El Gobierno pacta con Bruselas poder acceder al grueso de la parte directa de los fondos europeos para la recuperación, la que no tendrá que devolverse, antes de que termine la legislatura. Si España cumple todos y cada uno de los compromisos suscritos con la UE en el Plan de Recuperación validado por la Comisión Europea -entre ellos la reforma laboral o la de pensiones-, Bruselas ha acordado con el Ejecutivo desembolsar un total de 51.722 millones de euros -de un total de 69.500- hasta el tercer trimestre de 2023, el último antes de que se celebren las elecciones. Eso supone que, si no hay adelanto electoral, casi el 75% de los fondos europeos llegarán a España en esta legislatura.

Así lo refleja el cronograma pactado entre la Comisión Europea y el Gobierno e incluido en el documento de "Disposiciones Operativas", que recoge el mecanismo concreto a través del cual Bruselas fiscalizará que España cumple con los compromisos que ya le aprobó el pasado mes de junio. Ese acuerdo fue publicado este miércoles, después de varias semanas en las que el líder del PP, Pablo Casado, acusó al Ejecutivo de haber cerrado un "pacto oculto" con la UE con compromisos diferentes a los anunciados hace meses. El texto reitera los compromisos ya conocidos y, como principal novedad, detalla el método que utilizará Bruselas para confirmar que, efectivamente, estos se han puesto en marcha.

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Dicho cronograma de pagos establece el calendario en el que España, "una vez cumplidos los hitos y objetivos acordados" para cada periodo temporal, podrá solicitar la llegada del dinero. La primera de esas solicitudes podrá hacerla ya mismo, el cuarto trimestre de este 2021, aunque antes deberá demostrar que ha puesto en marcha las medidas prometidas para antes de final de año, entre las cuáles se cuenta la reforma laboral, que apura sus últimas semanas de negociación con patronal y sindicatos entre nuevos escollos. Si Bruselas considera cumplidos los compromisos -para lo que pide que la norma esté publicada en el BOE y que el Gobierno le envíe un resumen de la misma-, desembolsará un primer paquete de 11.494 millones de euros.

La segunda entrega de fondos podrá ser solicitada por el Gobierno apenas tres meses después, el primer trimestre de 2022. Si es aprobada por la UE, España recibirá 13.793 millones de euros, aunque para ello el Ejecutivo deberá aportar pruebas a Bruselas de que ha puesto en marcha para esa fecha compromisos como la mejora del ingreso mínimo vital -anunciada hace unas semanas-, la aprobación de la polémica ley audiovisual -cuyo contenido negocia el Gobierno con ERC para aprobar los Presupuestos-, o el "análisis" de una posible reforma del impuesto de matriculación, el de circulación o los peajes en las autovías.

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En el tercer trimestre del año que viene, la cantidad de fondos europeos a la que aspira España es menor: 6.896 millones de euros. Pero solo medio año después, en el primer trimestre de 2023 -previsiblemente ya en un ambiente de precampaña electoral-, el Gobierno podrá solicitar 11.494 millones de euros más a la UE. Para acceder a ellos, tendrá que haber abordado la segunda parte de la reforma de las pensiones, la más controvertida y la que está ya generando contestación de los agentes sociales. 

En este sentido, y tal y como publicó 20minutos el pasado junio, el Gobierno prometió a Bruselas que abordaría la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión más allá de los actuales 25 años antes de terminar 2022, lo que conduciría a una rebaja de su cuantía media. Concretamente, el documento pactado con la UE contempla para esa fecha la puesta en marcha del "ajuste del periodo de cómputo, extendiéndolo para el cálculo de la pensión de jubilación". Y, para esa misma fecha, si quiere recibir el pago de 11.494 millones, el Gobierno tendrá que haber aprobado el aumento de la base máxima de cotización de forma "gradual", para que los sueldos más altos aporten por una parte mayor del salario que hasta ahora.

El último de los paquetes de ayudas europeas que podrá solicitar Sánchez antes del fin de la legislatura -si no hay elecciones anticipadas- es el correspondiente al tercer trimestre de ese 2023, por una cuantía de 8.045 millones de euros. Para entonces, el Gobierno habrá tenido que poner en marcha la ley de diversidad familiar que prepara el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, así como una nueva ley de servicios sociales.