El eterno debate sobre la prostitución ha vuelto a pasar a primer plano. Esta vez, según aseguran los 'socialistas', para zanjarlo mediante una única solución: su ilegalización. La ley del 'solo sí es sí', en tramitación parlamentaria, y los compromisos reafirmados recientemente por el PSOE han reactivado un tema que, aunque suscita controversia con sus socios de Unidas Podemos, ha logrado colocar a ambos en la misma casilla de salida: la erradicación de la explotación sexual en España. 

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La abolición es una de las nuevas prioridades del Ejecutivo. Tal y como se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de clausura del 40 Congreso Federal del PSOE, el objetivo es elaborar una ley que prohíba la prostitución en España durante esta legislatura. Se fijan para ello en el modelo francés, aprobado en 2016 y basado en tres pilares: la despenalización de las mujeres que ejercen la prostitución y el reconocimiento de su status de víctima; la persecución de los proxenetas y penalización los clientes; y la sensibilización y concienciación de la sociedad con el asunto.

"Los y las socialistas queremos dotar a nuestro país de un marco legal que acabe con la prostitución y articule una respuesta integral para las mujeres que han sido víctimas de esta esclavitud del siglo XXI. Que ponga el foco en quienes acuden a la prostitución para acabar con la mayor expresión de vulneración de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el mundo", reza el texto de la última ponencia marco del PSOE, en el que también se declara de forma expresa y directa como un "partido abolicionista".

Desde el seno del Gobierno son conscientes de que es una norma que despierta todavía mucha polémica, pero demuestran tener mucha seguridad en que, a la hora de la verdad, contarán con el apoyo de su socio de investidura. "Creo que Unidas Podemos y el PSOE, y creo que también una amplia mayoría de las Cortes, está a favor de eliminar la esclavitud de las mujeres", aseveró Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser. 

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Dentro del partido de Unidas Podemos no hay un consenso claro. Entre sus miembros se mantiene el debate entre abolicionismo o regulación de la prostitución. Sí que se han pronunciado al respecto algunos miembros de la formación 'morada'; sobre todo desde el ministerio de Igualdad que, aunque contempla a pies puntillas la posible ilegalización mediante una nueva norma, defiende ante todo la "necesidad imperiosa" de sacar adelante una ley con la que se combata "todas" las violencias que se ejercen contra las mujeres, recalcó la ministra Irene Montero. 

Iniciativas que abordan el tema

No obstante, todavía no ha quedado claro si, de llevarse a cabo, la ilegalización se abordará mediante una ley nueva o a través de la modificación de las que ya están en tramitación parlamentaria. Montero ya ha dejado caer en diversas ocasiones que la opción más efectiva y rápida a corto plazo -teniendo en cuenta que les quedan dos años de legislatura- es tratar de erradicar la prostitución a través de los proyectos ya iniciados.

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En ese sentido precisamente se enmarcan las iniciativas legislativas puestas en marcha por el departamento de Montero: el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la Libertad Sexual -más conocido como la ley del 'solo sí es sí'- y la norma acordada entre PSOE y Podemos contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. 

En el articulado de la ley del 'solo sí es sí' se introdujo la tercería locativa en el Código Penal, que sanciona, con pena de prisión de uno a tres años, a quien destine "un inmueble u otros espacios asimilables" a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, con o sin su consentimiento. También en esta norma se contempla la sanción tanto al que impone la prostitución (con penas de tres a seis años), como para el que se "lucre" explotándola (de dos a cuatro años de cárcel).

"Además, desde el ministerio de Igualdad, junto con el de Trabajo, se va a poner en marcha por primera vez en España un Plan de Inserción Sociolaboral para mujeres que son víctimas de trata y explotación sexual, y también mujeres en contextos de prostitución que quieran una alternativa vital", explican fuentes del ministerio de Igualdad a 20minutos.

Eso sí, la ministra dejó claro que para que ese plan sea una realidad, debe ir acompañado de una "ineludible" reforma de la Ley de Extranjería, para que las víctimas de la trata puedan denunciar a su explotador sin miedo a ser expulsadas de España. El objetivo es "regular su situación administrativa" para que tengan acceso a los derechos "más fundamentales"; como la vivienda, el trabajo, abrir una cuenta bancaria, tener acceso a la sanidad, a la educación o a la justicia, entre otros.

Y es que, según el informe de Médicos del Mundo, 'La prostitución como forma de violencia de género', alrededor del 80% de las 350.000 mujeres que -se estimó- están en situación de prostitución en España son extranjeras en situación irregular. Una cifra que, según la ONG, "evidencia" la conexión evidente entre prostitución y migración. 

"No podemos ser el país europeo con más demanda"

"Necesitamos urgentemente una ley integral si queremos avanzar en esto, que supone una violencia brutal contra mujeres y niñas", afirma a 20minutos Rocío Mora, coordinadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). 

Mora celebra que se estén planteando medidas para "avanzar", pero teme retroceder haciendo resurgir el debate sobre los distintos posicionamientos. "No podemos ser el primer país europeo que más demanda a mujeres y niñas para ser inmersas en la prostitución, y el tercero a nivel internacional", denuncia. Desde su organización exigen dos acciones fundamentales: que "todas las formas de proxenetismo" se penalicen, no solo la tercería locativa, y acometer el tema de la demanda. 

El 39% de los ciudadanos en España han demandado alguna vez servicios de prostitución, tal y como recoge APRAMP en la guía sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. "Es medianamente imposible avanzar si no desmantelamos la industria del sexo y a todas las personas que están manteniendo en la perpetua indefensión y violencia a millones de mujeres", asegura Mora, incluyendo en ese grupo a los clientes que, "en la mayoría de ocasiones, saben perfectamente en qué situación se encuentran estas mujeres y, a pesar de ello, siguen ofreciendo una cantidad mínima de dinero, que incluso a veces son hasta bocadillos". 

"Muchas veces se confunde el abolicionismo con el prohibicionismo"

Así, descartan desde la organización cualquier argumento que abogue por la regularización de la prostitución, pues consideran que no es más que una "legitimación del crimen organizado". 

El sindicato de prostitutas denuncia que la propuesta de abolición dejaría en la calle a 400.000 trabajadoras sexuales

Esta misma semana, la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (Otras), Concha Borrell, declaró en una entrevista a Efe que la aplicación de una futura ley abolicionista dejaría en la calle a 400.000 mujeres que están practicando la prostitución a día de hoy. "Mientras el abolicionismo quiere eliminar la práctica pero no se olvida de dar ayudas a las afectadas, al prohibicionismo del PSOE, lo que pase con nosotras mañana le da igual", ha asegurado.

Frente a los discursos que señalan la abolición como una posible incitación a la clandestinidad, la coordinadora de APRAMP dice que sucedería "todo lo contrario". "Muchas veces se confunde el abolicionismo con el prohibicionismo", señala, recordando que lo que se pretende impulsar es considerar como víctima a la persona que ejerce la prostitución. "Lo que se está valorando es que el consentimiento o no de la prostitución es totalmente inválido, porque está vulnerado por coacción, violencia y miedo". 

"Yo creo que quien apoya legalizarlo se está poniendo del lado de quien está obteniendo el máximo beneficio", concluye, negando que un estado democrático de derecho pueda "legitimizar el crimen organizado y la esclavitud de un ser humano".