El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado prisión incondicional para el candidato a la Presidencia del Govern, Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, a petición de la Fiscalía y de la acusación popular de Vox. El juez ha procesado a 25 implicados en el "procés", 13 por rebelión, entre ellos Marta Rovira, que ha huido a Suiza.

Llarena ha activado además las órdenes europeas de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos, y ha pedido la detención internacional de Rovira, secretaria general de ERC.

El juez ha tomado esta decisión al término de una vista de medidas cautelares en el alto tribunal en la que ha atendido la petición de Fiscalía y de la acusación popular ejercida por Vox que han solicitado previamente prisión incondicional para todos ellos.

Se unirán así al exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconseller Joaquim Forn, al expresidente de ANC, Jordi Sánchez, y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, por lo que todos los procesados por rebelión, penado con entre 15 y 25 años de cárcel, estarán en prisión provisional salvo los cuatro fugados que son el expresidente Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsati.

"Riesgo de fuga"

El juez aprecia en su auto "un grave riesgo de fuga" y de "reiteración delictiva" en los encausados derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión, penado con entre 15 y 25 años de cárcel.

Las sospechas que se plasmaban al inicio del proceso, explica también el magistrado, son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados.

Así, Llarena entiende que, desde que acordó la libertad bajo fianza para los encarcelados, se ha producido un cambio tras los autos de procesamiento de esta mañana, y es que los imputados se enfrentan ahora a una posibilidad cierta de graves penas.

En su auto, Llarena recoge las alegaciones de los abogados de los cinco encarcelados señalando que el hecho de haber comparecido demuestra que están dispuestos a hacerlo y "que no puede adoptarse una resolución en función del comportamiento procesal que hayan podido adoptar otros encausados" en relación a los fugados, especialmente tras la fuga de Marta Rovira.

Bases de la acusación

El magistrado ha sentado las bases de su acusación contra la cúpula del proceso soberanista a partir de dos conceptos claves: hubo violencia alentada desde las instituciones en el camino hacia la independencia y ese plan no ha sido desactivado por el artículo 155 de la Constitución, sino que permanece "latente" a la espera de reactivarlo cuando sea posible.

El procesamiento de la cúpula del "procés" por rebelión y las órdenes de prisión son un primer paso a su suspensión como diputados, medida que el juez tomará próximamente si el auto se convierte en firme, es decir, si se rechazan sus recursos. Los procesados tienen tres días para recurrir ante el juez y cinco en apelación ante la Sala del Supremo.

El juez atribuye el delito de rebelión (penado con hasta 25 años de prisión) a nueve integrantes del Govern que promovió el 1-O y la declaración unilateral de independencia: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa.

También a Marta Rovira, a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, al ex presiente de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El magistrado los considera el núcleo duro del "procés" y les achaca distintas responsabilidades en una estrategia "criminal" en la que sabían que sus acciones podían desatar "el fanatismo violento de muchos de sus seguidores".

"Toma de rehenes"

Días antes, el 20 de septiembre, se produjo un acoso a la Conselleria de Economía que el juez compara con "una toma de rehenes mediante disparos al aire".

El que hubiera violencia en el intento de conseguir la independencia por la vía unilateral es un requisito imprescindible para el procesamiento por rebelión y el juez defiende con contundencia que así ocurrió.

Y sospecha que ese plan no ha quedado desactivado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que los encausados pretenden retomarlo cuando se desactive.

El auto de procesamiento de hoy incluye además otros delitos que afectan a diversos inculpados y, así, el juez procesa a cinco exmiembros del Govern por malversación y desobediencia: Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.

También resultan procesados por malversación el ex president Puigdemont, el que fuera vicepresident Junqueras y los siete exconsellers acusados de rebelión.

El juez cree que las exdirigentes de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya solo incurrieron en un delito de desobendiencia al no atender a las decisiones del Constitucional. Este delito no comporta penas de prisión, pero sí de inhabilitación. Por ese motivo, el juez no activa la orden de detención internacional contra Gabriel.

El mismo delito atribuye a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.

Deja fuera del proceso al expresidente de la Generalitat Artur Mas (pese a que le cita varias veces en el auto), a la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.

Fianza de 2,1 millones

Además, Llarena fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los catorce exmiembros del Govern procesados.

Dictado ese auto y celebrada la vista de medidas cautelares, el juez Llarena, de acuerdo con el criterio del fiscal, ha enviado a prisión a Jordi Turull en la víspera del pleno del Parlamento catalán en la que se iba a votar por segunda vez su investidura como presidente de la Generalitat.

Turull, por boca de su abogado, ha pedido que el pleno de este sábado se mantenga y que le voten como presidente "por dignidad".

Junto a él, han vuelto a la cárcel de Estremera Raül Romeva y Josep Rull y a la de Alcalá Meco Carme Forcadell y Dolors Bassa (quienes no han esquivado la prisión a pesar de haber renunciado a su escaño).