El Gobierno impulsa un Plan contra la Trata para mejorar la protección de las víctimas y desincentivar la prostitución

Día Internacional de la Trata.
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El Ministerio del Interior presentó este miércoles un 'Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023', con el objetivo de reforzar la lucha contra esta lacra, mejorar la protección de las víctimas y desincentivar la prostitución en España. "Es un plan ambicioso que pretende cubrir no solo la lucha contra este delito, sino también la adecuada asistencia y protección a sus víctimas", señaló el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, durante la presentación de la estrategia.

En línea con lo que ya se venía avanzando desde la Moncloa, el plan sitúa a la víctima en el centro, facilitando así el acceso a los servicios públicos y la atención ante situaciones de vulnerabilidad. Aborda también la prostitución, pero desde el punto de vista de la demanda y, por tanto, de los consumidores de ese servicio. Así, tal y como ya avanzó el Ejecutivo, van a impulsar campañas para sensibilizar a la población y "en especial" a los que demandan estos servicios. Una acción que, según prevé Interior, "debe permitir en el medio y largo plazo acabar con dicha explotación". 

La erradicación de la prostitución en España es uno de los compromisos del actual Gobierno ratificado justo esta semana por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. "Nuestra idea es abolir la prostitución y acabar con esa lacra que afecta de manera mayoritaria a mujeres y niñas", declaró este martes tras presentar el nuevo Plan Estratégico Nacional.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reafirma el compromiso del Gobierno de abolir la prostitución.

En definitiva, la estrategia de Interior fija cinco objetivos prioritarios troncales: detección y prevención de la trata de seres humanos; identificación, protección y asistencia de las víctimas de esta lacra; persecución de los delitos y de las personas que se lucran con ella; cooperación internacional con los países de origen de las víctimas; y formación de los profesionales que estén en contacto con ellas. 

Desincentivar la demanda

Sensibilizar a la población y "especialmente" a las personas que demandan los servicios de las víctimas explotadas es una de las prioridades del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. "Lamentablemente, la trata y la explotación se alimentan de esa demanda, lo que genera una oferta creciente de los citados servicios", reza el documento al que ha tenido acceso 20minutos. Por ello, una de las líneas del plan pasa por impulsar campañas en todos los canales de difusión y trasladar la realidad y las consecuencias de esta lacra a los jóvenes a través de los centros educativos. Con el mismo fin, el Ejecutivo propone desincentivar "cualquier publicidad o incitación al consumo de servicios sexuales" con distintas medidas, como la aplicación de normas deontológicas destinadas a las empresas publicitarias.

Plantean también actuaciones dirigidas a las víctimas para que "tomen conciencia de su situación" y tengan "confianza" en las autoridades e instituciones políticas. En ese marco, se hace hincapié en la necesidad de mejorar las herramientas y mecanismos para una detección temprana de las víctimas, que pretenden intensificar en determinados contextos, como las llegadas irregulares. "Todo ello vinculado a una continua mejora de la formación de aquellos profesionales que pueden entrar en contacto las posibles víctimas, incluyendo el ámbito de la protección internacional", destaca el texto.

Ley contra la Trata y otras medidas de protección

En medida de protección y asistencia, la estrategia pone a las víctimas en el centro de todas las políticas y acciones en la lucha contra la trata. Para ello, consideran "esencial" promover una ley integral que contemple "todas las finalidades de la trata" y que garantice la coordinación con otras áreas, tales como la protección internacional y la regulación de extranjería o los sistemas de protección de menores.

PSOE y Unidas Podemos ya avanzaron a finales de diciembre que iban a registrar una iniciativa contra la trata en el mes de enero. Según confirmaron a este periódico, la futura ley incluirá también un Plan de Inserción Sociolaboral para mujeres en contextos de prostitución y explotadas sexualmente. La meta, subrayaron, es extender la protección a todas las víctimas, incluso si estas se encuentran en una situación administrativa irregular. 

En el documento también se recoge la urgencia de mejorar los mecanismos de detección y protección de las víctimas. Entre otras medidas, proponen desarrollar una Plataforma Nacional para agilizar el acceso a los recursos, crear una oficina nacional de atención y asistencia a víctimas de trata, y promover la creación de un fondo económico específico para esa atención.

Abogan también por una reforma de la Ley de Testigos y Peritos de 1994, para proteger a los que guarden relación con la delincuencia organizada; y por la elaboración de un Programa de Protección de Testigos que prevea los mecanismos para ocultar, reubicar y, en casos extremos, cambiar la identidad -total o parcialmente- del testigo.

Reforma del Código Penal y formación a policías y jueces

Otro de los objetivos plasmados en el Plan es el de "neutralizar" los entramados criminales que promueven esta lacra y obtienen "enormes beneficios" con ella, mediante medidas "muy concretas" en los ámbitos policial y judicial. Desde el Gobierno reconocen que en los últimos años se ha experimentado una "creciente especialización" de las fuerzas y cuerpos de seguridad, jueces y fiscales. Sin embargo, consideran que es necesario reforzar esa formación para optimizar su respuesta.

Todo ello, añade, debe estar apoyado por una "adecuada y contundente reforma legislativa" que facilite la persecución de estos delitos. De este modo, pretenden reformar el Código Penal en lo que respecta a los delitos de prostitución y corrupción de menores, incluyendo "todas las manifestaciones del proxenetismo propio, impropio o asimilado".

Fortalecer la cooperación

En ese marco de mejora de la identificación y la protección de las víctimas, el Plan plantea fortalecer los mecanismos vigentes para actualizar o desarrollar actuaciones en todos los ámbitos de la trata de personas, pero en especial en la explotación sexual y el trabajo forzoso. Así, abogan también por potenciar la cooperación internacional con los países de origen y tránsito de las víctimas, y destacan la necesidad de contar con el "apoyo" de los organismos internacionales.

La esclavitud del siglo XXI

La trata de personas, llamada "esclavitud del siglo XXI", es un fenómeno global. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), en 2018 se registraron 49.000 víctimas, de las cuales el 65% eran mujeres y niñas. La forma más extendida, con una amplia diferencia, es la explotación sexual (un 50% del total), seguida de la trata con fines de trabajo forzoso (38%) y otras formas como la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Europa occidental y del sur representan una zona de destino y tránsito, siendo España uno de los focos de trata con fines de explotación sexual. Según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), entre 2017 y 2020, del total de víctimas, un 59% lo eran con esta finalidad. "Esta situación ha derivado en que se ha convertido en una de las actividades criminales más rentables en nuestro país", alerta Interior.

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