La policía italiana detuvo en la noche de este jueves a Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Cataluña. El arresto se produjo en la isla de Cerdeña, donde Puigdemont, huido de la Justicia española desde que intentase declarar la independencia unilateral de la autonomía en 2017, pensaba reunirse con miembros del actual Govern y con la presidenta del Parlament, Laura Borràs. En las próximas horas se convalidará el arresto por parte de las autoridades italianas y después comenzará el proceso judicial que decidirá sobre su extradición o no a España, un extremo sobre el que existen diferentes dudas por la validez de la euroorden que hay en su contra y la situación de su inmunidad parlamentaria, actualmente suspendida.

Puigdemont salió de España el 29 de octubre de 2017, dos días después de que el Parlament de Cataluña aprobase la DUI sin la presencia de la oposición y con el artículo 155 de la Constitución Española, con el que el Gobierno de Mariano Rajoy destituyó al completo al Govern, ya activado. El 2 de noviembre, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se hizo cargo de la investigación y, tras dictar prisión provisional para el exvicepresident Oriol Junqueras, activó una euroorden de detención contra Puigdemont, que se había instalado en Bruselas. El 24 de noviembre, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena comenzó la instrucción de la causa en el Alto Tribunal y suspendió la orden de detención europea ante el temor de que Bélgica rechazase la entrega por el delito de rebelión, tipo penal no existente en el código penal belga, lo que habría obligado a España a juzgarle solo por malversación.

Puigdemont pide su liberación y asegura que nunca se rendirá tras ser detenido en Cerdeña: "Never surrender"

El 23 de marzo de 2018, el juez instructor atendió a la petición de la Fiscalía y dictó prisión incondicional para otros juzgados por el procés, reactivando la euroorden de detención contra el expresident, que es detenido dos días más tarde en Alemania. La Fiscalía alemana solicitó que fuese extraditado a España, pero las intenciones de Llarena volvieron a chocar contra la Justicia de otro país europeo al rechazar Alemania la rebelión. El Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein resolvió entregarle a España por malversación. “Resulta dudoso que el reclamado persiguiera el objetivo de la separación de Cataluñaa del Estado central español violentamente”, señalaron los magistrados alemanes. Llarena, entonces, decidió rechazar la extradición y suspendió la euroorden.

Con el paso de los meses, la instrucción terminó y el 12 de febrero de 2019 dio inicio en el Supremo el juicio del procés, que sentó en el banquillo a los miembros del Govern no fugados, a los líderes de las dos organizaciones independentistas más importantes -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, responsables de Omnium Cultural y la ANC- y a la que era presidenta del Parlament cuando ocurrieron los hechos, Carmen Forcadell. Todos ellos fueron condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión e indultados este mismo verano. El desarrollo del juicio coincidió, no obstante, con la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, en la que Puigdemont resultó elegido eurodiputado. Esto le abrió la puerta a la inmunidad parlamentaria, lo que ha dificultado -y podrá dificultar- la entrega a España del expresident.

Junto con la condena a los líderes del procés, el 14 de octubre de 2019, el Supremo reactivó la euroorden de detención contra Puigdemont, que dos meses después se topó con un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconociendo la inmunidad del expresident, que le permitía acudir a los Plenos de la Eurocámara sin riesgo de ser detenido. Al auto del TJUE le precedió otro en el que, en enero de 2020, la Justicia belga decidió suspender la euroorden del Supremo al reconocerse la inmunidad del expresident. "La Justicia belga reconoce nuestra inmunidad y decide suspender la orden de arresto y extradición", expresó Puigdemont entonces en su cuenta de Twitter.

DIRECTO | Cientos de personas se manifiestan contra la detención de Puigdemont: él espera quedar libre hoy

Llarena decidió no quedarse de brazos cruzados y el 10 de enero solicitó, a través de un suplicatorio al Parlamento Europeo, la suspensión de la inmunidad que le otorgaba el escaño al fugado. Lo hizo tras una sentencia en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aseguró Oriol Junqueras, entonces encarcelado tras haber sido juzgado, tenía que haber sido eurodiputado y haber gozado de inmunidad. 

Con 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones, el Pleno de la Eurocámara levantó la inmunidad a Puigdemont el 9 de marzo de 2021, provocando que Llarena preguntase el alcance de este movimiento al TJUE para evitar otro varapalo judicial en su contra que impulsase la figura del expresident. La retirada de la inmunidad, no obstante, fue rechazada temporalmente por el TJUE, que se la devolvió temporalmente a Puigdemont después de que así lo solicitara. No obstante, el 30 de julio de este año el TJUE se desdijo y retiró de nuevo la inmunidad parlamentaria a Puigdemont al mismo tiempo que suspendió las euroordenes en su contra mientras que resolvían las cuestiones planteadas por Llarena cuatro meses antes. 

Es en esta suspensión en la que se escuda ahora la defensa de Puigdemont, Gonzalo Boye, que ha tildado de "estúpida" la detención de su defendido. El letrado ha asegurado que España, en su respuesta al TJUE en julio, "garantizó" que la euroorden estaba suspendida. El Supremo, no obstante, señala que la misma nunca se desactivó.