El CGPJ denuncia que los propietarios no serán "suficientemente compensados" al limitar su alquiler por la ley de vivienda

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Europa Press

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que los pequeños propietarios que, a causa de la nueva ley de vivienda elaborada por el Gobierno, tendrán prohibido subir el precio de un alquiler situado en una zona especialmente tensionada no serán "suficientemente compensados" por las ventajas fiscales que les otorgará dicha norma. Así lo plantea el nuevo borrador de informe sobre el anteproyecto que debatirá el viernes el órgano de gobierno de los jueces, un borrador que se muestra mucho más crítico con la ley de vivienda que la primera propuesta de informe, que el CGPJ rechazó hace unos días y que consideraba que la norma "no hace irreconocible el derecho de propiedad ni niega su utilidad económica".

El nuevo borrador ha sido elaborado por dos vocales del CGPJ pertenecientes al sector conservador, después de que el pleno del órgano rechazase por amplia mayoría el primer informe, escrito por un vocal progresista. El texto, que será sometido a votación en el CGPJ el viernes, presenta objeciones de calado al mecanismo de regulación del precio de los alquileres, una de las medidas estrella de la ley de vivienda que, a grandes rasgos, permite a las comunidades declarar zonas de mercado especialmente tensionado para, allí, congelar los precios del alquiler -en el caso de que los inmuebles pertenezcan a un pequeño propietario- o forzar a su bajada -si el propietario del inmueble en alquiler es una empresa con más de 10 pisos-.

Para empezar, el borrador conocido este lunes opina que las medidas de control de los alquileres, habiendo "nacido para combatir los efectos de la pandemia", "quizás" sean inadecuadas "cuando haya decaído esta". "Siendo [un] tema constitucionalmente sensible", considera la propuesta de informe, el paquete de medidas elaborado por el Gobierno "tiene un alcance limitado y un farragoso contenido".

Asimismo, el texto hace hincapié en que "la carga patrimonial que conlleva" este mecanismo de regulación de precios "no se afronta por las administraciones públicas, sino por los arrendadores privados". Y argumenta que estos no serán "suficientemente compensados con los incentivos fiscales" que también incluye la ley para los pequeños propietarios que reduzcan el precio de sus alquileres dentro de una zona tensionada, unos incentivos que ascenderán a una rebaja de hasta el 90% en el IRPF si el casero baja la renta al menos un 5% con respecto al contrato anterior. El propietario, igualmente, podrá ahorrarse hasta el 70% del pago del impuesto si saca una nueva vivienda al mercado en una zona tensionada y se le alquila a un joven de entre 18 y 35 años.

El CGPJ, además, considera que el Gobierno no ha incluido en la ley de vivienda una "justificación suficiente" sobre por qué son necesarias las medidas de control de precios, "evaluando los beneficios sociales e inconvenientes que se pueden derivar de ellas". El borrador, en esa línea, echa de menos "un análisis empírico del resultado de medidas similares en los países de nuestro entorno –e incluso en el nuestro-", pese a lo cual el CGPJ, sin justificar su afirmación, concluye que dichas medidas tomadas en el extranjero y en algunas partes de España "han cosechado fracasos que resultan evidentes por conocidos".

Supuesta invasión de competencias autonómicas

Más allá de sus críticas al mecanismo de regulación de los alquileres, el borrador de informe reprocha al Gobierno que legisle en una materia, la vivienda, que "es una materia de titularidad autonómica". El texto señala que el grueso de la regulación en materia de vivienda, así como las políticas públicas que se lleven a cabo para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a acceder a un techo, "corresponde a cada una de las comunidades autónomas, que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas".

En este sentido, el borrador de informe advierte al Gobierno de que "el anteproyecto" de ley "puede ser una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda y de medidas sobre su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, 'la ley de vivienda' o 'del derecho a la vivienda'". Y no es la única crítica general al concepto de la norma, ya que la propuesta de informe se refiere en diferentes puntos al anteproyecto con calificativos como "sobrecargado", "contradictorio", "incongruente", "nocivo", "innecesario" e "inoportuno", entre otros. 

El CGPJ, además, considera que las directrices generales de la ley que ha elaborado el Gobierno están "imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias". Y alerta de que la legislación estatal podría chocar con leyes regionales de vivienda ya vigentes y "esa 'expropiación' de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí".

EL CGPJ lanza además en el informe un mensaje al Ejecutivo recordándole que "el alcance de la función consultiva del CGPJ no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe". Apunta el texto, en ese sentido que el Gobierno en este aspecto "carece de toda capacidad de disposición", un mensaje claramente dirigido a responder las críticas que tanto el PSOE como Unidas Podemos han realizado al órgano, al que han acusado de extralimitarse en sus funciones puesto que consideran que únicamente tendría que haberse pronunciado sobre la parte de la ley de vivienda relativa a los procedimientos de desahucio, la única que modifica una ley orgánica.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento