La ministra de Igualdad, Irene Montero, evitó este miércoles valorar si el Gobierno debe promover una ley para abolir la prostitución y sancionar a los clientes, tal y como propuso el PSOE el pasado fin de semana en su Congreso Federal. Pero Montero sí señaló en el Congreso que el Estado tiene una "primera tarea" prioritaria con respecto a las "mujeres en contextos de prostitución: garantizarles "vías efectivas de autonomía económica que les permitan vivir una vida digna" y "alternativas" que permitan "erradicar la explotación sexual y la trata".

Así se pronunció la ministra de Igualdad en su comparecencia en la comisión del ramo del Congreso, a petición de varios grupos parlamentarios y celebrada apenas unos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometiese poner fin a una práctica "que esclaviza a las mujeres en nuestro país". Montero nunca ha ocultado que es partidaria de abolir la prostitución, pero en Unidas Podemos -y también en el movimiento feminista- la posición que debe asumirse con respecto a este asunto genera debate.

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La ministra afirmó ser consciente de que el Congreso aún "debe debatir sobre cuáles son las mejores vías para garantizar los derechos de las mujeres en contextos de prostitución y para acabar con la impunidad de la industria proxeneta". "Pero también creo que hay un amplio consenso en que es el momento de dejar de mirar para otro lado con todas las mujeres que son víctimas de trata y explotación sexual en nuestro país", apuntó en contraposición Montero. Y eso implica, dijo, "dar alternativas" a estas personas.

"Sus derechos tienen que estar garantizados de forma efectiva y eso pasa porque puedan acceder a alternativas laborales, habitacionales, formativas y vitales", planteó la titular de Igualdad, que insistió en que "a todas ellas es preciso garantizarles vías efectivas de autonomía económica que les permitan vivir una vida digna". Especialmente cuando, recordó Montero, "entre el 70 y 80% de esas mujeres" que se prostituyen "están en situación administrativa irregular". 

Para cumplir este objetivo, la propuesta de Igualdad es "reformar la ley de extranjería" para regularizar la situación de todas estas mujeres víctimas de trata. "Es imperativo", sostuvo Montero, para que "puedan acceder en plenitud a sus derechos más fundamentales como mujeres y de su propia existencia: trabajo, vivienda, salud y educación". "Mi pretensión no es resolver un debate histórico en el feminismo", el de abolir o regular la prostitución, "pero yo tengo la obligación, como ministra, de no mirar hacia otro lado", zanjó.

La reforma de la ley del aborto

Montero también se refirió a la intención de Igualdad de reformar la ley del aborto para garantizar el acceso a este derecho, que en la mayoría de las ocasiones se ejerce en clínicas privadas ante la dificultad de las mujeres para encontrar médicos en el sistema público que accedan a realizar la intervención. "No nos podemos permitir que casi el 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practique en clínicas privadas y que además las mujeres que acuden a esos centros sean hostigadas por grupos antiabortistas", planteó la ministra, que en las últimas fechas ha abogado por establecer un registro de médicos objetores de conciencia como vía para garantizar que se pueda abortar en todos los hospitales públicos.

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"¿Se imaginan, señorías, que van al hospital porque les duele el pecho o respiran con dificultad pero no hay ni un solo cardiólogo o ni un solo neumólogo que pueda atenderlas? Pues eso lo sufren diariamente numerosas mujeres que desean abortar y que no pueden hacerlo", ejemplificó Montero, que cargó contra el uso "perverso" que, sostuvo, se hace del "derecho constitucional y legítimo a la objeción de conciencia" con el fin de "limitar e impedir el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad". "Armonizar ambos derechos es un objetivo prioritario de la reforma que estamos abordando", señaló.

La reforma de la ley del aborto también incluirá, adelantó la ministra de Igualdad, la prohibición de los "mal llamados vientres de alquiler". A juicio de Montero, esta práctica supone una "explotación reproductiva", y como tal "será reconocida como forma de violencia contra las mujeres en la ley". La primera propuesta formal de Igualdad para esta reforma se presentará en diciembre, anunció Montero.