Las negociaciones para desbloquear y aprobar de una vez la ley de vivienda van cogiendo velocidad de crucero. PSOE y Unidas Podemos pidieron la semana pasada al Congreso que habilitara el mes de enero para celebrar las sesiones parlamentarias necesarias para tramitar el texto, y están en conversaciones para ampliar el mecanismo de regulación del precio de los alquileres, la medida estrella de la norma. En concreto, ambas formaciones están negociando que la limitación de precios afecte a los pequeños propietarios de viviendas en zonas tensionadas que pongan en alquiler por primera vez sus pisos, con el fin de que no puedan arrendarlos por un precio superior al que establezca el Gobierno.

El proyecto de ley de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros a principios del año pasado, que lleva en el Congreso varado desde entonces, se centra en establecer limitaciones a las subidas de precios para los pisos que se encuentran ya en el mercado del alquiler. El caso de los contratos en vigor es el más sencillo: cuando venza el contrato de alquiler de una vivienda ubicada en una zona designada como de mercado tensionado, los inquilinos podrán pedir a su arrendador -sea una persona o una empresa- una prórroga por un año, prolongable hasta un máximo de tres años. Siempre que siga vigente la declaración de zona tensionada, el casero estará obligado a aceptar esta extensión del contrato al mismo precio que venía pagando el inquilino, y solo podrá revalorizar la renta de acuerdo al IPC.

Por otra parte, el proyecto de ley también establece límites para los nuevos contratos de arrendamiento de pisos que, no obstante, ya estaban alquilados previamente. A los grandes fondos de vivienda que quieran hacer un nuevo contrato se les obliga a rebajar el precio hasta el tope que establezca el Ministerio de Transportes, mientras los pequeños propietarios que arrienden su vivienda no podrían subir la cuota con respecto al contrato anterior, salvo que realicen obras de mejora en el piso, lo que les permitiría un aumento de hasta un 10%.

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Sin embargo, la norma, tal y como salió de Consejo de Ministros, deja abierto un importante agujero, ya que no establece limitaciones para que los pequeños caseros pongan el precio que deseen a sus viviendas ubicadas en zonas tensionadas al sacarlas al mercado por primera vez, precisamente porque no hay ningún contrato anterior que tomar como referencia para congelar la cuota. Eso es lo que negocian cambiar el PSOE y Unidas Podemos, ya que los morados apuestan por que estos pisos que salen ex novo al mercado de alquiler solo puedan arrendarse a un precio máximo establecido por el Gobierno.

Esto implicaría, en la práctica, que esos pequeños propietarios de viviendas que se ponen en alquiler por primera vez serían tratados de la misma manera que los grandes fondos de vivienda. Eso es así porque el proyecto de ley que salió de Consejo de Ministros ya prohíbe a los grandes propietarios alquilar sus pisos ubicados en zonas de mercado tensionado por encima del tope que establezca el Ministerio de Transportes, sin hacer distingos entre si los arriendan por primera vez o si son viviendas que ya han tenido inquilinos.

Las semanas clave

Esta ampliación del alcance de la regulación de los alquileres está aún negociándose, por lo que todavía no puede considerarse cerrada. Por el contrario, tal y como adelantó 20minutos, PSOE y Unidas Podemos sí han pactado rebajar de diez a cinco el número de viviendas que debe tener una persona en propiedad para ser considerado gran tenedor, la figura que está sujeta a un mayor número de restricciones en la ley de vivienda. Y también hay sintonía entre ambos -y con ERC y EH Bildu, cuyo voto es imprescindible para aprobar la norma- para reducir el periodo de 18 meses a partir de la puesta en marcha de la ley que se establecía inicialmente como plazo en el que no se aplicaría el mecanismo de regulación del alquiler.

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Las fuentes consultadas son cautas a la hora de concretar en qué fecha podría quedar por fin aprobada la ley de vivienda, aunque tanto PSOE como Unidas Podemos coinciden en señalar que las negociaciones van bien, a diferencia de lo que ocurría hasta hace apenas unas semanas. Algunos dirigentes se atreven a aventurar que el texto podría recibir luz verde de Congreso y Senado a finales de enero o principios de febrero, en línea con lo que señaló la semana pasada la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que se mostró confiada en que la tramitación parlamentaria se cierre "en las próximas semanas".

De ser así, el Gobierno podría afrontar las elecciones municipales y autonómicas con la ley de vivienda en marcha, lo que ofrecería a PSOE y Unidas Podemos una importante arma de presión contra la derecha. Varios Ejecutivos del PP, como el de la Comunidad de Madrid, ya han dicho que no piensan aplicar el mecanismo de regulación de los alquileres incluso aunque la ley se lo permita. El Gobierno central no puede obligarles a hacerlo, pero los morados confían en que la presión ciudadana para regular los precios del alquiler obliguen a estos ejecutivos conservadores a rectificar.