Frenazo en la recta final de la negociación de la reforma laboral entre Gobierno, sindicatos y patronal. Este miércoles, el Ejecutivo presentó a los agentes sociales su nueva propuesta para incluir en la norma un mecanismo permanente de ERTE para empresas en dificultades más allá de la pandemia, un texto pactado por el Ministerio de Trabajo, el de Economía y el de Seguridad Social. Sindicatos y los empresarios están de acuerdo con la existencia de este mecanismo, pero este rechazaron entre duras críticas el diseño que presentó el Ejecutivo, lo que supone una piedra en el camino hacia un acuerdo que tiene que estar cerrado a finales de mes.

Fuentes conocedoras del contenido de la negociación explican que la propuesta del Gobierno planteaba tres tipos diferentes de ERTE. El primero sería similar al que ya existe en la legislación, y a él podrían acogerse empresas con dificultades de producción, económicas u organizativas para reducir o suspender la jornada de sus trabajadores sin despedirlos. La principal novedad serían los otros dos tipos, incluidos dentro de lo que el Ejecutivo ha llamado Mecanismo RED.

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El primero de esas dos nuevas clases de ERTE serviría para cuando un sector sufriera una crisis importante y generalizada que le dificultara mantener su plantilla. El segundo de los nuevos tipos de ERTE propuestos por el Gobierno tiene como objetivo establecer un mecanismo permanente para afrontar crisis cíclicas que afecten a toda la economía.

Los ERTE sectoriales y los ERTE cíclicos

El escenario para el que estaría diseñado el primero de esos dos nuevos tipos de expediente sería, por ejemplo, una crisis en el sector de la automoción provocada por la falta de suministros. En tal caso, serían solo las empresas de este sector las que podrían acogerse a los beneficios extra que les otorgaría este Mecanismo RED en comparación con los ERTE por causas de producción, económicas u organizativas. Por el contrario, el expediente diseñado para afrontar crisis cíclicas serviría, por ejemplo, para otra pandemia, y tendría un alcance general.

Según la propuesta del Gobierno, no obstante, estos dos nuevos tipos de ERTE no estarían activos de manera ordinaria. Para que las empresas pudieran acogerse a ellos, sería necesario que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía, certificase que existe una situación de crisis, ya sea en un solo sector -para los expedientes sectoriales- o en el conjunto de la economía -para los ERTE cíclicos-. Fuentes conocedoras del contenido del texto explican que, para tomar su decisión, Economía tendría que basarse en diferentes indicadores económicos que estarán incluidos en la nueva legislación laboral y que el Gobierno quiere negociar con patronal y sindicatos.

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Los trabajadores que se vieran afectados por alguno de estos dos tipos de ERTE del nuevo Mecanismo RED cobrarían una ayuda equivalente al 70% de su salario, hasta un tope de algo más de 1.200 euros, como con los actuales expedientes, y no consumirían tiempo de paro. El borrador discutido este miércoles plantea, además, que la empresa esté obligada a ofrecer a los trabajadores en esta situación un plan de recolocación, sea en la misma compañía o en otra.

El funcionamiento de estos planes de recolocación es uno de los puntos más novedosos de la propuesta presentada por el Gobierno. Según ese texto, si el empleado afectado por uno de esos ERTE por crisis estructurales o cíclicas consiguiera trabajo en otra empresa, su compañía original tendría que ingresar en el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) la mitad de lo que le hubiera costado su indemnización por despido. Y, en el caso de que el empleado fuera posteriormente despedido de la empresa en la que ha sido recolocado por causas no atribuibles a su desempeño, el FOGASA le pagaría el total de la indemnización que le hubiera correspondido en su empresa de origen, lo que implica que el Estado se haría cargo del 50% de esa indemnización.

Duras críticas de patronal y sindicatos

El texto presentado este miércoles por el Gobierno supone un cambio importante con respecto a la propuesta de mecanismo permanente de ERTE que se había discutido hasta ahora, elaborada únicamente por el Ministerio de Trabajo. Los principales impulsores de esta nueva propuesta de Mecanismo RED son los ministerios de Economía y Seguridad Social, cuya entrada en la negociación la semana pasada ha modificado sensiblemente el texto promovido por el Gobierno a escasas semanas del fin de la negociación. 

Esa fue una de las principales quejas en las que coincidieron patronal y sindicatos al rechazar la propuesta debatida este miércoles. "Los empresarios ya habíamos advertido de que se trataba de una propuesta farragosa y que es más restrictiva, más intervencionista y que supone un mayor coste para las empresas que el modelo actual", denunciaron fuentes de la CEOE, que aseguran incluso que "esta situación complica la posibilidad de llegar a un acuerdo en la mesa del diálogo social".

"Hemos pedido al Gobierno que reconsidere su propuesta, que en este caso solo ha servido para ralentizar este proceso, en el que deberíamos de ser más ágiles para llegar a un acuerdo", relataron por su parte fuentes de UGT. El sindicato, además, rechaza el mecanismo por el cual el Estado se haría cargo de la mitad de la indemnización por despido de los trabajadores acogidos a un ERTE estructural, ya que aseguran que supone un intento de "introducir, aunque sea tímidamente, la mochila austriaca".

Fuentes de CCOO fueron incluso más duras y cargaron contra una propuesta que, dicen, "pone en riesgo" el acuerdo sobre la reforma laboral. Las críticas del sindicato liderado por Unai Sordo se dirigen al Gobierno en su conjunto, pero la peor parte se la llevan los ministerios de Economía y Seguridad Social, que son los que han impulsado esta nueva propuesta. "Llevamos 30 reuniones, casi ocho meses de negociación, en los que esta cuestión no ha estado encima de la mesa, al menos en términos similares a los ahora planteados", denuncian fuentes de CCOO, que aseguran no tener "claro cuál es el objetivo de esta propuesta en la que se introducen materias que no tienen nada que ver con el objeto de esta negociación".

"Es un texto de una gran complejidad al abordar cuestiones de indudable interés, pero que genera muchas incertidumbres respecto a sus consecuencias en el modelo de relaciones laborales", denuncia el sindicato, que se queja de que "ante los requerimientos de aclaración sobre las numerosas propuestas lanzadas" el Gobierno ofrece "poca o nula concreción". "Una propuesta de estas características requiere de un proceso de negociación más dilatado en el tiempo, poco compatible con la urgencia" que acucia esta negociación, señala CCOO. Y desliza que "la permanente filtración de documentos, además del propio resultado de las mesas de negociación cuando estas no han concluido, ayuda poco a la buena marcha de esa negociación".

Por otra parte, fuentes de UGT explican que las centrales sindicales exigen que los agentes sociales tengan un papel mucho mayor a la hora de decidir si se declara oficialmente una situación de crisis en un sector, que permitiría aplicar estos nuevos ERTE sectoriales. "Pensamos que, ante procesos de reconversión generalizada, las decisiones del Consejo de Ministros [...] deberían venir acompañadas de un proceso previo de negociación, en el que estemos los agentes sociales de los sectores afectados y en el que se analicen las causas [del problema], sus consecuencias y sus posibles soluciones", plantean estas fuentes.