La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas en el alquiler de apartamentos vacacionales. Se calcula que el fraude podría ascender a los 30.000 euros, han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La operación se ha saldado con el arresto de 15 personas, once varones y cuatro mujeres, de diferentes edades, como presuntas responsables de los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Las víctimas, tras interesarse por alquileres vacacionales en una conocida plataforma de anuncios, efectuaban un primer pago como concepto de fianza por un apartamento ficticio o que ya se encontraba arrendado, por una cantidad que variaba entre los 200 y los 300 euros. Se ha logrado esclarecer un total de 90 denuncias de víctimas procedentes de toda la geografía española.

La investigación arrancó en julio del pasado año a raíz de la denuncia interpuesta en la comisaría de Torrejón de Ardoz, donde una mujer habría sido estafada tras contactar con un varón mediante la conocida aplicación llamada Wallapop.

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Después del primer contacto, las comunicaciones prosiguieron vía mensajería instantánea, solicitándole el arrendador una transferencia de 260 euros en concepto de fianza. Tras recibir un documento en forma de contrato de alquiler, se percató de errores e incongruencias respecto al anuncio expuesto, siendo imposible retomar el contacto con este individuo con posterioridad.

Continuando con las pesquisas, los agentes recogieron un gran número de denuncias en diferentes dependencias policiales de España que relataban hechos similares, deduciendo los investigadores la posibilidad de encontrarse un grupo criminal detrás de estas estafas.

Blanqueo de capitales

Fruto de las indagaciones, la Policía logró determinar la existencia de un entramado dedicado a las estafas en alquileres vacacionales y al blanqueo de capitales, el cual se encontraba perfectamente organizado.

Se organizaba de la siguiente manera: en la cúspide se sitúan una pareja de hermanos, de origen rumano, los cabecillas, como los destinatarios finales del dinero defraudado.

En el escalón inmediatamente inferior se encuentran los 'facilitadores' de documentación obtenida de forma ilícita, siendo además 'captadores de mulas'. Estas últimas, las 'mulas', que eran por lo general españoles, conforman el tercer escalón encargado de recibir el dinero de las víctimas.

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Asimismo se ha determinado que el grupo criminal publicitaba anuncios de apartamentos que realmente no existían o ya se encontraban alquilados.

Su distribución geográfica era muy variada, destacando localidades turísticas de la costa mediterránea como Calpe, Denia, Benidorm, Altea o Torremolinos o grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga. Los agentes calculan que el importe medio estafado a las víctimas ronda los 350 euros, pudiendo constatar un total de 30.000 euros.

La operación se saldó con una entrada y registro el pasado mes de junio en el domicilio de uno de los principales investigados, donde se intervinieron dispositivos electrónicos y documentación de relevancia para la investigación.

Los agentes practicaron un total de 15 detenciones, entre los cuales se encuentran los líderes del entramado, un captador y 12 mulas, como presuntos responsables de un total de 90 estafas que han resultado esclarecidas. La investigación permanece abierta, no descartándose nuevos arrestos. Ninguno de los apresados ha entrado en prisión provisional, aunque han quedado a la espera de juicio.