El Congreso reactivó hace unos días la tramitación de la ley de libertad sexual, comúnmente conocida como ley del 'solo sí es sí', tras superar en octubre los vetos de PP y Vox. Encarrila así su camino hacia la aprobación, si bien éste se prevé arduo y no exento de negociaciones para tratar de alcanzar el consenso en torno a uno de los puntos que ha generado más disparidad, incluso entre los propios socios de Gobierno: la penalización del proxenetismo.
A punto de cumplirse dos años desde que el Consejo de Ministros diera luz verde al anteproyecto en marzo de 2020, la norma -basada en el consentimiento expreso y en la eliminación de la distinción entre abuso y violación- está siendo ahora debatida en la Comisión de Igualdad, junto a las más de 400 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
Entre otros puntos, la futura ley aborda una reforma del Código Penal para retomar la tercería locativa eliminada por el Gobierno de Felipe González en 1995, la cual persigue a la industria proxeneta y, en concreto, castiga a quien "destine un inmueble, local o establecimiento, o cualquier otro espacio, abierto o no al público, a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento".
Y es que la abolición de la prostitución ha pasado a ser una de las nuevas prioridades del Ejecutivo, según manifestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de clausura del 40 Congreso Federal del PSOE. Se plasma en el articulado de esta norma, conscientes de que será la primera en salir adelante, pero también en otras iniciativas, como la ley de trata en la que trabajan conjuntamente los socialistas y Unidas Podemos. No obstante, la eterna brecha en el feminismo respecto a esta cuestión ha vuelto a ponerse en relieve con la ley del 'solo sí es sí', y a los párrafos relativos a la prostitución.
Una quincena de enmiendas
De hecho, solo los dos puntos concretos en los que se hace mención expresa a este asunto acumulan una quincena de enmiendas. Hasta el propio PSOE registró una enmienda individual para endurecer la tercería locativa, incluyendo un "castigo al proxenetismo en general", ampliando las penas de prisión de 1 a 3 años y multas de 12 a 24 meses (está ahora en multas de 6 a 18 meses) y eliminando la referencia a la explotación. Consideran los socialistas que este apartado no es lo suficiente ambicioso y no ataca lo suficiente a los que se lucran de la prostitución.
Otros partidos, como EH Bildu y PNV consideran que penalizar a quien alquile o ceda un local o vivienda para ejercer la prostitución no debería estar en esta ley, sino en una específica. "Es un tema complejo que exige un debate amplio con la participación de las mujeres que ejercen la prostitución, y no se puede zanjar con dos artículos en una ley que nada tiene que ver con la prostitución", defiende EH Bildu en su enmienda.
Por el contrario, Junts, en Comú y ERC, exigen también la supresión de la tercería locativa, pero porque consideran contradictorio que una ley que tiene como pilar el consentimiento expreso, no puede introducir una "excepción" a este consentimiento "en un tema complejo como es la prostitución o el trabajo sexual", el cual aseguran que además se aborda "solo parcialmente".
"En ningún caso esta ley puede representar un paso atrás en los derechos de las mujeres y desde el punto de vista feminista, si se pretende garantizar la libertad de las mujeres o de las personas trans a la hora de disponer de su cuerpo, la ley entra en una absoluta contradicción porque, por un lado, proclama la libertad en este sentido, pero por el otro, agrava la situación, impidiendo el acceso a unos espacios que les garanticen seguridad y llegando al extremo de poner en peligro la propia vivienda, perpetuando las situaciones de vulnerabilidad, discriminación y estigmatización", aseguran las formaciones catalanas.
Su enmienda va muy en línea con la registrada también por los comunes, que aseguran que la modificación de estos artículos "mantiene" y "refuerza" la "falta de consideración" hacia el consentimiento y la "capacidad de autodeterminación" de las personas que ejercen la prostitución. "Contribuye a reforzar el estigma de la prostitución y a dificultar la distinción entre prostitución voluntaria y prostitución forzada", alegan en el documento, añadiendo que la penalización de este tipo de conductas ha demostrado acarrear efectos "muy perjudiciales" como la clandestinización o el empeoramiento de las condiciones de trabajo
En todo caso, habrá que ver cómo se desenvuelve la negociación de la ponencia y si se logra llegar a un punto medio para que el texto continúe su tramitación y llegue a ser debatido en el Pleno Congreso, lo cual se espera que ocurra en el mes de marzo. Después, pasará al Senado.
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