En los últimos 14 años, desde el colapso de parte del sistema financiero internacional acaecido en el verano de 2008, hemos venido sufriendo sucesivos periodos económicos de fuerte inestabilidad que han derivado en importantes crisis sociales y políticas. Todas ellas acentuadas recientemente por la pandemia del Covid-19, y especialmente por las consecuencias que en el mercado energético está teniendo el conflicto bélico en Ucrania.

Muchos cambios se han producido en estos tres turbulentos lustros en todo el planeta a raíz de los acontecimientos anteriormente señalados, aunque hay un factor que siempre ha estado presente, inamovible, y que por desgracia no solo no ha retrocedido, sino que se ha reforzado y crecido en todo el mundo como consecuencia de los mismos: la pobreza.

El 17 de octubre celebramos el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, fecha adoptada por la ONU en el año 1992 en recuerdo de las movilizaciones cívicas desarrolladas en París en esa jornada del año 1987, en solidaridad con quienes sufren pobreza y desamparo.

La lucha contra la pobreza no es otra cosa que la defensa a ultranza de la dignidad del ser humano. Un concepto recogido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en nuestra Constitución. Poner fin a la pobreza en todas sus formas es una obligación (legal y moral) de todos los gobiernos y de todas las administraciones, que deben priorizar la aplicación y puesta en marcha de políticas que asuman como objetivo fundamental la consolidación de sociedades más equilibradas y justas.

Un ejemplo de un gobierno comprometido con la igualdad, la justicia social, y contra la pobreza es sin duda alguna el de España. El Gobierno de Pedro Sánchez ha situado a nuestro país en la vanguardia europea en esta materia, ya que en estos últimos años podemos enumerar muchos ejemplos de cómo se puede poner la agenda social como objetivo prioritario de la acción de un gobierno, a pesar de la herencia recibida de los recortes del Partido Popular, de la crisis del Covid-19 y la guerra en Ucrania.

Hablamos del aumento del Salario Mínimo Interporfesional en un 33% en cuatro años, de la recuperación de la inversión en dependencia a niveles nunca vistos en nuestro país; de los ERTES que han salvado miles de puestos de trabajo y empresas durante la pandemia; de la revalorización de las pensiones para las personas mayores; de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, que alcanza a más de medio millón de hogares, y a millón y medio de personas en todo el país (dos de cada tres personas beneficiarias son mujeres), que gracias a esta ayuda pueden cubrir sus necesidades básicas.

También hablamos de medidas para proteger a los hogares, en este contexto internacional pleno de dificultades, y ayudarles a afrontar los gastos de la energía sin que las economías familiares se vean lastradas de forma inevitable. El evidente éxito de la llamada "excepción ibérica" nos anima a seguir en esta línea. Por ello, el anuncio por parte del Gobierno de la movilización de tres mil millones de euros, y de la ampliación y refuerzo de los diferentes bonos para acceder a descuentos en los recibos de luz y gas para grupos familiares vulnerables no deja de ser una gran noticia.

Decía Eduardo Galeano que mientras "la caridad se ejerce verticalmente y desde arriba, la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo". Por eso el Gobierno de España ha aprobado unos presupuestos solidarios y expansivos para el año 2023. Unos presupuestos sociales que pretenden combatir la pobreza no solo con gasto público, sino también promoviendo un mercado laboral más estable, equilibrado y justo, especialmente con los y las jóvenes y las mujeres. Un empleo digno y remunerado con justicia es un paso decisivo para salir de la marginalidad.

La pobreza se ceba con los grupos sociales más vulnerables como las minorías étnicas (especialmente el Pueblo Gitano), la población migrante, o las mujeres. Por ello no es casual la indiferencia con la que la derecha trata este asunto. A los partidos autodenominados "liberales" en nuestro país no les importa que un 27% de la población española se encuentre en riesgo de pobreza, porque lo que persiguen es beneficiar a sus amigos ricos con políticas fiscales insolidarias y mezquinas.

La loca carrera emprendida por el PP para forzar a las administraciones donde gobierna a bajar los impuestos al máximo, sobre todo a las clases más pudientes (y en contra de los criterios de la Unión Europea), no es más que una muestra evidente de que a los populares, con su "moderado" líder Feijóo a la cabeza, no les interesa combatir la pobreza, sino debilitar los servicios públicos para favorecer otros intereses, desde luego muy alejados de la justicia social y la igualdad.

No combatir la pobreza con ahínco, tomando decisiones audaces, supone también abrirle la puerta a muchos enemigos de la democracia, como son la demagogia y el populismo. Es fundamental que la ciudadanía sienta que el sistema democrático protege, que puede tenerse una "democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa", como decía el inolvidable Raúl Alfonsín.

La pobreza es incompatible con la libertad, la igualdad y la solidaridad; valores plenamente democráticos que hoy en día están en peligro por la proliferación de políticos que ofrecen soluciones sencillas a problemas complejos, y que en realidad esconden la idea de desmantelar nuestro Estado del Bienestar.

El mejor remedio contra ellos es que erradiquemos la pobreza de nuestras calles, barrios y pueblos. La inclusión, la igualdad y la justicia social, son las mejores herramientas contra la antipolítica y la antidemocracia. Debemos recordarlo en esta efeméride, y siempre.