Feijoo tirará de polémicas nacionales para arrebatar territorios a Sánchez el 28-M: del 'sí es sí' y la sedición al 'Tito Berni' y 'Azud'

Alberto Núñez Feijóo, en su primer año como presidente del PP.
Alberto Núñez Feijóo, en su primer año como presidente del PP.
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Alberto Núñez Feijóo, en su primer año como presidente del PP.

Desde que Alberto Núñez Feijóo tomara el mando del principal partido de la oposición hace un año ha acumulado una decena de polémicas para combatir a Pedro Sánchez en año electoral. A mes y medio de las ya convocadas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, el PP hará mella en las leyes más controvertidas ['solo sí es sí', derogación de la sedición, rebaja de la malversación], en las polémicas que salpican al PSOE [casos 'Mediador' y 'Azud', dimisión de María Gámez y cese del coronel Diego Pérez de los Cobos] y hurgará en la división en el seno del Gobierno.

Si bien no será el eje de actuación de la campaña, Génova avanza que empleará las polémicas nacionales que "están en el imaginario colectivo" para arrebatar al PSOE los territorios en unas elecciones que, pese a ser municipales y autonómicas, servirán de termómetro para las generales de finales de año. Así, además de insistir en que hoy gobierna un "tripartito", que hay agresores sexuales que continúan saliendo en libertad por la ley del 'solo sí es sí' o que el PSOE que llegó a la Moncloa para acabar con la corrupción es ahora "el más corrupto", el PP adaptará las polémicas a cada territorio. 

Por ejemplo, en Cantabria y en Asturias emplearán la de que los trenes que no caben en los túneles por un fallo de cálculo, en Valencia harán mella con el 'caso Azud' y en Canarias con el 'Mediador'. "Iremos a problemáticas locales sin dejar que nadie olvide que los diputados de cada autonomía han votado todas las barbaridades de Sánchez", sostienen fuentes del partido.

La 'paralizada' reforma del 'solo sí es sí' 

El Partido Popular ha sido el principal oponente a la ley del 'solo sí es sí', que entró en vigor el pasado mes de agosto. Antes incluso de conocerse los efectos adversos que sigue provocando la ley impulsada desde el Ministerio de Igualdad, el equipo de Alberto Núñez Feijóo se opuso a ella en el Congreso al considerar que iba a poner en riesgo la presunción de inocencia o que criminaliza a los hombres. Una vez comenzaron las rebajas de penas a agresores sexuales, incluso las excarcelaciones, los populares iniciaron una campaña diaria para frenar "la sangría". 

Desde noviembre hasta hoy, el PP no ha cesado en su empeño por reformar dicha ley tildando al Gobierno del "menos feminista de la historia". El pasado diciembre presentaron su propia propuesta de reforma, que contó con el 'no' del Gobierno. Tres meses más tarde, el PSOE presentó la suya, que apenas se diferencia de la de los populares, según defienden estos. Así, la oposición votó a favor y a día de hoy sigue denunciando que sigue "bloqueada", dado que el Gobierno ha aprobado varias prórrogas para presentar las enmiendas, un paso previo a que se inicie el trámite. Si bien esta se podría desbloquear a la vuelta de la Semana Santa, los efectos adversos de la ley son irrreversibles.

La derogación de la sedición

Fue de los primeras mantras con los que el PP quiso desenmascarar al Gobierno por pactar con los independentistas la eliminación del delito de sedición, que afecta a los condenados por el procés, y también rebajar el delito de malversación. Junto a los efectos adversos de la ley del 'solo sí es sí', sendas reformas del Código Penal fueron las grandes artillerías que lanzaron contra el Gobierno en el último trimestre del año. Hasta tal punto, que en noviembre el PP ya asumía que se españoles se olvidarían de estas reformas en las urnas. 

No obstante, la sedición ha vuelto a resurgir a dos meses y medio del 28M con la vuelta de una de las condenadas por participar en el referéndum ilegal de 2017. El Partido Popular atribuye el regreso de la exconsejera catalana Clara Ponsatí a la supresión del delito de sedición que impulsó el Gobierno a finales del año pasado, a petición de los grupos independentistas. Será uno de sus mantros en Cataluña.

A diferencia del 'solo sí es sí', la rebaja de la malversación no ha provocado una salida de condenados en tromba. No obstante, el PP se sirve de esta polémica reforma para contraatacar el argumento con el que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. "Nosotros salimos del Gobierno en 2018 porque venía un candidato que iba a ser implacable con la corrupción y  ha sido el primer presidente que ha rebajado los delitos de corrupción. De la misma forma que nosotros hemos pagado los errores y la mala utilización de nuestro nombre por parte de algunos, si hay hoy un partido con más temas pendientes en la asignatura pendiente de la corrupción es el PSOE", defendió el líder popular en su reciente entrevista con 20minutos.

La presunta corrupción en el PSOE y ceses "extraños"

En dicha entrevista, el líder popular hacía referencia tanto al 'caso Mediador' originado en Canarias, como al 'caso Azud' de la Comunidad Valenciana. El primero, también conocido como 'Tito Berni', será la principal bala en el archipiélago, dado que ahí se originó la presunta trama de corrupción. Pero también lo emplearán en todos los territorios, ya que el PP dice que además del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, podría haber otros diputados implicados en la presunta trama de corrupción destinada a captar a empresarios bajo la promesa de "obtener privilegios" en materia de contratación pública y cuyos acuerdos se cerraban en fiestas con drogas y prostitutas.

El PP también empleará el supuesto caso de financiación ilegal del PSOE en la Comunidad Valenciana que salpica al actual presidente autonómico, Ximo Puig. Después de que el PSOE haya bloqueado la apertura de una comisión de investigación en el Senado y lo haya "paralizado" en las Cortes valencianas, el PP exige hacerlo desde el Congreso de los Diputados.

A estos casos se suma la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, "en circunstancias muy extrañas", según el PP. Ya que se produjo tras conocer que la Justicia ha citado a su marido como imputado en un caso que es una ramificación de los ERE y coincidiendo con las investigaciones judiciales sobre el 'caso cuarteles', una trama de corrupción derivada del 'caso Mediador' sobre el que el PP ha exigido abrir una comisión de investigación.

También el cese del que fuera jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid Diego Pérez de los Cobos, en 2020. Si bien el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, alegó "pérdida de confianza", hace unas semanas el Tribunal Supremo anulaba la destitución, ordenada cuando se investigaba la posible relación de contagios de Covid-19 y la manifestación del 8-M de ese año. De ahí que, para los populares, la "destitución política" de Marlaska "debe de ser la consecuencia directa" de la sentencia que ha dictado el Supremo.

Un "tripartito" que "se mira el ombligo"

El PP utilizará, como ha hecho en el último año, las divisiones dentro de la colación de Gobierno para convencer de que se hace necesario un solo partido al frente del Ejecutivo. Al distanciamiento entre PSOE y Unidas Podemos en temas como el envío de armas a Ucrania, la ley del 'solo sí es sí' o la ley mordaza, se suma la reciente candidatura de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. "El Gobierno llegó al fin de semana siendo bipartito y ha acabado en tripartito", denunciaron los populares días después de la presentación de Sumar. En el PP también arremeten contra Sánchez y Díaz por centrarse en su papel de "políticos molones": "Cuando uno está más preocupado por su ombligo, los ciudadanos le responden dándole la espalda".

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