo que perturba todo al inicio", defiende el juez Picatoste. "Tú confías en esa persona como persona, con lo cual, esa situación de consentimiento tú la has prestado libremente y la ausencia del mismo es muy difícil de acreditar para actos concretos del día a día, producto de la convivencia en esa relación, que era plenamente consentida y aceptada. Y en el aspecto sexual es más complicado todavía".

"Esa situación de consentimiento tú la has prestado libremente y la ausencia del mismo es muy difícil de acreditar para actos concretos del día a día"

El precedente británico

En España no existe ningún precedente sobre un proceso legal contra el Estado por una infiltración policial, pero sí en Reino Unido. Scotland Yard -la policía de Londres- tuvo que emitir una disculpa pública en 2015 e indemnizar a siete mujeres que mantuvieron relaciones sentimentales con agentes de policía infiltrados durante cuatro décadas -entre 1968 y 2010- en movimientos sociales. Algunas de ellas se casaron y tuvieron hijos con los agentes infiltrados sin conocer su verdadera identidad.

El caso, bautizado en la prensa como SpyCops, también ha sido investigado en el Parlamento y se acusa al Estado de haber violado las libertades civiles de los activistas que participaban en campañas que, en realidad, eran pacíficas y legales. El informe final de la comisión parlamentaria sobre el escándalo SpyCops se entregó este verano y concluyó que las infiltraciones no estuvieron justificadas.

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En Moratalaz, la sacudida provocada por la noticia sigue generando una sensación de rabia más que una búsqueda de justicia. Adrián, el antiguo compañero de piso del infiltrado, firme en su discurso marcadamente político, casi no se deja llevar por las emociones. Pero, al final, se impone el haber sido engañado durante años por la persona a la que consideró un amigo, que le acogió en su casa tantas veces cuando él era un adolescente y con el que después compartió piso y conversaciones íntimas.

"Le deseo lo peor, eso sin duda", declara sin cambiar el gesto. "Por habernos usado en lo personal y en lo político. Si te infiltras para sacar información o controlar un espacio que trabaja para que la gente tenga unas condiciones de vida digna, significa que estás en contra de que la gente tenga unas condiciones de vida digna. Entonces, esa posición, hace que, para mí, seas una persona completamente ruin".

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