Bruselas tiene ya todo listo para entregar a España un tramo de 11.494 millones de euros de las ayudas directas que corresponden a nuestro país de los fondos europeos. Pero, para acceder a esa importante cuantía, el Gobierno tiene apenas un mes y medio para cumplir dos de los compromisos suscritos con la UE: modificar los principales aspectos de la reforma laboral del PP y aprobar con las comunidades autónomas un paquete de medidas para reforzar la atención primaria -una de las ramas del sistema sanitario que se han visto más comprometidas durante la pandemia-.
Así lo refleja el documento de "disposiciones operativas" suscrito por el Ejecutivo con la Comisión Europea, un texto que se hizo público este miércoles y que recoge los mecanismos a través de los que Bruselas comprobará que España cumple con lo prometido para acceder a los fondos europeos, aunque no incluye ningún requisito adicional a los ya pactados en junio. El Gobierno ha acordado con la UE que los 69.500 millones de ayudas directas del plan de recuperación serán entregados a España en ocho tramos, cinco de ellos durante esta legislatura, en la que se prevé que Bruselas entregue a nuestro país el 75% del total del dinero que le corresponde.
La primera fecha de ese cronograma es el último trimestre de este 2021, lo que implica que el Gobierno puede solicitar ya el pago de los casi 11.500 millones de euros del primer tramo de ayudas. Bruselas exige que el Ejecutivo demuestre que se han cumplido todos los compromisos pactados para este año para realizar el desembolso y que falte por ejecutar uno solo de ellos retrasaría la entrega del montante al que tiene derecho España.
A mes y medio de que acabe 2021, el Gobierno ha puesto en marcha casi todas las medidas que prometió a la Comisión Europea para este año. Sin embargo, ni la derogación de la reforma laboral, ni la aprobación de un plan para mejorar la atención primaria, ni la entrada en vigor de la primera parte de la reforma de las pensiones se han cumplido todavía, y son requisitos indispensables para acceder a los fondos. Esta tercera medida es la que más avanzada está. España le prometió a la UE tener en el BOE antes de final de año el "mecanismo de revalorización que vincula las pensiones a la inflación" y poner en marcha los "incentivos" económicos para retrasar la edad real de jubilación y acercarla a la cifra legal de 67 años. La reforma se está tramitando ya en el Congreso y, previsiblemente, será aprobada antes de 2022.
Esa reforma de las pensiones, no obstante, es tan solo la primera parte, la que recoge los puntos menos controvertidos. España se ha comprometido con Bruselas a aprobar la segunda parte de esta reforma del sistema de pensiones antes de 2023, y en ella, según lo comprometido con la Comisión Europea, deberá incluir medidas como la extensión del periodo de la vida laboral que se utiliza para calcular la cuantía de la prestación, un asunto espinoso que cuenta con la oposición frontal de los sindicatos.
La reforma laboral, encallada
En cualquier caso, ese es un asunto para el que el Gobierno aún cuenta con un año de margen. No ocurre lo mismo con otra negociación que, en las últimas semanas, se ha enquistado tras la entrada en escena de los ministerios de Economía y Seguridad Social: la de la reforma laboral. Lo previsto era que la negociación con patronal y sindicatos terminase este mes de noviembre para que la legislación fuera aprobada por decreto en diciembre y convalidada por el Congreso con tiempo. Pero aún no hay acuerdo, y las últimas reuniones han revelado serias diferencias a resolver.
El documento pactado por el Ejecutivo con Bruselas desgrana en cuatro medidas fundamentales los pilares de la nueva legislación laboral que España se ha comprometido a poner en marcha, precisamente las cuatro materias sobre las que hay negociaciones en marcha desde hace meses: la lucha contra la temporalidad, el reequilibrio de la negociación colectiva, la reforma de la subcontratación y el nuevo mecanismo permanente de ERTE. Este martes, no obstante, patronal y sindicatos rechazaron conjuntamente el nuevo modelo de ERTE propuesto por el Gobierno.
Tanto trabajadores como empresarios avisaron de que esta nueva propuesta, con tan poco tiempo para negociar, genera muchas dudas y "pone en riesgo" el acuerdo sobre la reforma laboral, en palabras de CCOO. La semana pasada, en la primera reunión junto a Economía y Seguridad Social, Trabajo, sindicatos y patronal tampoco lograron acabar de zanjar las medidas para combatir la temporalidad, aunque siguen negociando cómo endurecer los requisitos que se exigen a las empresas a la hora de hacer contratos temporales a empleados a los que fichen para sustituciones o por circunstancias sobrevenidas de la producción, las dos modalidades de temporalidad que se contempla incluir en la nueva reforma laboral.
La atención primaria y la Agencia Tributaria
España, asimismo, aún tiene que poner en marcha el "Plan de Acción para la atención primaria y comunitaria", que el Gobierno prometió a Bruselas que aprobaría antes de fin de año junto a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad. El "principal objetivo" de este plan, explica la documentación pactada con la UE, "es reforzar la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud, con el fin de ofrecer respuestas más eficaces a los problemas de salud emergentes, mejorar la experiencia individual de la asistencia universal, prevenir las enfermedades y aumentar la capacidad de la atención primaria para resolver problemas de salud".
El jueves pasado, el Ministerio de Sanidad celebró la primera reunión del grupo de trabajo diseñado para aprobar un plan que debe estar en marcha antes de fin de año. En octubre, Sanidad confirmó con las comunidades que el programa debe estar en marcha antes de fin de año y concretó que tendrá dos patas: una presupuestaria, de aumento de las plantillas -que dependen, no obstante, de las comunidades autónomas- y de fomento de los programas de investigación, y otra consistente en "la actualización y adaptación de la formación sanitaria especializada para la atención primaria".
Por último, otro de los compromisos aún por cumplir tiene que ver con el Ministerio de Hacienda y, concretamente, con la Agencia Tributaria. España se comprometió con la UE a aumentar la plantilla de la agencia en casi 1.000 personas con respecto a 2020, y fuentes de Hacienda aseguran que, aunque aún no se han cerrado todas las contrataciones, el objetivo se va a cumplir. Lo mismo ocurrirá, afirman estas fuentes, con un segundo compromiso: aumentar el número de investigaciones tributarias abiertas para detectar actividades no declaradas.
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