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Los tres puntos de fricción entre el Gobierno y ERC y Bildu que han hecho caer la reforma de la ley mordaza

Los portavoces de PSOE, ERC y Unidas Podemos, Patxi López, Gabriel Rufián y Pablo Echenique.
Los portavoces de PSOE, ERC y Podemos, Patxi López, Gabriel Rufián y Pablo Echenique.
EFE
Los portavoces de PSOE, ERC y Unidas Podemos, Patxi López, Gabriel Rufián y Pablo Echenique.
Los portavoces de PSOE, ERC y Podemos, Patxi López, Gabriel Rufián y Pablo Echenique.
ATLAS

La largamente negociada reforma de la ley de seguridad ciudadana, en la que los grupos parlamentarios llevaban más de año y medio trabajando, se esfumó este martes de un plumazo en el momento en el que ERC y EH Bildu decidieron votar en contra de que siguiera tramitándose en el Congreso. A juicio de los habituales socios independentistas del Gobierno, la reforma planteada por el PNV y remozada por PSOE y Unidas Podemos pecaba de descafeinada en muchos de sus planteamientos. Pero han sido tres, fundamentalmente, los que han provocado las fricciones que, en último término, han acabado por derribar la proposición de ley.

1. Las faltas de respeto a la autoridad

El primero de los asuntos clave ha sido la redacción de los artículos relativos a la desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad, en los que se apoya buena parte de las multas y sanciones que han impuesto los agentes policiales desde 2015, cuando se aprobó la ley de seguridad ciudadana por parte del PP. Ese texto, que seguirá vigente tras haber caído la reforma, considera falta leve "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones", y las castiga con entre 100 y 600 euros.

ERC y EH Bildu consideraban enormemente ambigua esta redacción y denunciaban que abría la puerta a la arbitrariedad, pero no han podido pactar un texto alternativo con el Gobierno. El mes pasado, PSOE, Unidas Podemos y el PNV hicieron un nuevo intento de acercarse a los independentistas a través de una enmienda conjunta para limitar la capacidad de las fuerzas de seguridad de imponer sanciones cuando fueran víctimas de "expresiones o actos relevantes" de carácter "humillante, despectivo u ofensivo".

En concreto, PSOE, Unidas Podemos y el PNV planteaban que no podría "considerase sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el respetuoso ejercicio de la libertad de expresión". Pero a ERC y EH Bildu no les pareció que esa redacción tapase todos los posibles agujeros. Lo que planteaban los independentistas es que la desobediencia debería penarse como falta leve, únicamente deberían considerarse punibles los "insultos e injurias" contra la autoridad y, además, estas sanciones deberían quedar sin efecto si el ciudadano se disculpara o retractara de estos insultos.

Pelotas de goma

Además, EH Bildu y, sobre todo, ERC, exigían que en la reforma de la ley mordaza se incluyera la prohibición expresa del uso de pelotas de goma por parte de las unidades antidisturbios de las fuerzas de seguridad. PSOE y Unidas Podemos habían llegado, tras meses de discusiones, a plantear que se realizara "un estudio sobre el empleo del material antidisturbios" a partir del cual se desarrollaría un protocolo de utilización del mismo, y fuentes de ambos partidos insistían en que ni siquiera en Cataluña está legalmente prohibida la utilización de pelotas de goma. Los independentistas, no obstante, no han aceptado ninguna redacción que no hiciera mención expresa a las pelotas de goma en el texto de la ley.

Devoluciones en caliente

La tercera de las cuestiones que ha bloqueado el acuerdo tiene que ver con las devoluciones en caliente, la posibilidad de expulsar a las personas que intenten cruzar irregularmente la frontera de Ceuta y Melilla. La ley mordaza legalizó expresamente esta forma de proceder en las ciudades autónomas y aunque el PSOE se ha opuesto discursivamente a esas devoluciones en caliente, no ha querido durante la negociación incluir en la reforma su prohibición. Los socialistas entienden que esa materia debe estar regulada en la ley de extranjería, una posición que también asumió Unidas Podemos pero que no han aceptado ERC y EH Bildu.

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