Recta final para aprobar definitivamente la largamente postergada ley de vivienda. Hace un par de semanas, el Gobierno pidió oficialmente al Congreso que habilitara el mes de enero, oficialmente inhábil en el calendario parlamentario, para intentar cerrar las negociaciones tanto de esta norma como de la nueva ley de seguridad ciudadana que debe sustituir a la ley mordaza. Y ahora el Ejecutivo ha dado un paso más y ha convocado -a través de su mayoría parlamentaria- para el próximo martes la primera sesión de la ponencia de la ley de vivienda, el último órgano en el que tiene que ser debatido el texto antes de pasar al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.

La convocatoria de la ponencia del próximo viernes no es más que el corolario de la reactivación de las negociaciones que mantienen PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, que durante meses estuvieron paradas pero que a finales del año pasado recibieron un nuevo impulso. Fuentes conocedoras de su contenido aseguran que está habiendo avances tras la larga parálisis, aunque aún quedan asuntos por cerrar, y por primera vez en mucho tiempo coinciden en esa valoración tanto el Ministerio de Transportes, dirigido por los socialistas, como el de Derechos Sociales, de los morados.

Las fuentes consultadas explican que no se prevé que en la reunión de la ponencia que tendrá lugar el próximo martes en el Congreso se produzcan avances significativos con respecto a las diferencias que aún mantiene el PSOE con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Fundamentalmente, esa sesión servirá para dar por constituida la ponencia y ordenar los trabajos. La importancia que tiene, no obstante, es máxima, puesto que supone una forma de devolver la negociación al foco público y, de esta manera, presionar a los socios parlamentarios del Gobierno para acelerar las conversaciones y dar los últimos toques al texto legal.

PSOE y Unidas Podemos negocian limitar el precio de los pisos que se alquilen por primera vez aunque sean de pequeños propietarios

El propósito del Ejecutivo es intentar dejar cerrados el mayor número posible de asuntos polémicos en las próximas semanas para dejar despejado el camino hacia la precampaña y la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Y aprobar la ley de vivienda sería, además, una importantísima carta de presentación para PSOE y Unidas Podemos de cara a estos comicios, ya que la aplicación de su medida estrella, el mecanismo de regulación de los precios del alquiler, quedará en manos de las comunidades autónomas, que son las que tienen la mayor parte de las competencias de vivienda.

Varios Ejecutivos del PP, como el de la Comunidad de Madrid, ya han dicho que no piensan aplicar el mecanismo de regulación de los alquileres incluso aunque la ley se lo permita. El Gobierno central no puede obligarles a hacerlo, pero fuentes de Unidas Podemos confían en que la presión ciudadana para regular los precios del alquiler obligue a estos ejecutivos conservadores a rectificar, especialmente si el asunto se convierte en tema de debate durante la campaña autonómica.

La profundidad de la regulación del alquiler

Precisamente esa cuestión, el mecanismo de regulación de precios, es la que más ha tensado las negociaciones desde su inicio y una de las que aún quedan por resolver. Tal y como ha publicado 20minutos, por ejemplo, los morados han pactado con el PSOE rebajar el número de pisos que debe tener un propietario para ser considerado gran tenedor de vivienda y estar sujeto a mayores restricciones, que el proyecto de ley fijaba inicialmente en diez pero que finalmente será de cinco. Pero aún están negociándose medidas como que la nueva norma obligue tanto a grandes como a pequeños propietarios a no superar un precio tope establecido por el Estado cuando arrienden sus viviendas por primera vez.

PSOE y Unidas Podemos despejan el camino de la ley de Vivienda tras acordar la rebaja del número de pisos de los grandes propietarios

Además de en estas medidas y en el endurecimiento de otras, como el endurecimiento de los desahucios, PSOE y Unidas Podemos deberán también ponerse de acuerdo en las próximas semanas con ERC y EH Bildu, que son imprescindibles para que la ley salga adelante. Los republicanos catalanes coinciden con los morados en buena parte de sus reclamaciones, pero también necesitan poder apuntarse algún tanto que vender a su electorado. Y, en ese sentido, ERC ha buscado desde un principio que la ley deje expresamente claro que "las comunidades autónomas que sean competentes en materia de vivienda y derecho civil, foral o especial, podrán regular íntegramente los contratos de arrendamientos urbanos".

Eso, entre otras cosas, serviría para amparar la ley catalana de vivienda, parcialmente invalidada por el Tribunal Constitucional el pasado marzo. Además, ERC también busca ampliar algunas de las cláusulas de protección a los inquilinos que recoge el proyecto de ley, y quiere que la prórroga automática de los contratos de alquiler sea durante siete años cuando el casero sea una persona física -actualmente son cinco años- y de doce años cuando el arrendador sea una empresa -el periodo actual es de siete años-.

Por su parte, EH Bildu también presentó de la mano de ERC una enmienda para rebajar los requisitos que deben cumplirse para que una comunidad autónoma declare como especialmente tensionado una zona de su territorio y, por ende, pueda aplicar allí la limitación a los alquileres. El texto salido del Consejo de Ministros establece que podrá hacerse cuando el precio de compra o alquiler de vivienda experimente en esa zona en los últimos cinco años un crecimiento acumulado superior en cinco puntos al IPC de la comunidad autónoma, y la enmienda planteada por ERC y EH Bildu quiere que ese diferencial sea tan solo de dos puntos.