Ha requerido más de un año de negociaciones, elaboración y trámites, pero finalmente el Gobierno ha dado este martes luz verde al proyecto de ley de vivienda y lo enviará al Congreso. Tras unas semanas de incertidumbre y retrasos, el Ejecutivo ha decidido hacer caso omiso a las críticas lanzadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la norma y comenzará a tramitarla sin hacer cambios en el texto acordado por PSOE y Unidas Podemos. Ahora, la ley llega a la Cámara Baja y allí el Gobierno deberá negociarla con los socios nacionalistas e independentistas. Y la cuenta atrás para ello ya ha comenzado, puesto que la legislación debe estar en vigor antes del 1 de octubre para cumplir con lo prometido a la Comisión Europea para el reparto de los fondos de recuperación. Es por ello que se ha elegido, además, el proceso de urgencia para su tramitación.
Este lunes, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunciaba que la ley se aprobaría sin apenas cambios, únicamente con unas modificaciones técnicas que no alteran las medidas ya anunciadas hace unos meses. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, hacía lo propio. "Se han hecho algunos ajustes, que sobre todo hacen referencia a cuestiones de técnica normativa, de perfilar y mejorar la redacción, pero no se producen cambios sustantivos", declaró ayer.
En este sentido, la responsable de Vivienda ha insistido en ese mensaje este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además de definir la ley como "histórica, rigurosa, sólida, compacta y transversal" y de asegurar que "no va en contra de los propietarios, sino de la especulación", ha señalado que "entiende perfectamente" las "funciones consultivas del CGPJ", pero también "cuál es el ámbito" de ese informe crítico. Sánchez ha explicado que el órgano de Gobierno de los jueces "debía circunscribirse a tres artículos", algo que, ha dejado caer, no ha hecho. Además, ha contrapuesto la "falta de competencias" que alegan los jueces con la Constitución Española, pues ha citado que el Estado tiene "competencia exclusiva a la hora de garantizar que los ciudadanos disfrutan de sus derechos, como el de la Vivienda".
Así, esos cambios "sustantivos" se basan en argumentar, en la exposición de motivos del articulado y en disposiciones adicionales, que el Gobierno "no invade ninguna competencia autonómica" porque, además, "las reconoce y pone a su disposición todas las herramientas", como el control de alquileres. Belarra, por su parte, ha señalado que "los intereses económicos y políticos" contra la ley "son muy fuertes" pero que con ella se superará "una burbuja hipotecaria que ha dejado tras de sí el desahucio de miles de familias".
Eso implica que tanto el marco regulatorio para permitir a las comunidades tomar medidas para contener el precio de los alquileres como el propio funcionamiento del mecanismo de regulación de precios, los dos puntos de la ley más criticados por el CGPJ, quedarán inalterados y pasarán al Congreso para ser debatidos. El Gobierno no hace nada ilegal ni infrecuente, ya que el informe del órgano de gobierno de los jueces no es vinculante y el Ejecutivo únicamente está obligado a solicitarlo, pero no a obedecerlo. Pero, con su rechazo a modificar la norma, se expone a los recursos ante el Tribunal Constitucional que ya han anunciado PP y Vox.
Condición para recibir 6.900 millones
Sea como fuere, con su aprobación este martes, el proyecto de ley de vivienda pasará al Congreso para comenzar a tramitarse allí. El Gobierno cuenta con ocho meses para completar con éxito este proceso, ya que lo pactado con Bruselas es que la norma tiene que estar en vigor, como tarde, el 30 de septiembre de este año. Ese compromiso forma parte del programa acordado para poder acceder a los fondos europeos de recuperación y, de hecho, que la ley salga adelante sin complicaciones es uno de los requisitos para que España solicite durante el tercer trimestre de este año un tramo de 6.900 millones de euros de este paquete de ayudas.
Previsiblemente, el Gobierno tendrá que enfrentarse a un duro proceso de negociación para que la norma termine siendo aprobada. Los socios nacionalistas e independentistas del Ejecutivo han mostrado sus reservas en relación a una ley de vivienda que consideran demasiado tibia, especialmente en lo relativo al mecanismo de regulación de los alquileres, y han exigido modificaciones para prestar su apoyo al texto. A diferencia de lo ocurrido con la reforma laboral, en esta ocasión PSOE y Unidas Podemos sí se han mostrado abiertos a negociar cambios, aunque el pacto fue tan difícil de labrar que cualquier modificación vendrá previsiblemente acompañada de un importante tira y afloja.
Los socios presionarán para ampliar el texto
En este sentido, los morados se han mostrado proclives públicamente a aceptar una de las exigencias de ERC, EH Bildu y otros socios minoritarios: rebajar la vacatio legis por la cual el mecanismo de regulación de precios del alquiler no entrará en vigor hasta 18 meses después de la puesta en marcha de la ley de vivienda. Tal y como se enviará este martes al Congreso el proyecto, y si se apurasen los plazos para su tramitación, ese aplazamiento implicaría que la medida estrella relativa a los arrendamientos no comenzara a aplicarse hasta abril de 2024, algo que para los socios parlamentarios del Gobierno es inaceptable.
Las formaciones nacionalistas, independentistas y progresistas que apoyan al Ejecutivo también quieren ir más allá de lo pactado en lo relativo al alcance de este mecanismo de regulación de precios, algo que parece más complicado de modificar dado lo complicado que fue alcanzar un punto de encuentro entre PSOE y Unidas Podemos. A grandes rasgos, el proyecto que comenzará este martes a tramitarse permite a las comunidades declarar zonas de mercado especialmente tensionado para, allí, congelar los precios del alquiler -en el caso de que los inmuebles pertenezcan a un pequeño propietario- o forzar su bajada -si el propietario del inmueble en alquiler es una empresa con más de 10 pisos-.
Tampoco acaban de convencer a los socios del Gobierno los incentivos fiscales incluidos a propuesta del PSOE en la ley de vivienda a los propietarios que reduzcan el precio de los alquileres en zonas tensionadas. Estos incentivos que ascenderán a una rebaja de hasta el 90% en el IRPF si el casero baja la renta al menos un 5% con respecto al contrato anterior, y el propietario, igualmente, podrá ahorrarse hasta el 70% del pago del impuesto si saca una nueva vivienda al mercado en una zona tensionada y se le alquila a un joven de entre 18 y 35 años.
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