La fractura en el seno de la coalición de Gobierno, materializada en los recientes desencuentros respecto al gasto militar en los Presupuestos del Estado, también queda patente en el Congreso de los Diputados, donde PSOE y Unidas Podemos tampoco se ponen de acuerdo a la hora de votar sus respectivas iniciativas parlamentarias.
Entre enero y junio de este año, el Grupo Socialista en el Congreso ha votado en contra de las siete proposiciones de ley o no de ley que ha llevado Unidas Podemos al Pleno de la Cámara Baja en este período de sesiones, informa Servimedia.
Esta semana, Unidas Podemos votó distinto al PSOE en 14 de los 15 puntos de una moción consecuencia de interpelación del PP sobre la cumbre de la OTAN. A ello hay que sumar el previsible rechazo a unos Presupuestos que conllevaran un aumento del gasto militar y de la actualización del convenio con EE UU para que el número de destructores de ese país alojados en la base naval de Rota (Cádiz) pase de cuatro a seis.
Asimismo, este pasado martes 28, el PSOE tumbó con sus votos, unidos a los del PP y Vox, la toma en consideración de una proposición de ley del grupo confederal por segunda semana consecutiva. Lo hizo ante una iniciativa de Unidas Podemos que ofrecía mecanismos para que los centros de educación concertados pudieran, voluntariamente, integrarse en la red pública. El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, resaltó este carácter voluntario en rueda de prensa el martes por la mañana para protestar por la negativa socialista a tramitarla.
Curiosamente, la semana anterior el Grupo Socialista hizo lo propio, al debatirse el martes 21 y votarse el jueves 23 con la proposición de reforma de la Ley de Minas, presentada por el partido ecologista del espacio, Alianza Verde, que pretendía condicionar la apertura de nuevas explotaciones mineras al cumplimiento de ciertos requisitos de sostenibilidad.
Fuentes del espacio confederal consultadas por Servimedia ese día se declararon atónitas por el rechazo del PSOE a tomar en consideración una proposición que aseguraba haber llevado al Congreso con la esperanza de contar con el apoyo socialista y ahuyentar cualquier ruido mediático de discrepancias en el Gobierno al ser, en principio, menos polémica que otras que tiene pendiente hacer debatir, como la ley para autorizar el consumo recreativo del cannabis.
Ese jueves 23, los diputados socialistas también se sumaron a los de PP y Vox para tumbar la toma en consideración de una proposición de reforma del Reglamento del Congreso para permitir el uso de las lenguas cooficiales en los plenos y en el intercambio de documentos oficiales con la Cámara. Unidas Podemos registró originalmente la iniciativa junto a ERC, PNV, EH Bildu, JxCat, PDeCat y BNG, si bien el grupo confederal retiró en el último momento su firma porque no podía constar cuando esa misma semana ya se debatía la proposición de reforma de la Ley de Minas, y el abertzale por falta de cupo. Pero, propiamente, fue otra propuesta de UP rechazada por su socio de Gobierno.
En cualquier caso, estas tres iniciativas rechazadas no han variado una tendencia que se ha mantenido durante todo el periodo de sesiones, en el que los grupos parlamentarios de las dos formaciones políticas que forman el Ejecutivo no han registrado ninguna proposición de manera conjunta (lo harán, según avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la que creará un impuesto para las empresas energéticas), y el mayoritario ha votado decisivamente en contra de todas las iniciativas parlamentarias del minoritario.
Impuestos, energía y Sáhara
La primera proposición de Unidas Podemos que tumbó el PSOE en este período de sesiones fue una no legislativa: la que el 15 de febrero presentó (se votó dos días después) con la intención de instar al Gobierno a proceder a una reforma fiscal que incluyera la creación de un impuesto a las grandes fortunas, la subida de los tipos fiscales más altos del IRPF y el incremento en un 10% del Impuesto de Sociedades a las empresas eléctricas. Una sola semana más tarde, los socialistas impidieron la toma en consideración de la proposición, esta sí de ley, del grupo confederal para crear una empresa pública de energía que compitiera con las privadas y permitiera bajar los precios.
El siguiente desencuentro legislativo entre los dos socios de Gobierno tuvo lugar el jueves 7 de abril, cuando Unidas Podemos, junto a ERC y EH Bildu, hizo debatir una proposición no de ley en defensa del Sáhara Occidental, pero cuya parte dispositiva se limitaba a promulgar: "El Congreso de los Diputados ratifica su apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), en el convencimiento de que solo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva, conforme al Derecho Internacional, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable, duradera y aceptable por ambas partes al conflicto político".
