El plan de choque para paliar con las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania ha estado pendiendo de un hilo, pero ha logrado salvarse por la mínima. El decreto fue aprobado hace un mes en el Consejo de Ministros sin previsión de encontrarse con muchos obstáculos, pero el nuevo encontronazo entre el Gobierno y sus socios parlamentarios de ERC por las escuchas a líderes independentistas hizo tambalear su ratificación unas horas antes de la fecha límite. Medidas como el incremento del Ingreso Mínimo Vital, descuentos a las gasolinas o los topes a las subidas del precio del alquiler quedaron en peligro, pero Pedro Sánchez ha logrado reunir finalmente los apoyos necesarios este jueves. 

Con el fin último de bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes, y amortiguar el impacto del conflicto en hogares y en el tejido económico y empresarial del país, el Ejecutivo impulsó una batería de medidas urgentes para las cuales previó movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos. "Nos vamos a desvivir por aplacar al máximo los efectos para que ningún sector y menos los vulnerables se sientan desprotegidos", prometió entonces el presidente del Gobierno. 

Y es que la 'factura' económica de la escalada bélica iniciada por Rusia a finales de febrero se ha manifestado de múltiples formas. La inflación se disparó y ya alcanza casi el 10% en marzo. Llenar un depósito medio de gasolina o diésel es, desde entonces, también más caro, y le valió al Ejecutivo jornadas de protestas y paros de transportistas. El precio de la luz mayorista en hogares y comercios subió en el primer mes de guerra un 43,3%. Todo ello ha provocado un frenazo de las expectativas de recuperación de una economía todavía lastrada por la pandemia. 

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Es en el plan de choque donde el Gobierno tiene puestas las esperanzas para paliar con las consecuencias de un conflicto cuyo fin no asoma todavía en el horizonte. Sánchez se jugaba en la votación de este viernes un paquete de medidas que le fueron muy útiles en su momento para calmar los ánimos y sin las cuales podría haberse acrecentado de nuevo el descontento social. 

Ayudas a familias, trabajadores y refugiados

Para reducir el impacto de la inflación, el texto aprobado en el Consejo de Ministros incluyó una revaloración de un 15% del Ingreso Mínimo Vital y una limitación extraordinaria de la subida de los precios del alquiler, hasta el 30 de junio de 2022, del 2%. También se concretó la prohibición de despedir a un empleado por causas relacionadas con el incremento de los precios de la energía o si la empresa en cuestión ha acudido a los ERTE. “No tendría sentido que destináramos recursos públicos si después les permitiéramos despedir”, aseveró la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al desgranar algunos de los puntos del real decreto.

Además, se fijaron una serie de ayudas para mujeres y niños refugiados que lleguen desde Ucrania, así como la ampliación del bono social eléctrico para alcanzar a las 600.000 familias a las que Sánchez calculó que podría llegar, al flexibilizar las condiciones para recibir las ayudas (se incluyen a las personas convivientes en el mismo domicilio).

20 céntimos por litro de combustible

Para reducir el coste en materia de transporte por la subida del precio de los combustibles, el plan de choque establece la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible -hasta el 30 de junio-, así como la creación de un fondo de 450 millones de euros para ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y pasajeros. 

Prórroga de rebajas de impuestos

Asimismo, el Gobierno acordó prorrogar hasta julio las rebajas fiscales de la electricidad que se introdujeron el verano pasado y que contemplan una disminución del 10% del IVA, la suspensión del 7% del impuesto a la generación y una reducción del 0,5% del impuesto especial de la electricidad. 

Nueva línea ICO de 10.000 millones 

Para garantizar la liquidez de las empresas y autónomos, el Ejecutivo acordó crear una nueva línea de créditos ICO por un total de 10.000 millones de euros que permitan desobstaculizar la concesión de ayudas a empresas y autónomos, hasta el 31 de diciembre de 2022, y con un plazo ampliado de carencia a los 12 meses (que podrá ampliarse otros seis meses para los sectores más afectados). 

Apoyo al tejido económico y empresarial

Según explicó en marzo la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, los sectores más afectados por la crisis recibirían (de aprobarse el real decreto) ayudas directas. Concretamente, se establece una partida de 362 millones para agricultura y ganadería; 68 millones para el sector pesquero; más de 500 millones en ayudas a los grandes consumidores de electricidad; y 125 millones de euros para la industria de gas intensiva.