El Congreso de los Diputados debatió este jueves las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la proposición de ley del PSOE para reformar el Código Penal y condenar con cárcel el "acoso" a las mujeres que acuden a las clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo. Ninguno de los textos alternativos presentados ha obtenido la mayoría del Pleno -por 142 votos a favor, 205 en contra y una abstención en el del PP; y por 53 votos a favor y 295 en contra, en el de Vox-, por lo que la iniciativa continuará su tramitación parlamentaria.

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Tanto PP y Vox presentaron sendas enmiendas a la totalidad con texto alternativo, coincidiendo ambos en la "dudosa constitucionalidad" de la iniciativa y acusando a los socialistas de querer vulnerar los tres derechos fundamentales de reunión, libertad de expresión y libertad ideológica.

"Tiene el PP el triste balance de ser el partido que se ha opuesto sistemáticamente al reconocimiento de los derechos de las mujeres en este país. Hoy materializan una vez más esa oposición sistemática a las mujeres", lamentó la parlamentaria socialista Laura Berja. "¿Lo de Vox? Lo esperado. ¿Lo del PP? Tristemente lo de siempre", añadió.

Durante su intervención en la Cámara baja, Berja recordó que la iniciativa de su partido "viene a promover que el ejercicio de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico español, el aborto, no sea vulnerado". Poniendo como ejemplo el caso de Francia, donde existe el delito de obstaculización al aborto, la parlamentaria socialista ha denunciado que "los acosadores" que acuden a las puertas de las clínicas tienen "una sola" intención: "Coaccionar la libertad de las mujeres para impedir que ejerzan su derecho a decidir sobre su maternidad". 

Tal y como se expuso en la Proposición de Ley Orgánica presentada en mayo, con la iniciativa se pretende añadir una nueva tipificación en el Código Penal que condene -con pena de prisión de tres meses a un año, o de trabajos en la comunidad-, a quien "hostigue o coarte" la libertad de una mujer, "favoreciendo o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos". 

Se justifica la reforma alegando que, según un informe de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI), un 89% de las mujeres que acudieron a abortar se habían sentido acosadas, y un 66% amenazadas. 

PP y Vox alegan "inconstitucionalidad" y vulneración de derechos

Los representantes de PP y Vox abrieron el debate para defender sus enmiendas en el Pleno. La diputada popular, Teresa Angulo, defendió la enmienda y el texto alternativo aportado por su partido "en defensa de los derechos fundamentales de reunión y libertad de expresión", y frente al "totalitarismo de quienes utilizan las instituciones y el ordenamiento jurídico para ponerlo al servicio de sus intereses".

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Angulo criticó también que el PSOE haya recurrido a una proposición de ley para la reforma, en lugar de un proyecto de ley del Gobierno. Según sostuvo, tomaron ese camino de tramitación para "evitar" someterse al informe de órganos consultivos como el Consejo de Estado. "¿No creen que una reforma que pretende crear un nuevo tipo penal no merecía una tramitación con las máximas garantías?", ha preguntado. En conclusión, para su grupo parlamentario esta proposición es de "dudosa constitucionalidad". 

También cuestionó la legitimidad de la reforma la diputada de Vox, María de la Cabeza Ruiz, quien aprovechó su intervención para recordar la postura antiabortista de su partido. "Pueden llamar clínicas o centros sanitarios a esos lugares donde en vez de curar, se mata, y donde los sanitarios se convierten en verdugos", espetó. Asimismo, Ruiz acusó de "vulnerar" los derechos de "las mujeres que van pacíficamente a orar por las mujeres que acuden a los 'abortorios'", augurando que, "aunque consigan aprobar la reforma, más pronto que tarde será declarada inconstitucional".  

La mayoría de grupos rechazan las enmiendas

Desde Unidas Podemos se rechazó, igual que la mayoría de grupos parlamentarios, las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox. La diputada de Podemos, Sofía Castañón, condenó la inseguridad a la que se ven sometidas las mujeres cuando acuden a abortar, incidiendo en que "el acoso no es una ayuda, ni una plegaria -como señaló la diputada de Vox en el Congreso- es violencia, que solo persigue señalar" a las mujeres que se encuentran en una situación vulnerable. 

Tampoco el PNV apoyó los textos. El parlamentario Mikel Legarda negó que "actuar de policía de costumbres" sea libertad de expresión -derecho que reivindicaron PP y Vox durante el Pleno-, ni que tampoco lo es "inmiscuirse en la vida de otro contra su libertad, invadir la intimidad de las mujeres en un difícil tránsito, violentar el ejercicio de un derecho u hostigar de manera organizada".

Sara Giménez, desde Ciudadanos, advirtió sobre el riesgo de debatir unos derechos que tanto esfuerzo ha costado alcanzar y ha negado que los diputados del PP sean "liberalistas", pues aseguró que eso implica "anteponer las libertades" por encima de cualquier otro asunto. 

También Inés Sabanés, de Más País, reprochó a la derecha tratar de confundir la libertad de  expresión con la libertad de coacción sistemática "que se debe considerar una actividad delictiva" y ha urgido al Gobierno a garantizar el acceso a este derecho en la sanidad pública, igual que los diputados de ERCE, BNG y la CUP.  

"Gracias por esta iniciativa, esperamos la siguiente", ha declarado la diputada Mireia Vehí, exigiendo al Ejecutivo la "materialización concreta" del derecho al aborto. "No puede ser que sea un derecho reconocido, pero que luego las mujeres tengan que ir a clínicas privadas a abortar", añadió la parlamentaria de la CUP. 

Próximos trámites

Superada la toma en consideración en septiembre y el debate a la totalidad este jueves, la Comisión de Justicia nombrará en su seno una ponencia que redactará un informe en el plazo de 15 días. Ese documento, junto a las enmiendas que se preparen tras el debate en la Comisión, se llevará de nuevo al Pleno, donde deberá obtener la mayoría para ser así remitida finalmente al Senado.