PSOE y Unidas Podemos proponen un nuevo tipo de malversación que rebaja la pena a cuatro años de cárcel

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (i), y el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens (d), conversan a su llegada al registro de la Disposición, en el Congreso de los Diputados.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (i), y el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens (d), conversan a su llegada al registro de la Disposición, en el Congreso de los Diputados.
Europa Press
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (i), y el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens (d), conversan a su llegada al registro de la Disposición, en el Congreso de los Diputados.

La última propuesta de la reforma de la malversación planteada por ERC y que beneficiaría a sus dirigentes acusados en el procés no parece haber convencido a Moncloa. Los dos partidos que integran el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, presentarán este lunes en el Congreso una propuesta de reforma del Código Penal que añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública.

Según han confirmado fuentes cercanas a La Moncloa a la agencia EFE, esta propuesta no dejará ni un solo supuesto de malversación despenalizado, ni el más leve, que sería este nuevo delito incorporado y que aún no estaría pactado con ERC.

El nuevo tipo de malversación rebajaría en dos años la pena máxima aplicable a esos cargos procesados respecto al vigente Código Penal, que actualmente establece hasta seis años de cárcel y diez de inhabilitación por malversación.

Con esta nueva propuesta, apunta el Gobierno, no se deja ni un solo supuesto de malversación despenalizado, ni el más leve —que sería el de nueva creación— hasta el más grave, e incluso otros comportamientos que ahora no están castigados y que también se incluirían. Este es el caso del enriquecimiento ilícito para aquellos cargos que obtengan un incremento patrimonial de más de 250.000 euros durante su mandato, que no puedan acreditar su origen, y que conllevaría hasta tres años de cárcel.

En todo caso, la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que ninguna actuación que suponga un desvío de fondos públicos, sea cual sea su destino, quede exento de castigo, aunque se distingan más supuestos y gradaciones.

Qué establece el actual Código Penal

Según el Código Penal vigente, modificado por el PP en 2015, establece un delito de malversación, independientemente de cuál sea el destino del dinero desviado. El castigo impuesto hasta ahora va de los dos a los seis años de cárcel —entre seis y 10 de inhabilitación—, con un tipo agravado que puede llegar a los ocho años de prisión o incluso a los doce.

En su modificación, el PP eliminó cualquier distinción anterior sobre si había lucro personal o no, ya que consideraba que cualquier desvío de fondos públicos era malversación y se fijaba una horquilla de penas muy amplia.

Ante los posibles futuros procesamientos de los políticos independentistas por el referéndum ilegal del 1-O, ERC presentó el viernes una propuesta que recupera el concepto de ánimo de lucro personal o de terceros como condición para la malversación más grave, conservando las penas que fijó el PP (de 2 a 6 años).

En sus iniciativas, ERC añade un artículo 432 bis de malversación sin ánimo de enriquecerse, pero en la que el dinero se destina a fines particulares (de 6 meses a 3 años). Según la formación catalana, sus dirigentes procesados no incurren en este supuesto porque el dinero no fue para fines particulares.

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