Con los escándalos de corrupción todavía frescos en la memoria de los andaluces, los partidos en liza en los comicios del próximo 19 de junio abordan en sus programas la lucha contra esta lacra y desgranan, en mayor o menor medida, los instrumentos para combatirla. Impulsar la Ley de Transparencia, potenciar la participación ciudadana y el diálogo social, limitar el número de mandatos, suprimir los aforamientos y luchar contra el fraude fiscal son algunas de las medidas más repetidas entre sus propuestas electorales en este campo.
PSOE
En su afán por recuperar la Junta, que perdieron en las pasadas elecciones de 2018 tras cuatro décadas de Presidencia socialista, el PSOE dedica el último bloque de su programa de 188 páginas a lo que denominan un "nuevo estilo de gobierno". En él explican cómo alcanzar sus objetivos a través de la "eficiencia y la austeridad", un "código ético para los gestores", la "transparencia", el "diálogo social" y la "participación" de la ciudadanía, algo que pretenden establecer por ley.
Así, el partido de Juan Espadas apuesta por una mayor transparencia y, para lograrla, se inclina por evaluar la actual ley en la materia y asegurar una mejor implantación de la misma. Asimismo, se decanta por mejorar las medidas tecnológicas y de formación en este ámbito y publicar las agendas del Gobierno, los regalos, los detalles del protocolo y los viajes. Todo ello, acompañado de medidas para fomentar la participación de la ciudadanía, como la simplificación del proceso para elevar preguntas al Ejecutivo.
En este sentido, se comprometen a aprobar en los seis primeros meses de la legislatura un Plan de Gobierno con contenido abierto y actualizable - con los objetivos detallados y el modo de conseguirlos-, del que deberán rendir cuentas a la ciudadanía. Promueven, asimismo, la creación de la Oficina de Conflictos de Intereses, para comprobar que el patrimonio y la actividad de los responsables públicos se ajustan a las responsabilidades que ejercen. Sugieren también realizar audiencias a los altos cargos en el Parlamento, aunque no a los miembros del Consejo del Ejecutivo.
Asimismo, el PSOE se pronuncia acerca de la necesidad de actuar sobre la fiscalidad, ya que tildan de "relativamente frecuentes las prácticas de elusión" en este campo. Por eso, abogan por "aumentar significativamente" los recursos y el personal necesarios para perseguir y evitar el fraude y la corrupción, así como una mejor regulación contra los paraísos para caminar hacia su prohibición dentro de la UE. En esta dirección, contemplarán la restricción de ayudas públicas a aquellas empresas que mantengan filiales en los mismos.
PP
Por su parte, el PP hace, como es lógico, una valoración positiva del desempeño del Gobierno en este ámbito la pasada legislatura. Los populares creen que la corrupción "ha quedado atrás y ya no constituye una preocupación para los ciudadanos", aunque ven "fundamental" seguir trabajando para ser "más transparentes y más eficientes". En esta línea, se muestran satisfechos con la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción y la Protección del Denunciante, a la que pretenden dotar de más medios. Para avanzar en esta dirección, en su programa de 426 páginas dedican 12 a la regeneración, el buen gobierno, los datos abiertos y la participación.
Respecto a la regeneración, los de Juanma Moreno apuestan por recuperar los "fondos públicos defraudados por casos de uso indebido de dinero", aprobar la Ley de Subvenciones andaluza, reforzar la Cámara de Cuentas con una comisión ad hoc en el Parlamento regional, crear una norma específica para seleccionar a los funcionarios de la máxima cualificación y especialización y mejorar la selección del personal directivo laboral, así como potenciar la imparcialidad de los empleados.
Además, tienen el objetivo de aprobar la Ley del Buen Gobierno y potenciar "en cada rincón de la Junta la cultura de la auditoría", una herramienta que pretenden emplear para optimizar el uso de los recursos públicos. Asimismo, plantean limitar a dos legislaturas el mandato del presidente del Ejecutivo regional.
