Al Gobierno le toca ponerse el traje de faena para recomponer la mayoría que forma con ERC, PNV y EH Bildu, que se fracturó la semana pasada en el Congreso y casi da al traste con la reforma laboral. Así lo han transmitido en los últimos días estas tres mismas formaciones, así como Unidas Podemos, que considera que lo ocurrido con la reforma laboral -que salió adelante por el voto erróneo de un diputado del PP- prueba que la de los nacionalistas es la única vía segura para el Gobierno. El PSOE, no obstante, se niega a cerrar ninguna puerta, aunque el Ejecutivo se enfrenta en los próximos meses a varias votaciones que, salvo sorpresa, requerirían del apoyo de los aliados de la investidura para salir adelante.
Se trata de normas tales como las leyes de vivienda, de memoria democrática y del 'solo sí es sí', que ya están en trámite en el Congreso; o la de diversidad familiar y del aborto, que aún no han salido del Consejo de Ministros. La negociación sobre la futura reforma fiscal también se prevé ardua.
La agónica votación de la semana pasada en el Congreso ha reabierto este debate sobre las posibles mayorías alternativas sin el concurso de ERC y EH Bildu, que requerirían aunar los votos de partidos como Cs, PNV y PDeCAT, junto a los de otras pequeñas formaciones de la Cámara Baja. La búsqueda de esas eventuales alternativas, no obstante, supondría que el Gobierno asumiera un plus de inestabilidad, ya que los números estarían mucho más justos y, además, naranjas y nacionalistas conservadores mantienen muchas diferencias más allá de sus posibles coincidencias en algunos asuntos de política económica.
Todo esto podría poner en riesgo buena parte de la agenda legislativa que quiere impulsar el Gobierno, especialmente en un 2022 en el que el Ejecutivo quiere sacar varias leyes sociales que necesitarían contar con el apoyo de la izquierda para salir adelante.
Fuentes parlamentarias consideran que el Gobierno, por un lado, y sus socios nacionalistas e independentistas, por el otro, están condenados a entenderse porque a todos ellos les interesa, aunque no descartan que el Ejecutivo intente apoyarse en mayorías alternativas para leyes como la de Memoria Democrática, bloqueada ahora mismo por las exigencias de ERC. Y, pese al duro cruce de reproches, en el propio debate sobre la reforma laboral que tuvo lugar en el Congreso la semana pasada los portavoces de ERC, EH Bildu y PNV insistieron en que la mayoría de la investidura debe recomponerse, algo en lo que coincidieron fuentes de ambas alas del Gobierno incluso antes de conocer el cambio de voto de los diputados de UPN que casi impide sacar adelante la reforma laboral.
Tras lo ocurrido el jueves pasado, los llamamientos a reconstruir esta mayoría se han revigorizado. Este mismo martes, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, pidió al Ejecutivo "esforzarse" en reconstruir los puentes con las formaciones nacionalistas e independentistas porque "ya ha visto" que no existe una mayoría alternativa que le dé garantías. Por su parte, el portavoz adjunto de EH Bildu en la Cámara Baja, Oskar Matute, insistía en que "la reforma laboral ha evidenciado que el Gobierno solo puede avanzar con valentía" y que "no hay alternativa al bloque progresista".
En el seno del Ejecutivo, no obstante, no todo el mundo tiene tan claro que el resbalón de la semana pasada sea una demostración de que al Gobierno no le salen las cuentas por su derecha. Unidas Podemos, que siempre ha renegado de la vía Cs, aseguró este martes que "confiar en determinadas alianzas es muy arriesgado" y que Moncloa "debería tomar nota" de lo sucedido, en palabras del portavoz adjunto del grupo parlamentario morado, Jaume Asens. Por el contrario, fuentes del ala socialista del Gobierno dejan abiertas todas las puertas y aseguran que se negociarán los apoyos "iniciativa a iniciativa".
La agenda social que viene
Esta estrategia de negociar por separado cada iniciativa, no obstante, podría demostrar sus limitaciones en los próximos meses, ya que el Gobierno tiene por delante varias leyes de carácter social que es muy complicado que apoyen formaciones como Cs. Quizá el caso más evidente sea el del proyecto de ley de vivienda, que llegó al Congreso hace unos días y que el Ejecutivo se ha comprometido con la UE a aprobar antes de octubre: Cs rechaza taxativamente el mecanismo de regulación de los alquileres que incluye la norma y también lo hacen formaciones como el PDeCAT, que serían imprescindibles para cualquier mayoría alternativa a la de la investidura, por lo que al Gobierno no le quedaría más remedio que negociar con PNV, ERC y EH Bildu.
Este año, el Ejecutivo también tiene previsto aprobar otra de las normas estrella de las promovidas por Unidas Podemos: la ley de diversidad familiar. El texto se está negociando actualmente en el seno del Gobierno, aunque aún no está claro si los morados conseguirán incluir en la ley la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad de los cuatro meses actuales hasta seis meses y la universalización, a través de esta norma, de la ayuda de 100 euros por hijo de entre 0 y 3 años, que actualmente ya cobran las madres con trabajos asalariados pero no las que están en el paro. El Ministerio de Derechos Sociales también aspira a que esta norma establezca un permiso retribuido de siete días al año para el cuidado de familiares.
Otros dos proyectos de ley que requerirán de negociaciones con los socios de la investidura para ser aprobados son del Ministerio de Igualdad: la ley del 'solo sí es sí', que ahora mismo afronta la recta final de su tramitación, y la reforma de la ley del aborto, en una fase mucho más inicial. En el primer caso, uno de los puntos que más discrepancias genera entre los socios -y en el propio movimiento feminista- es la recuperación de la tercería locativa, es decir, el castigo a quien "destine un inmueble, local o establecimiento, o cualquier otro espacio, abierto o no al público, a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento".
La reforma del aborto, por su parte, también promete generar debate con los socios, aunque PSOE y Unidas Podemos aún se encuentran limando sus propias diferencias antes de llevar la norma al Congreso. La ley, que pretende que las jóvenes de 16 y 17 años puedan volver a abortar sin consentimiento paterno, también podría incluir un registro de médicos objetores para intentar que en todos los hospitales públicos puedan realizarse interrupciones voluntarias del embarazo, si bien el Ministerio de Sanidad aún tiene dudas al respecto. Además, aún existen discrepancias en el seno del Gobierno en torno al concepto de violencia obstétrica que Igualdad quiere introducir en la norma.
El Ejecutivo también necesitará contar, previsiblemente, con el apoyo de ERC, PNV y EH Bildu para culminar la reforma de la ley mordaza, que se encuentra ahora mismo en la recta final de su tramitación en el Congreso. A mediados de enero, el Gobierno y sus socios nacionalistas e independentistas ya acordaron apoyar una serie de enmiendas, aunque aún deben terminar de limar diferencias en algunos de los aspectos más discutidos de la norma, como es el caso de la identificación de personas o los controles en la vía pública.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios