Memoria democrática, el fin de la ley mordaza o los secretos oficiales: el Congreso acumula 39 normas pendientes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.
EFE

El Congreso no retomará su actividad a pleno rendimiento hasta febrero, pero este nuevo año comienza en la Cámara Baja con varias decenas de iniciativas legislativas pendientes de seguir y, en algunos casos, finalizar su tramitación. Sin contar los decretos aprobados pero que se han tramitado posteriormente como proyectos de ley, los diputados tienen en sus cajones un total de 39 iniciativas que comenzaron a tramitarse en algún momento de la legislatura, pero que o bien aún están pendientes de aprobación, o bien están siendo bloqueadas por la Mesa. Y varias de ellas protagonizarán la acción legislativa en el año que acaba de comenzar.

Entre las iniciativas que tienen aún camino por delante para ser aprobadas se cuentan la ley del 'solo sí es sí', la reforma del Código Penal para penar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas abortivas o la reforma de la ley mordaza. De aquellas que se encuentran bloqueadas, la más señera quizá sea la reforma de la ley de secretos oficiales -planteada por el PNV pero que el Gobierno rechaza en favor de su propia reforma, aún sin definir- o la derogación de delitos como el de injurias a la Corona.

Previsiblemente, algunas de las normas pendientes no tendrán muchos problemas para ser aprobadas. Otras, por el contrario, generan roces entre el Gobierno y sus socios parlamentarios o dentro del propio Ejecutivo. La ley de memoria democrática, por ejemplo, ha sido paralizada por PSOE y Unidas Podemos para tratar de resolver las diferencias que mantienen con ERC, que busca grandes cambios en la propuesta. Y la ley de protección de la libertad de expresión ya provocó hace unos meses un encontronazo entre los socialistas y Unidas Podemos, que se acusaron mutuamente de querer apuntarse un tanto sacando varios delitos del Código Penal.

La tipificación del acoso en clínicas abortivas

La iniciativa que se encuentra en el Congreso que más cerca está de convertirse en ley es la destinada a incluir en el Código Penal el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para ejercer su derecho a interrumpir su embarazo. El único trámite que le queda a la norma por superar es su aprobación en el Pleno, algo que parece sencillo después de que, hace unas semanas, todos los grupos parlamentarios se mostrasen en comisión favorables a la medida a excepción de PP y Vox. 

De ser aprobada definitivamente -para lo que tendría que recibir luz verde del Congreso y, posteriormente, del Senado-, el Código Penal recogería que todos aquellos "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos" que "menoscaben la libertad de las mujeres" que acuden a clínicas para abortar serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. La norma, además, establecerá que no será necesario que haya denuncia por parte de las víctimas para que el delito sea perseguido.

La reforma de la ley mordaza

Menos avanzada está la reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza. Hace unas semanas, PSOE y Unidas Podemos alcanzaron un acuerdo para desbloquear la iniciativa tras meses de desencuentro, y ahora el Congreso tendrá que debatir y votar las enmiendas presentadas en comisión antes de enviarla al pleno. Entre las medidas que previsiblemente incluirá la nueva normativa, se limitará a dos horas del tiempo del que dispondrá la Policía para las identificaciones en comisaría -ahora el máximo son seis horas-, las multas serán proporcionales a la renta y a la edad del sancionado y no será obligatorio comunicar la celebración de manifestaciones que no estuvieran planificadas de antemano.

La reforma de esta ley ha sido muy contestada por importantes sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por la oposición, que ha hecho suyas las protestas de Policía y Guardia Civil. De hecho, a finales de noviembre decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid convocados por la plataforma Jusapol para mostrar su rechazo a la nueva ley, una reforma que organizaciones como Amnistía Internacional han calificado, por el contrario, de mero "maquillaje".

La ley de memoria democrática

A diferencia de la reforma de la ley mordaza, la nueva ley de memoria democrática ha encallado en su trámite parlamentario en el Congreso. La norma se encuentra a la espera de que se debatan y voten sus enmiendas en comisión, pero hace poco más de un mes el PSOE decidió congelar durante unos meses la tramitación para intentar cerrar un acuerdo con sus aliados para atar los apoyos necesarios para su aprobación. El problema, fundamentalmente, es con ERC, que considera muy tibia la redacción impulsada por el Gobierno y que exige, entre otras cosas, que derogue parcialmente la ley de amnistía de 1977 para que puedan juzgarse lo crímenes del franquismo, algo que resulta inasumible para los partidos del Gobierno.

La ley de 'solo sí es sí'

También se encuentra a la espera de que se debatan sus enmiendas en comisión la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como ley de solo sí es sí porque basará la definición de agresión sexual en la falta de consentimiento de la víctima. El texto elaborado por el Ministerio de Igualdad, de hecho, modifica el Código Penal para unificar los delitos de agresión y abuso sexual en un mismo tipo penal, si bien esa propuesta ha generado críticas del CGPJ y el Consejo de Estado y también de la oposición. Además, aliados del Gobierno como ERC o EH Bildu han planteado enmiendas de carácter técnico en lo relativo al consentimiento y a otros asuntos que aborda la norma, como la prostitución.