También abogan por reforzar los mecanismos de transparencia y gobierno abierto, para poner a disposición de los andaluces la información sobre el destino de los fondos públicos y transmitir de manera clara las ayudas existentes y la actividad contractual de la Junta. Del mismo modo, apuestan por involucrar a la sociedad en las decisiones del Ejecutivo, para lo que buscan "desarrollar la Ley de Participación Ciudadana", crear un diálogo constante y reformar el Reglamento del Parlamento.
Ciudadanos
Al borde de la extinción en el Parlamento regional, según el CIS, Ciudadanos dedica un bloque entero de los diez que integran su programa a políticas anticorrupción. Consideran que la Consejería de Regeneración y Transparencia del actual vicepresidente, Juan Marín, ha permitido a Andalucía ir "a mejor" y pretenden seguir haciendo de la comunidad la de "mejor gobernanza y la más libre de corrupción" de toda España.
Para ello, en 23 puntos, proponen la supresión de los aforamientos de diputados, miembros del Gobierno y del presidente, así como el impulso de la reforma del Estatuto de Autonomía para garantizar la limitación de mandatos del líder de la Junta. En este sentido, contemplan racionalizar y ordenar los salarios de todos ellos y apelar al Ejecutivo central a hacer lo propio. Asimismo, aspiran a modificar el sistema de nombramiento de consejeros de órganos de extracción parlamentaria.
Además, persiguen endurecer los controles de las instituciones con auditorías obligatorias anuales de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y sugieren la fiscalización de los partidos políticos y de la contratación de asesores y asistentes. También hablan de reformar la Cámara de Cuentas para que actúe como un organismo despolitizado y fiscalizador de la actuación de todos los partidos políticos.
Para terminar con esta lacra, propugnan la creación de algunas normas y la modificación de otras. Así, defienden impulsar el desarrollo de la Ley de Transparencia para concretar y ampliar las obligaciones de información por parte del Gobierno, además de reformar la ley electoral, con el objetivo de que resulte más proporcional.
En este ámbito, quieren garantizar la continuación de la Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción y reforzar su cumplimiento, para evitar que personas condenadas por estos delitos puedan ir en listas electorales. Asimismo, buscan impulsar la comisión de investigación de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), para "determinar y depurar responsabilidades políticas ante otro posible caso de latrocinio a los andaluces por parte del PSOE".
Por Andalucía
Muy diferente al balance de Ciudadanos sobre la legislatura es el de Por Andalucía, que acusa a "las derechas" de "no haber cambiado nada" y al Gobierno actual de no estar "exento de polémica" en lo relativo a corrupción. Lo hace en el segundo apartado del último y décimo bloque de su programa, dedicado a la "profundización democrática". Afirma que el Ejecutivo vigente se ha caracterizado por su "incoherencia", al "prometer la reducción de altos cargos y aumentarlos" y al recurrir a las "prácticas clientelares" en los nombramientos.
"Andalucía no se puede permitir una legislatura más del PP", claman los de Inmaculada Nieto en su programa. Para desalojar a los populares y a Cs de San Telmo, se decantan por medidas como la supresión de los aforamientos y la limitación de mandatos. También impulsan la necesidad de modificar la figura de la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo, para "lograr mayor capacidad de vigilancia".
Junto a estas ideas, plantean también en otras medidas, como "llevar a su máximo grado de cumplimiento el desarrollo efectivo" de la Ley de Transparencia y la de Participación Ciudadana. Del mismo modo, proponen una nueva ley electoral más proporcional y con menos gasto en las campañas.
Asimismo, apuestan por asegurar la imparcialidad y la dotación de medios suficientes de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía e instan a llevar a cabo una investigación sobre posibles delitos de este tipo del Gobierno de la Junta en la pasada legislatura. En esta línea, quieren regular la rendición de cuentas del Ejecutivo autonómico tras la celebración de elecciones e implantar "la lectura fácil y el lenguaje claro" en todos los documentos de la administración autonómica.
