La coalición se ha ido de vacaciones con los deberes a medio hacer. Si bien PSOE y Unidas Podemos han logrado sacar adelante las iniciativas más polémicas en el mes de diciembre -como la modificación de la malversación-, todavía quedan dos pendientes: la reforma de la ley mordaza y la aprobación de la ley de vivienda. Eso sí, esta última puede desencallar pronto tras pactar ambas formaciones la rebaja del número de pisos a partir del cual se considerará a una persona jurídica gran tenedor, que en la actual redacción del articulado fija en 10 inmuebles y que los morados ya trataron de rebajar a cinco en anteriores conversaciones.

Así lo avanza a 20Minutos la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que se muestra optimista con el futuro inmediato de esta ley, una de las promesas estrellas de Ejecutivo bicolor. Lo confirman también las fuentes consultadas de Unidas Podemos, que no obstante no concretan a partir de cuántos pisos se considerará a una persona gran tenedor. Las mismas fuentes señalan que en los últimos días se ha avanzado en las negociaciones que pretender dar a luz al texto, que será el primero que regulará la vivienda, con la limitación de los precios de los alquileres como medida estrella.

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Justamente, para la aplicación de dicho límite la consideración de gran tenedor es clave. La regulación de los alquileres se basa en el establecimiento por parte de las comunidades autónomas -que será de quien dependa aplicarlo- de zonas de mercado tensionado por un tiempo de tres años. Esta estará sujeta a datos objetivos. Se basará, por ejemplo, en el hecho de que el precio del alquiler haya crecido cinco puntos por encima del IPC y que las familias tengan que destinar un porcentaje de su renta superior al 30% para costearlo.

Para esas zonas de mercado tensionado, la ley recoge medidas diferentes según si el contrato está ya en vigor o es nuevo, y también en función de si el casero es una persona física -sin importar su número de viviendas en alquiler- o una empresa. El caso de los contratos en vigor es el más sencillo: cuando venza el contrato de alquiler de una vivienda, los inquilinos podrán pedir a su arrendador -sea una persona o una empresa- una prórroga por un año, prolongable hasta un máximo de tres años. Siempre que siga vigente la declaración de zona tensionada, el casero estará obligado a aceptar esta extensión del contrato al mismo precio que venía pagando el inquilino, y solo podrá revalorizar la renta de acuerdo al IPC.

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En el caso de los nuevos contratos para alquilar una vivienda en una zona tensionada, los supuestos se complican. En el caso de que un contrato venza y el inquilino no solicite la prórroga, el precio tope al que se podrá firmar un nuevo alquiler sí dependerá de quién es el propietario del piso. Si el casero es un particular o una empresa que posea menos de diez inmuebles, no se podrá subir el precio de un inquilino a otro salvo que se hayan hecho obras de rehabilitación o mejora de la vivienda en los últimos dos años, en cuyo caso se podrá aplicar un aumento de hasta el 10%. En cambio, si el propietario es un gran tenedor –una empresa con más de diez pisos–, en el nuevo contrato estará obligado a bajar el precio hasta el precio medio de referencia para la zona tensionada.

Con todo, el grupo parlamentario de los socialistas y de Unidas Podemos sigue negociando. Ya llegan tarde -puesto que el calendario marcaba que la ley estuviera aprobada el pasado mes de octubre-, pero todavía se puede evitar la catástrofe que supondría que no se aprobase la ley. Asimismo, no solo vale el pacto de los partidos coaligados, sino que en el Congreso deberá tener también el apoyo de otros socios parlamentarios, como ERC o EH Bildu, que insisten en profundizar en el mecanismo de regulación de precios del alquiler: pretenden que sea más restrictivo y que incluya más limitaciones a los desahucios sin alternativa habitacional.

En este sentido, también los morados presionan. Unas de su propuestas pasa porque tanto grandes propietarios como pequeños estén obligados a rebajar el precio de sus alquileres -y no solo a congelarlo- cuando los pisos se encuentren en zonas declaradas como de mercado tensionado. En el texto aprobado en Consejo de Ministros, lo que se pactó es que la rebaja solo sería obligatoria para los fondos y empresas cuyo negocio es el alquiler: las personas físicas, tuvieran los pisos que tuvieran, solo estarían obligadas a congelar los precios.