La ley audiovisual

Algo más retrasada está la tramitación de la polémica ley audiovisual, que en las últimas semanas se ha colocado en el centro del debate político a causa de la negociación entre el Gobierno y ERC para incluir en la misma medidas de promoción de las lenguas cooficiales a cambio del apoyo republicano a los Presupuestos Generales del Estado. Tras varias semanas de tira y afloja en unas conversaciones que tuvieron que reabrirse cuando ya parecían cerradas, ERC ha renunciado a que las plataformas audiovisuales con sede fuera de España estén obligadas a ofrecer un 6% de sus contenidos en idiomas cooficiales, como inicialmente prometieron los independentistas. 

A cambio, sí estarán obligadas a ofrecer este porcentaje de contenidos en euskera, catalán y gallego las plataformas audiovisuales españolas, como Movistar+ o Filmin. Y, además, ERC consiguió que el Ejecutivo se comprometiera a destinar fondos públicos para incentivar a través de subvenciones y compensaciones que las plataformas extranjeras -a las que la ley no obliga- produzcan, doblen y subtitulen contenidos en estas tres lenguas. La norma tiene que estar en marcha antes de abril de 2022, según lo comprometido con la UE.

La ley de secretos oficiales

La proposición de ley del PNV para reformar la norma sobre secretos oficiales también se encuentra, formalmente, en plazo de enmiendas, pero de facto la iniciativa está completamente bloqueada y sin visos de avanzar. En junio de 2020, el Congreso dio luz verde a su toma en consideración por cuarta vez en cuatro años, después de que los anteriores intentos decayesen por las sucesivas elecciones celebradas. Pero, desde entonces, la Mesa del Congreso, con mayoría de socialistas y morados, ha prorrogado nada menos que 55 veces el plazo para presentar enmiendas, lo que en la práctica significa que la proposición de ley se ha quedado empantanada.

El Gobierno ha justificado el bloqueo de esta norma afirmando que está elaborando su propia reforma de la ley de secretos oficiales para sustituir un texto, el actual, vigente desde el franquismo y que permite que los secretos de Estado se mantengan en la sombra por tiempo indefinido. La propuesta del Ejecutivo, que están preparando ministerios del PSOE, a priori será más restrictiva que la que plantea el PNV, y establecería excepciones y salvaguardas a los plazos para la desclasificación de los documentos. Según publicó El País el pasado octubre, el primer borrador de esta norma establece que las materias más secretas estarían reservadas por un periodo mínimo de 50 años, que podría ampliarse a 60 si así se decide, frente a los 25 que establece la propuesta bloqueada en el Congreso.

La ley de protección de la libertad de expresión

Igualmente bloqueada en el trámite de enmiendas se encuentra la proposición de ley de protección de la libertad de expresión, registrada por Unidas Podemos y cuyo plazo para presentar modificaciones se ha prorrogado en 17 ocasiones, lo que ha impedido su avance. Con esta norma, los morados apuestan por reformar el Código Penal para eliminar el castigo con penas de prisión a delitos como las injurias a la Corona y a otras instituciones, la ofensa a sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo.

El bloqueo de esta iniciativa no se debe, como sí ocurre con otras propuestas, a diferencias de contenido entre PSOE y Unidas Podemos, sino que la pugna entre ambos socios de la coalición tiene que ver con quién abandera la reforma. El pasado febrero, los morados registraron su proposición de ley apenas unas horas después de que la Moncloa anunciara que una iniciativa prácticamente idéntica se promoverá desde el Ministerio de Justicia, un texto del que no se han vuelto a tener noticias. Entonces, los morados denunciaron que los socialistas se habían adelantado por sorpresa con su anuncio para apuntarse el tanto, mientras el PSOE sostuvo que Unidas Podemos buscaba protagonismo de cara a la campaña electoral para las elecciones catalanas que tenía lugar por entonces.

La reforma de la Constitución

El Congreso se encuentra tramitando una reforma puntual del artículo 49 de la Constitución para sustituir en el mismo el término "disminuidos" por "personas con discapacidad". El pasado 30 de septiembre, la Cámara Baja rechazó los intentos de PP y Vox de tumbar esta reforma antes de que comenzara siquiera a discutirse, si bien ambas formaciones cuentan con diputados suficientes para impedir la reforma -que requiere una mayoría de tres quintos del Congreso- si ninguno de los dos cambia de idea. Actualmente, la reforma se encuentra en fase de enmiendas, que ya se ha prorrogado en 22 ocasiones.

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