Vox
En sus 25 páginas de programa, Vox dedica su primer punto de los diez que lo componen a la lucha contra la corrupción. Apuesta por acabar de forma "real y efectiva" con la red de "organismos prescindibles, personal enchufado a dedo y subvenciones millonarias a sindicatos", a la patronal y a los partidos. En este sentido, quieren terminar con toda la "administración paralela del PSOE que el PP ha mantenido" y garantizar que los empleados públicos acceden a la Administración según los principios de "mérito y capacidad".
El partido de Macarena Olona quiere, además, que "los corruptos" paguen "por todo el daño causado a los andaluces" y, por eso, pedirán las "máximas penas para todos los acusados de haber saqueado las arcas públicas" y lucharán para que "devuelvan lo robado". Asimismo, quieren acabar con la televisión pública autonómica, por considerarla un "arma de propaganda", y suprimir todas las agencias, entes, organismos y fundaciones que no tengan una utilidad "demostrada".
También pretenden acometer una "reforma integral" de la Administración pública andaluza para hacerla "más eficaz y reducir su tamaño y coste", reducir los trámites y la burocracia y exigir el cumplimiento íntegro de las auditorías externas que Vox pactó con el Gobierno.
Adelante Andalucía
En la misma línea que el partido de Inmaculada Nieto, Adelante Andalucía afea al actual Ejecutivo autonómico "no haber cumplido con sus compromisos", tras haberse presentado en los anteriores comicios como "abanderados de la regeneración democrática" contra "la opacidad, la corrupción y los privilegios de los gobiernos del PSOE". Los acusan de haber sustituido a los "enchufados" socialistas por los propios y confundir "partido, Gobierno y Administración". Por eso, la formación de Teresa Rodríguez dedica un bloque entero -con más de 70 propuestas- a transparencia, higiene democrática y reforma de las instituciones.
Entre sus primeras propuestas, se encuentra impulsar la aplicación de la Ley de Transparencia, la de Participación Ciudadana y una de "cuentas claras y abiertas". Pretenden, además, que los procesos de contratación sean menos opacos y sugieren diversas auditorías, como una de la remuneración de todos los altos cargos y puestos de libre designación. También se centran en la reforma de la Cámara de Cuentas, a la que desean dotar de más medios humanos y materiales y darle potestad sancionadora. Asimismo, propugnan elaborar un informe anual sobre la corrupción y controlar los gastos protocolarios y de representación.
Del mismo modo, defienden establecer mediante una Ley de Buen Gobierno de Andalucía limitaciones salariales, temporales y la revocabilidad en política, con un máximo de dos mandatos en el ejercicio de tareas de representación, gobierno y cargo designado no acumulables. Dotar correctamente a una oficina independiente de la lucha contra la corrupción y asegurar la corresponsabilidad de los partidos en casos de miembros condenados por estas malas prácticas son otras de las ideas de esta formación, así como combatir el fraude fiscal y eliminar la elusión y evasión.
Además, abogan por eliminar los privilegios de los diputados del Parlamento andaluz y abrir un debate público tendente a acabar con los aforamientos, así como establecer la obligatoriedad de inhibirse en decisiones relacionadas con la actividad de familiares y la regla de esperar tres años tras dejar el cargo antes de realizar actividades relacionadas con él. Apuestan por regular la rendición de cuentas del Gobierno andaluz en funciones tras la celebración de elecciones -igual que hacía Por Andalucía- y por modificar los mecanismos de nombramiento de órganos de extracción parlamentaria, como apuntaba Ciudadanos.
Para involucrar a la ciudadanía, persiguen garantizar el desarrollo reglamentario de la Ley de Participación y "poner fin al enchufismo en la administración pública". "No queremos sustituir a los enchufados del PP, Cs y Vox por enchufados de Adelante Andalucía", aseguran en su programa.
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