Al dejar para la exposición de motivos, que propiamente no se vota, las críticas al giro de Sánchez al dar por buena una simple autonomía para el territorio, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, avanzó dos días antes que su grupo no tendría problemas en votar a favor, pero en el último momento lo hizo en contra quejándose de la intervención del diputado de UP, Gerardo Pisarello. Ese cambio de última hora no impidió que el presidente viajara a Rabat la tarde del jueves 7 con el rotundo rechazo de la Cámara a su pacto con Marruecos.
Antes de los tres votos en contra de las dos últimas semanas, el PSOE todavía tuvo tiempo de tumbar otra iniciativa de su socio: la proposición de ley para crear un impuesto a las grandes fortunas, que se debatió y desestimó el martes 7 de junio. Con ella, UP reconvirtió su proposición no de ley rechazada en febrero y pasó a darle impacto legislativo y a limitar el impuesto a las fortunas de más de 10 millones de euros, con la esperanza de hacerlo compatible, y ya no de reemplazarlo, con el Impuesto al Patrimonio vigente.
Si no solo se tuviera en cuenta el Pleno del Congreso, sino también la Junta de Portavoces, cabe reseñar que el PSOE tumbó el 8 de marzo en este órgano la intención de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu de constituir una comisión de investigación parlamentaria sobre los abusos sexuales de eclesiásticos a menores de edad, impidiendo así su inserción en el orden del día del Pleno y haciéndola decaer. El PSOE prefirió una comisión presidida por el Defensor del Pueblo, y la consiguió con el apoyo del PNV, que la canalizó en su cupo legislativo sin que los grupos que la querían en el Congreso votaran en contra.
Por lo que respecta al Pleno, retrocediendo un poco más en el tiempo, al 14 de diciembre de 2021, en los estertores del anterior período de sesiones, el Grupo Socialista liquidó una octava iniciativa de Unidas Podemos, también coaligado con ERC y EH Bildu: la proposición de ley elaborada por colectivos de activistas por el derecho a la vivienda y que estos grupos parlamentarios sirvieron para hacer debatir en el Congreso, si bien UP optó en el último momento por retirar su firma para intentar llegar a un acuerdo con el PSOE para reformar la Ley de Vivienda en su trámite parlamentario, que seis meses después todavía no ha empezado.
Votos diferentes en tres medidas en el último mes
Las diferencias entre los dos grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos también se ha materializado en el último mes en tres votaciones en el Congreso de los Diputados.
En concreto, según datos aportados por fuentes parlamentarias, en las votaciones del proyecto de la Ley Audiovisual que el Gobierno remitió a las Cortes; de la proposición de Ley Orgánica que impulsó el PSOE para prohibir el proxenetismo; y, este mismo jueves, en la votación por puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Partido Popular sobre política exterior y seguridad.
En primer término, llamativo fue el momento en el que los diputados del PSOE votaron a favor y los escaños de Unidas Podemos, abstención a la ley Audiovisual, por cuanto se trata de una norma que aprobó el Consejo de Ministros de coalición, y la primera vez que la diferencia de voto se produjo en una ley del Gobierno.
En esos días también se materializaron las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en la proposición de Ley Orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas que registraron los socialistas -y elevaron a Pleno- tras las disputas entre las dos formaciones del Gobierno con la ley conocida como del 'solo sí es sí', cuando el PSOE tuvo que retirar una enmienda para abolir la prostitución para salvar la aprobación del texto.
En ese caso, Unidas Podemos se dividió y los diputados de En Comú Podem votaron en contra de la iniciativa que los socialistas impulsaron tras no lograr que prosperase su deseo de abolir la prostitución dentro de la ley del 'solo sí es sí'.
En el pleno de esta semana, con el trasfondo de la Cumbre de la OTAN en Madrid, las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en materia de política exterior y de seguridad y defensa quedó palpable durante la votación por puntos de la moción, consecuencia de interpelación urgente del Partido Popular sobre la división del Gobierno en las cuestiones de política exterior y seguridad.
Solo coincidieron en uno de los 15 puntos de la moción, en concreto en condenar la expulsión de los diplomáticos españoles que ha decidido el Gobierno ruso y mostrar el reconocimiento a la labor ejemplar que han desempeñado; y en extender a Ceuta y Melilla la frontera Schengen de la UE y completar la apertura de las fronteras tanto de personas como comerciales con Marruecos con la seguridad jurídica y los medios adecuados para ello.
En el resto de puntos, el PSOE se decantó por un apoyo, mientras desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos apostó por una abstención.
Desde Moncloa y el PSOE remarcan que, pese a las diferencias, han salido adelante "todas" las medidas que han llevado al Congreso y que, a pesar del "ruido", el Gobierno de coalición sigue adelante. No obstante, fuentes socialistas consultadas por Servimedia admiten que se avecina un ciclo electoral y, como se vio en las citas autonómicas en Castilla y León y Andalucía, los dos socios del Gobierno marcan sus diferencias.
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