Unidas Podemos presentó este miércoles un paquete de enmiendas a la ley de vivienda que se está tramitando en el Congreso, unos cambios en el texto que tendrán que negociarse con el PSOE y con los socios del Gobierno para que la norma termine saliendo adelante. Entre esas modificaciones que buscan los morados en el texto de la norma -que costó casi un año pactar en el seno del Ejecutivo- se incluye una por la cual todos los propietarios, tanto grandes como pequeños, estarían obligados a rebajar el precio de sus alquileres -y no solo a congelarlo- cuando los pisos se encuentren en zonas declaradas como de mercado tensionado.

Este cambio que quiere realizar Unidas Podemos en el mecanismo de regulación de los alquileres que se pactó con el PSOE tras largos meses de negociación es clave, ya que supone ampliar enormemente el alcance de la regulación de los arrendamientos. 

En el texto acordado en 2021 se establece que, en las zonas declaradas tensionadas por las comunidades, las empresas que cuenten con más de diez viviendas en alquiler -los grandes propietarios, a efectos de la ley- tendrán que bajar los precios de sus arrendamientos hasta el límite que establezca el índice de referencia de las administraciones públicas. Pero la enmienda de Unidas Podemos pretende que esta rebaja deba aplicarse en todos los casos: a los grandes propietarios y a los pequeños, y a las personas físicas y a las jurídicas.

Ese fue precisamente uno de los principales puntos de fricción entre PSOE y Unidas Podemos durante la negociación de la ley de vivienda el año pasado, ya que los socialistas se resistieron hasta el final a establecer medidas que obligaran a rebajar los precios a los pequeños propietarios que alquilan sus pisos en zonas especialmente tensionadas. De hecho, lo que finalmente se pactó es que esta rebaja solo sería obligatoria para los fondos y empresas cuyo negocio es el alquiler: las personas físicas, tuvieran los pisos que tuvieran, solo estarían obligadas a congelar los precios, pudiendo elevarlos incluso un 10% en determinadas circunstancias.

Radiografía de la ley de vivienda: todas las medidas aprobadas sobre alquiler, vivienda protegida, rebajas fiscales...

En el paquete de enmiendas presentado este miércoles por los morados también se incluye la exigencia de que los grandes tenedores de vivienda estén obligados a poner el 30% de sus pisos en régimen de alquiler social regulado. Unidas Podemos plantea que los grandes tenedores de vivienda -que la ley define como las empresas con más de diez inmuebles- podrían "sustituir total o parcialmente esta obligación por la cesión de las viviendas en favor de las administraciones competentes para su gestión por parte de estas últimas para alquiler social por un periodo de tiempo" determinado.

Esta obligación sería más exigente en el caso de empresas "que tengan la condición de grandes tenedores de vivienda con participación de capital de origen público", ya que, para ellas, la obligación de destinar al alquiler social una parte de sus pisos "se incrementará proporcionalmente a la presencia de capital público en la sociedad". Es decir, a más capital público en la empresa, más porcentaje tendrá que dedicarse a este alquiler regulado. Y el porcentaje del parque de vivienda que tendría que ponerse obligatoriamente en régimen de alquiler social se elevaría al 75% en el caso de la Sareb, la entidad semipública que absorbió los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades bancarias la pasada década.

Más límites a los pisos turísticos

Endurecer las limitaciones a los pisos turísticos, que en muchas grandes ciudades son una de las causas del encarecimiento del mercado del alquiler residencial, es otro de los objetivos de las enmiendas presentadas por Unidas Podemos. En concreto, una de las modificaciones planteadas por los morados propone que, "a fin de evitar el desplazamiento de los vecinos por un exceso de la oferta de alojamiento turístico, se establecerán regulaciones que limiten el número de plazas de alojamiento turístico, por distritos o barrios", y establece que este tipo de alojamientos turísticos no podrían "suponer más del 2% del número de habitantes en entorno urbano".

El Gobierno salva el intento de PP, PNV y Cs de tumbar la ley de vivienda tras un pacto de última hora con ERC

Otra de las peticiones de Unidas Podemos pasan por establecer por ley que, cuando se vaya a formalizar un contrato de alquiler, "los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán siempre y en todo caso a cargo del arrendador", a diferencia de lo que ocurre ahora en muchos casos. 

Para familias vulnerables, por último, Unidas Podemos plantea dos cambios en el texto de la ley de vivienda. El primero de ellos busca garantizar los cortes de luz, agua y gas "a todas las personas y unidades de convivencia en riesgo de exclusión residencial", para lo cual quedaría prohibido interrumpir estos suministros a titulares que sean "susceptibles de encontrarse en riesgo de exclusión residencial o social". Esta condición tendrían que acreditarla con un informe de los servicios sociales, pero, al establecerse como norma el "principio de precaución", hasta que los servicios sociales no se pronunciaran no se podría producir el corte.

Asimismo, los morados quieren que la ley de vivienda prohiba "las demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas" en el caso de familias vulnerables que no tengan una vivienda alternativa en la que cobijarse si son desahuciados, y siempre que el propietario sea un gran tenedor. En estos casos, y si se aprobara la enmienda de Unidas Podemos, el arrendador estaría obligado a ofrecer al inquilino "una propuesta de alquiler social".