El Gobierno ha tenido que ceder. Tras un miércoles agónico en el que la coalición veía cada vez con más claridad que los apoyos de sus socios tradicionales al plan de choque por los efectos de la guerra en Ucrania se le escapaban por las escuchas a políticos independentistas, terminó por mirar al lado contrario del arco parlamentario.

Pedro Sánchez tuvo que aceptar finalmente una de las condiciones que ponía el PP para facilitar su aprobación, y es que el decreto sea tramitado como proyecto de ley "para permitir las aportaciones de los grupos parlamentarios", según informaron fuentes gubernamentales a última hora de la tarde de este miércoles.

Sin embargo, esto no es todo lo que el PP que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo exigía. Unas horas antes de la cesión del Gobierno, y tras un día de contactos en los que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, había activado el ‘plan b’ a la luz de las reticencias de los socios independentistas a aprobar el plan de choque, el equipo económico de los populares que dirige Juan Bravo envió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que exponía cuatro medidas concretas que ven imprescindibles para que se planteen facilitar la convalidación del decreto. Y para empezar a hablar, el PP veía fundamental que las negociaciones se llevaran a cabo en la tramitación del plan como proyecto de ley.

El guante fue recogido por Montero. En respuesta a la carta del equipo económico de Feijóo, la ministra resaltó que "este Gobierno está convencido de que un pacto entre las dos formaciones sobre elementos nucleares que afectan a la ciudadanía sería una forma eficaz de ejercer la política". En otra misiva a la que tuvo acceso 20minutos, Montero tendía la mano para "llegar a acuerdos que puedan ser buenos para el interés general", pero subrayaba que su propuesta "requiere de un análisis profundo". Tras conocerse la decisión del Ejecutivo para intentar salvar in extremis el decreto, fuentes del PP no garantizaban su apoyo al plan de choque. Y explicaban que el Gobierno solo había cedido a una de las peticiones, pero remarcaban que el PP pedía mucho más.

Esas medidas, sin las que el principal partido de la oposición no ve manera de apoyar el decreto, incluyen una rebaja de impuestos a las rentas medias y bajas, una rebaja en el IVA para la electricidad de acuerdo con las normas comunitarias, una gestión eficiente de los fondos europeos y una reducción en el gasto burocrático y político del actual Gobierno.

A medida que pasaban las horas del miércoles, Sánchez era más consciente de que la aprobación de su plan anticrisis, que incluye medidas como la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina o la prohibición de revalorizar los alquileres por encima del 2%, pendía de un hilo. Eso le llevó a anular el viaje que tenía previsto hacer a Moldavia y Polonia y, aunque el Ejecutivo adujo "motivos de agenda", la crisis por el supuesto espionaje a políticos independentistas planeaba sobre la decisión. Y es que el Gobierno se juega su propia estabilidad con este decreto.

Con los portavoces de ERC dejando en el aire su apoyo –Rufián llegó a decir, irónicamente, que Sánchez le pidiera "el teléfono a Alberto Casero"–, el PSOE intensificó los contactos con PP y Ciudadanos para buscar una mayoría alternativa.

A 24 horas de la votación, a Sánchez no le salían las cuentas. Para poder aprobar este decreto, que ofrece tramitar como proyecto de ley, contaba en principio con 169 votos, a seis de la mayoría absoluta. Los 13 votos de ERC, sin asegurar por la crisis abierta por las escuchas, resultaban vitales.

Pero los republicanos se mantienen inflexibles, más aún cuando han elevado el tono exigiendo la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles.