¿Puede España obligar a los trabajadores vacunarse de la covid o hacerse una PCR cada tres días como ha impuesto Italia?

MLG 04-02-2021.- Varias personas han sido citados por Salud para hacerles test rápidos de antígenos de PCR, en un cribado masivo en la barriada malagueña de La Luz.-ÁLEX ZEA.
Imagen de archivo de una mujer haciéndose un test de antígenos de PCR en Málaga.
ÁLEX ZEA

El presidente del Gobierno italiano, Mario Draghi, ha dado un duro golpe sobre la mesa con la intención de "proteger la reactivación" económica: ha impuesto la obligación de tener el certificado covid en regla para los 23 millones de trabajadores que viven Italia. Esto les fuerza a, bien estar vacunados, bien realizarse un test cada 72 horas para demostrar que están limpios de coronavirus antes de acceder a sus puestos de trabajo. Del 15 de octubre al 31 de diciembre, sin el pase sanitario, no se podrá acceder a ningún lugar de trabajo, ya sea público o privado. 

Tras avalar el Tribunal Supremo la obligación de exhibir el pasaporte covid en establecimientos de ocio y restauración de Galicia (después de que esta medida interpuesta por la Xunta fuera tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad), muchos son los que se preguntan si el pasaporte covid podría llegar a exigirse en España para otras finalidades diferentes a para las que fue concebido. Cataluña estudia seguir los pasos de Galicia. Una medida que Francia ya impuso este verano para intentar aumentar el porcentaje de población vacunada.

En España, el 75,2% de la población ya cuenta con la pauta completa de vacunación. En Italia las cifras son similares: el 74,6% de la población de más de 12 años ya está inmunizada contra el coronavirus, pero lo que preocupa es que de los 10,6 millones de residentes en Italia que todavía no tienen ninguna dosis, 3,3 son mayores de 50 años, 2,1 tienen entre 40 y 49 años, 1,9 son de 29 a 39 años y otros 1,4 millones cuentan entre 20 y 29 años.

¿Y en España, se podría imponer la vacunación obligatoria? En España la vacunación no es obligatoria y el pinchazo para protegerse de la covid tampoco. Así lo han defendido también autoridades españolas como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. Ahora bien, ¿podría llegar a serlo?

Según explica el doctor en Derecho y profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan de la Cruz Ferrer, "lo primero que hay que mirar es la Constitución, que garantiza la libertad, por lo que las restricciones a la libertad han de hacerse por ley". El experto en regulación sanitaria no se muestra partidario, "en principio", de imponer una medida como la de Italia a todos los trabajadores, pero sí cree que se podría "valorar para unas determinadas condiciones de trabajo en las que el trabajador está en riesgo o puede causar daños a terceros". En Italia, Francia y Grecia ya se ha impuesto la vacunación en sanitarios. "Vivimos en un sistema de libertad y tú puedes hacer con tu libertad lo que quieras pero no puedes causar daños a otros", añade en el sentido de que "el problema de los virus es que se contagian" a otras personas. 

"El trabajador se puede negar alegando su derecho a la libertad individual, salvo en determinados puestos"

Por su parte, el experto en Derecho del Trabajo Juan Gil, apunta que esta cuestión atañe a los derechos fundamentales, pero también al interés público. "El trabajador se puede negar alegando su derecho a la libertad individual, a su privacidad y a su intimidad, salvo para determinados colectivos para los que es obligatorio" como por ejemplo militares, pilotos de avión o sanitarios. Al margen del procedimiento jurídico, que conllevaría la legislación por parte del Gobierno, Gil ofrece su punto de vista personal: "No entiendo el movimiento negacionista. Quienes aducen su libertad individual ponen en peligro la libertad de los demás y la colectiva". 

Con todo, cree que "sí hay mimbres para imponer la vacunación obligatoria" y que "hay una razón objetiva" para restringir derechos fundamentales y obligar a vacunarse en "determinados trabajos de cara al público, en hospitales o en centros educativos, etc." Recuerda, además, que los derechos fundamentales no son absolutos, como ya ha dicho el Tribunal Constitucional, sino que puede ser objeto de restricciones al amparo de otro bien digno también de ser protegido: la salud, en este caso.

Una normativa específica para sectores laborales en contacto con personas vulnerables o con mayor contacto con la ciudadanía general, "sería la fórmula que mejor encajaría con el test de proporcionalidad que debe superar cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales", agrega el abogado Pere Vidal. "En ningún caso con carácter general", defiende.

¿Y si la pandemia no remite?

Las empresas, según establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 14, tienen un deber de protección frente a los riesgos laborales, debiendo garantizar la seguridad y salud de sus empleados en los aspectos relacionados con el trabajo. Por su parte, según el artículo 29, los asalariados tienen la obligación de cooperar para garantizar unas condiciones seguras.

Además, el artículo 8.3 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, contempla la obligatoriedad de ofrecer la vacuna (si la hay) a los trabajadores pero estos tienen potestad para aceptarla o rechazarla.

"Quienes aducen su libertad individual ponen en peligro la libertad de los demás y la colectiva"

Vidal, que también es profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), asegura que si bien una empresa no puede imponer las inyecciones, un Gobierno sí puede legislar para ello. "Aunque tengo bastantes dudas de que fuera constitucional", apunta. Preguntado por el caso de que la pandemia no terminara de remitir con el consiguiente perjuicio social y económico, Vidal asevera que "solo cabría justificar la vacunación obligatoria en una situación extraordinaria que excepcione el principio general de autonomía del paciente, que siempre puede elegir si seguir un tratamiento o no".

Vidal, que igual que sus colegas anota que los derechos fundamentales no son absolutos, recuerda que "el Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina (ratificado por España) establece el principio de la primacía del ser humano, conforme al cual el interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia".

Riesgo para el Estado

El profesor de la UOC asevera que "actualmente no concurren, con carácter general, los requisitos de proporcionalidad que determinan la legitimidad de la imposición obligatoria y por lo tanto, la injerencia en el derecho fundamental a la intimidad". Y advierte de otra cuestión: "Las vacunas han pasado sus controles pero de aquí a diez años pueden aparecer efectos secundarios y ello supondría un riesgo a nivel de responsabilidades para el Estado si establece la vacunación obligatoria".

Preguntado por si se podría cobrar los gastos sanitarios a una persona que ingresara por covid tras haber rechazado la vacuna, Vidal responde que esto "iría en contra del sistema de sanidad universal que tenemos en España. Es como cobrar el tratamiento del cáncer de pulmón a quien fuma".

Cobrar la atención sanitaria a quien rechace la vacuna va "en contra del sistema de sanidad universal"

En otro orden de cosas, el jurista niega también que los trabajadores puedan acceder a información sobre el estado de vacunación de sus compañeros, y que la empresa pueda hacer estos datos públicos. Tampoco sería posible, por el mero temor a la enfermedad, que el trabajador decida auto-concederse el teletrabajo, añade Vidal.

El abogado recuerda que, antes de imponer la vacunación, se han de buscar fórmulas "menos invasivas" como mantener medidas no farmacológicas como mascarilla, distancia, lavado de manos, ventilación, cuarentenas, rastreos y cribados.

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