La reforma laboral entra en una segunda fase de negociación. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará a través de un real decreto el texto pactado la semana pasada por el Gobierno, la patronal y los sindicatos tras nueve meses de conversaciones, lo que implica que entrará inmediatamente en vigor. No obstante, ese decreto tendrá que ser convalidado en enero en el Congreso para que el texto pueda darse por definitivamente validado, y allí los habituales socios independentistas y nacionalistas del Gobierno están presionando para extender el alcance de la reforma. El Ejecutivo, en principio, no quiere tocar el acuerdo. Pero PSOE y Unidas Podemos no cierran la puerta a la posibilidad de tener que tramitar la reforma como proyecto de ley, lo que permitiría a ERC, PNV o EH Bildu presentar sus enmiendas y presionar al Gobierno.

Desde que el pasado jueves se cerrase el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, el Ejecutivo ha elogiado una reforma que, en palabras de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, no es "un retoque" sino "un cambio de paradigma fundamental" del mercado de trabajo. Tras las discrepancias de hace unos meses, PSOE y Unidas Podemos han ido de la mano en este asunto, y este lunes el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aseguraba que la reforma es "muy ambiciosa" y se mostraba convencido de que cosechará "un gran apoyo parlamentario" en el Congreso.

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No obstante, eso está aún por ver, ya que los habituales socios parlamentarios del Gobierno -ERC, PNV y EH Bildu- han decidido marcar perfil propio y han mostrado sus reservas en relación a un texto que, a su juicio, se queda corto porque no aborda asuntos como el incremento de la indemnización por despido. Ese asunto, por ejemplo, es uno de los que más han reivindicado los republicanos, mientras que los socios nacionalistas vascos insisten en que la reforma laboral deje clara la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los de ámbito estatal cuando los haya.

Son cambios que no estaban contemplados en el acuerdo de coalición y que no se han abordado durante las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos, por lo que el Ejecutivo es reacio a abrir una negociación con sus socios que aborde estas reclamaciones. La CEOE, por su parte, ha sido tajante y ha asegurado que se descolgará del acuerdo si se toca una sola "coma". "El parlamento hará lo que tenga que hacer, pero entonces no será nuestro acuerdo, será otra cosa", sostuvo este lunes su presidente, Antonio Garamendi, quien también se mostró convencido de que "el Gobierno cumplirá" y no cederá a la presión de sus socios. "No me pongo en la peor situación", planteó.

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Tras las palabras de Garamendi, los socialistas insistieron en la necesidad de que se respete lo pactado entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. “Confío en que se pueda respetar lo pactado y espero que los grupos sean conscientes del gran esfuerzo de la mesa de diálogo”, declaró el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de la Ejecutiva federal de este lunes, insistió en varias ocasiones en destacar que la reforma que se aprobará este martes en Consejo de Ministros por decreto ha sido "pactada y acordada".

Sicilia instó a los demás partidos a “escuchar” al llamamiento de los agentes sociales y aprovechó para presumir de la reforma del Ejecutivo. En su opinión, el nuevo marco laboral “nace desde el consenso” y “busca dejar atrás la precariedad”. “Apuesta por una recuperación justa, por el empleo de calidad; se generaliza el contrato indefinido, se fomenta el contrato fijo-discontinuo y se restablece el equilibrio entre trabajadores y empresarios”, añadió.

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El problema es que el Gobierno, por sí solo, no tiene la mayoría suficiente para convalidar el decreto de la reforma laboral cuando tenga que llevarlo al Congreso el próximo enero. Más allá de la oposición frontal del PP, que ha tildado de "contrarreforma" el acuerdo y ha anunciado que lo derogará en cuanto gobierne, ERC, PNV y Bildu aseguran que, en su redacción actual, no votarían a favor del texto. Fuentes de los independentistas catalanes, de hecho, dejan claras sus intenciones al recordar que la medida "aún tiene que pasar por el Congreso, lo que significa que se puede negociar". "Tenemos la voluntad de introducir mejoras en ella", porque tiene "carencias muy importantes", sostiene ERC.

La posibilidad de debatir enmiendas

Para introducir esos cambios, no obstante, los aliados del Gobierno deberán primero facilitar que el decreto con la reforma laboral sea convalidado en enero por el Congreso y, por tanto, entre en vigor en su actual redacción. Eso sí: pueden condicionar su apoyo a que el Gobierno se avenga a tramitar ese decreto como proyecto de ley, algo que es relativamente habitual en normas de calado como esta y que implica que, una vez aprobado definitivamente el decreto, la norma se tramita de manera ordinaria en el Congreso y los grupos parlamentarios pueden proponer enmiendas a la misma.

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Ni PSOE ni Unidas Podemos se pronuncian sobre esta posibilidad, pero ninguna de las dos formaciones descarta tener que utilizar esta fórmula para intentar contentar a ERC, PNV y EH Bildu. Y, aunque abrir la puerta a introducir enmiendas no implica necesariamente que tenga que aprobarse ningún cambio, sí expone al Gobierno a recibir mucha más presión de sus socios para que acepte algunas de las modificaciones que le propongan.

En este sentido, este lunes el portavoz Sicilia aseguró que el PSOE analizará "qué opciones de tramitación existen" únicamente cuando el decreto vaya al Congreso, el próximo enero. Fuentes socialistas, igualmente, rechazan que se haya abierto el debate sobre cómo tramitar la reforma laboral. “Ni siquiera ha comenzado la tramitación parlamentaria”, sostienen estas fuentes, que aseguran que están en conversaciones desde el pasado jueves con el resto de partidos políticos “para conseguir la mayoría necesaria" para aprobar la reforma laboral. 

En la misma línea, fuentes de Unidas Podemos afirman que quieren ser "prudentes" ante la posibilidad de tramitar la reforma laboral como proyecto de ley y abrir la puerta a incluir modificaciones, si bien dejan caer que esta fórmula ya se ha utilizado en otras ocasiones y recuerdan que ello no implica necesariamente tener que hacer cambios en el texto, sino que solo compromete a debatirlos. Fue el caso, por ejemplo, de la conocida como ley rider, que fue aprobada por el Congreso sin enmiendas, al contrario de lo que pasó con la ley que regula el ingreso mínimo vital, que también se tramitó como proyecto de ley tras ser aprobada por decreto y en cuya tramitación sí se aprobaron cambios de calado.