Gobierno, patronal y sindicatos reanudaron este miércoles las reuniones de la mesa de negociación para la reforma laboral con la presencia, por primera vez, de dos directores generales en representación de los ministerios de Economía y Seguridad Social, que lideran Nadia Calviño y José Luis Escrivá, respectivamente. El encuentro de este miércoles se dedicó exclusivamente a discutir sobre temporalidad, y Gobierno y agentes sociales no cerraron un acuerdo definitivo. Pero esa reunión, no obstante, sirvió para constatar que, al menos por el momento, el Ministerio de Trabajo sigue llevando las riendas de las conversaciones.
El encuentro de este miércoles fue el primero celebrado después de que, este martes, el Gobierno intentara escenificar el fin de la crisis desencadenada hace dos semanas por el intento de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de asumir la coordinación de las negociaciones con patronal y sindicatos sobre la reforma laboral en su recta final. En un comunicado, el Ejecutivo se resistió a mencionar expresamente sus posiciones sobre temporalidad o convenios, pero sí asumió que la "derogación" de la reforma laboral se hará "en los términos que establece el acuerdo de coalición".
El comunicado también valida, esta vez sí de forma expresa, la negociación llevada a cabo desde el pasado marzo por Díaz con la patronal y los sindicatos, ya que califica de "positivos" los "trabajos previos". Y, al menos por el momento, el guion marcado ha empezado cumpliéndose: este miércoles, Gobierno y agentes sociales siguieron trabajando sobre el último documento de propuestas elaborado por el Ministerio de Trabajo de Díaz. Fuentes conocedoras del contenido de la reunión detallan, incluso, que los representantes de Economía y Seguridad Social apenas intervinieron.
Este miércoles, el encuentro se dedicó exclusivamente a discutir sobre las medidas a tomar para reducir la temporalidad. En su pacto de coalición, PSOE y Unidas Podemos se comprometen a abordar la "generalización del contrato indefinido", lo que implica sujetar la contratación temporal a una "causalidad" determinada. Y eso es precisamente lo que están negociando Gobierno, patronal y sindicatos: cómo modificar los requisitos que se exigen a las empresas a la hora de hacer contratos temporales a empleados a los que fichen para sustituciones o por circunstancias sobrevenidas de la producción, las dos modalidades de temporalidad que se contempla incluir en la nueva reforma laboral.
El 15% sigue debatiéndose
Trabajo y las centrales sindicales son partidarias de endurecer estos requisitos, algo sobre lo que la CEOE alberga más dudas. Lo que no ha gustado en absoluto a los empresarios es la propuesta de limitar a un máximo del 15% el porcentaje de trabajadores con contratos temporales que puede tener una empresa en plantilla, una idea en cuya autoría las diferentes fuentes consultadas no coinciden, pero que ha sido rechazada públicamente por la patronal. Distintas fuentes, no obstante, señalan que la propuesta no se ha descartado, sino que sigue estando entre las que se debaten.
La CEOE no obstante, rechaza rotundamente establecer este límite del 15% argumentando lo que lleva planteando desde hace meses: que hay sectores con necesidad de contar con una alta tasa de temporalidad por la actividad a la que se dedican y que no se puede asumir que un contrato temporal es necesariamente precario. Su presidente, Antonio Garamendi, cargó el martes contra la propuesta y afirmó que responde a "un tema ideológico absolutamente nada práctico de gente que no está en la vida real".
Tal y como informó este diario hace unos días, fuentes de Podemos consideran que la crisis de los últimos días ha hecho ganar capacidad negociadora a la patronal, ya que ha conseguido que se involucre en la negociación un ministerio, el de Economía, a priori más cercano a sus intereses. No obstante, en los últimos días y este mismo miércoles los sindicatos han insistido en que el Gobierno no puede descafeinar la reforma laboral si quiere contar con su apoyo para aprobarla.
La semana pasada, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya avisó a través de un artículo de que el Gobierno, por mucho que busque un acuerdo con la patronal, no puede darle "derecho de veto" y condicionar la reforma laboral a que los empresarios la apoyen. Y deslizaba que los sindicatos no admitirían que las medidas planteadas por el Ministerio de Trabajo ya ultimadas en el diálogo social "sean revisadas". Si eso ocurriera, amenazó Sordo, "entonces también nuestro sindicato revisaría las suyas en esta y otras mesas de negociación abiertas".
ERC y Más País piden volver a los 45 días por año
Por el momento, no obstante, los sindicatos no van a tener que cumplir su amenaza, porque este miércoles se reanudó la negociación en el mismo punto en el que estaba. No obstante, que el Gobierno haya recuperado cierta paz interna en torno a este asunto no significa que la reforma laboral no le vaya a suponer quebraderos de cabeza a nivel parlamentario. Hace unos días, ERC planteó que la nueva legislación debería recuperar la indemnización por despido previa a 2012, que era de 45 días por año en el caso de los despidos improcedentes, y ha hecho llegar su propuesta por escrito a Díaz.
En principio, el Gobierno no está discutiendo con patronal y sindicatos la posibilidad de elevar de nuevo la indemnización por despido. Pero a la reivindicación de ERC se unió este miércoles Más País, cuyo líder, Íñigo Errejón, exigió "revertir" los cambios de la reforma laboral y volver a la legislación anterior en esa materia. "No entiendo que quede fuera de las carpetas del Gobierno" la posibilidad de reimplantar los 45 días por año, criticó Errejón.
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