El Gobierno y ERC quieren aprovechar la reforma exprés del Código Penal en relación a la sedición para introducir modificaciones de calado en varios tipos penales utilizados contra la corrupción. La última propuesta de la reforma de la malversación planteada por los republicanos y que beneficiaría a sus dirigentes acusados en el procés no parece haber convencido, sin embargo, a Moncloa.
"Sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otras, no hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate al territorio de la política y sacarlo de los juzgados", defendió ayer el presidente, Pedro Sánchez, precisamente desde Cataluña. Los partidos que integran el Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, presentarán hoy en el Congreso una propuesta que añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la Administración pública.
La medida, avanzada ayer por La Vanguardia, rebajaría así la pena máxima aplicable por ese delito –hasta seis años de prisión y diez de inhabilitación–.
Con esta nueva propuesta, el Gobierno asegura que no se deja ni un solo supuesto de malversación despenalizado, ni el más leve –que sería el de nueva creación–. Incluso se castigarían otros comportamientos que ahora no lo están. Es el caso del enriquecimiento ilícito para aquellos cargos que obtengan un incremento patrimonial de más de 250.000 euros durante su mandato, que no puedan acreditar su origen, y que conllevaría hasta tres años de cárcel. La intención del Ejecutivo es que ningún desvío de fondos públicos, sea cual sea su destino, quede exenta de castigo, aunque se distingan más supuestos y gradaciones.
"Si trabajamos por la concordia y la convivencia, es porque no quiero que en España ni en Cataluña se vuelvan a sufrir los días tan tristes y aciagos que se vivieron en 2017", aseguró Sánchez, en referencia al referéndum ilegal del 1 de octubre y a la declaración unilateral de independencia de la Generalitat.
El presidente hizo estas declaraciones en un acto en el Palacio de Congresos de Barcelona para promocionar la candidatura de Jaume Collboni al Ayuntamiento y al que asistió el líder del PSC, Salvador Illa.
ERC, por su parte, pone el foco en el ánimo de lucro y pretende bajar las penas para los cargos públicos que, aunque hayan utilizado dinero público para fines para los que no estaba destinado, no hayan tenido "ánimo de apropiarse" del mismo para lucro personal. La redacción que proponen reduce el castigo a los políticos que, sin quedarse con el dinero, malversen para fines "particulares y ajenos a la función pública", una redacción que, para ERC, incluiría a los condenados por el procés. De aprobarse en sus términos, este comportamiento se penaría con entre seis meses y tres años de prisión. Los independentistas catalanes también proponen eliminar la referencia a la administración desleal, que fue aplicada para imputar este delito a los organizadores del 1-O. Su objetivo es devolverla exclusivamente a los delitos de ámbito privado.
El Código Penal vigente establece un delito de malversación, independientemente de cuál sea el destino del dinero desviado, una modificación hecha por el PP en 2015. Los populares eliminaron cualquier distinción sobre si había lucro personal o de terceros o no lo había, ya que consideraban que cualquier desvío de fondos públicos era malversación y se fijaba una horquilla de penas muy amplia. Según ERC, sus dirigentes procesados no tuvieron ánimo de enriquecerse porque el dinero utilizado no fue para ellos.
Feijóo hará una auditoría si llega al Gobierno
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, encargará una auditoría de las Cuentas públicas si llega a la Moncloa. Así lo aseguró ayer el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, quien justificó esa decisión en el hecho de que están empezando a ver los mismos "agujeros" que dejó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
"Es necesario saber cuando lleguemos lo que hay de verdad. Si no somos capaces de hacer un buen diagnóstico, difícilmente daremos unas buenas soluciones", declaró Bravo en una entrevista concedida a Europa Press. El dirigente del PP indicó que ya empiezan a encontrarse con "reproducciones casi literales" de lo que pasó con el Gobierno de Mariano Rajoy cuando ganó las elecciones en 2011 en relación con los datos de déficit y deuda: "Empezamos a encontrarnos los agujeros que dejó Zapatero: las facturas sin pagar, el déficit oculto o la deuda disparada".
Bravo subrayó que una de las medidas que defiende el PP es el control del gasto superfluo e indicó que deben decirle a los españoles "la verdad de lo que el Gobierno Sánchez va a dejar", dado que están "endeudando a los españoles en 200 millones de euros al día".
También en una entrevista, en su caso con el diario El Mundo, el propio Feijóo añadió que considera que "ha llegado el momento de pedir elecciones anticipadas ya" al sostener que el Gobierno de Pedro Sánchez asume decisiones que "no se sometieron" a las urnas y que van "en contra2 de los "principios básicos" de la Constitución. El líder de la oposición señaló que el adelanto de los comicios es la "solución más transparente y democrática" para que los españoles digan si "quieren" este Gobierno y auguró que, en el caso de que se produjese ese adelanto, la "mayoría social va a decir que no".
Sobre una posible fecha para celebrar la convocatoria a las urnas, el líder de los populares manifestó que sería "inmediatamente", en febrero o marzo, porque Sánchez utiliza "una técnica parlamentaria espuria para volver" a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial "por tercera o cuarta vez". "Coacciona a los jueces diciendo que incurrirán en responsabilidades penales y le hurta competencias al Tribunal Constitucional", continuó, para después añadir que "libera a los políticos corruptos de sus responsabilidades y desprotege el Estado con la derogación del delito de sedición".
La petición de Feijóo tuvo una rápida respuesta por parte de Sánchez. Desde un acto en Barcelona afirmó que las generales serán "cuando toca, a finales de 2023". "Estaría bien que antes de pedir elecciones empiecen por reconocer el resultado de las anteriores. No vaya a ser que cuando vuelvan a perder nos vaya a ocurrir lo mismo que en 2019, que no acepten los resultados y vuelvan a tachar al Gobierno de ilegítimo", aseguró.
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