Habrá posibilidad de mantener los ERTE derivados de la crisis de la Covid-19 más allá del 30 de septiembre, cuando concluye el plazo vigente, pero el Gobierno no quiere que los que ya están en marcha se prorroguen automáticamente. En su lugar, el Ejecutivo plantea que las empresas que aún tengan trabajadores en expedientes tengan que volver a cursar la solicitud. Los sindicatos, a priori, no ven con malos ojos esa medida para atajar posibles fraudes, mientras que el ministro Escrivá puso este jueves el acento en la necesidad de formar a quienes aún no se han reincorporado a sus puestos.

De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, a 15 de septiembre quedaban 176.926 personas en suspensión total de empleo y otras 79.043 en suspensión temporal, con lo que el total de trabajadores en ERTE alcanza los 253.969. Por sectores, el 77% pertenece al comercio, la hostelería, los servicios de alojamiento, el transporte o las agencias de viaje. Hace seis meses eran casi un millón y, en los peores momentos de la pandemia, este mecanismo de protección social llegó a cubrir a casi cuatro millones de trabajadores.

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Los agentes sociales pactaron en mayo una prórroga de cuatro meses y este jueves se reunieron por primera vez para diseñar el escenario a partir del próximo 30 de septiembre. En la cita de la mesa del diálogo social no se alcanzó ningún acuerdo concreto y, de hecho, el Gobierno no llevó un borrador de texto legal a la mesa. Pero sí se esbozaron las líneas generales de las propuestas, y los agentes sociales se emplazaron a seguir negociando el próximo martes.

El planteamiento del Gobierno, aún por concretar, pasa por obligar a las empresas a que cursen nuevamente las solicitudes para mantener a los trabajadores en ERTE, explican fuentes del diálogo social. Hasta ahora, en las sucesivas prórrogas, ese era un trámite casi automático, mientras que en esta ocasión las empresas podrían verse obligadas a hacer un mayor esfuerzo para demostrar las pérdidas económicas o argumentar que las restricciones derivadas de la pandemia justifican la no reincorporación de sus plantillas.

Fuentes de CCOO no ven con malos ojos esta propuesta, pues consideran que hay ERTE fraudulentos que podrían detectarse con esta revisión general. Por su parte, fuentes de UGT denuncian que "algunas empresas están abusando de esta figura manteniendo trabajadores en ERTE mientras se realizan jornadas superiores a las convencionales", un problema que podría acotarse inspeccionando los expedientes aún en marcha.

Además, CCOO planteó en la reunión que la nueva prórroga debería alcanzar hasta el próximo 31 de enero y que debería mantenerse la prestación extraordinaria para los trabajadores fijos discontinuos. Los sindicatos también piden que los trabajadores que consuman ahora su prestación por desempleo no vean mermada su prestación si necesitan cobrarla en el futuro –es decir, mantener el "contador a cero" de la prestación consumida–. 

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UGT, por su parte, coincidió en la petición de que los ERTE se prolonguen hasta enero de 2022 y planteó que la extensión de los expedientes se apruebe en el Consejo de Ministros del 28 de septiembre, el último ordinario antes de que concluya la actual prórroga. Asimismo, para las centrales sindicales es imprescindible que el nuevo diseño de los ERTE mantenga la prohibición de despedir durante seis meses a las empresas que se acojan a este mecanismo.

El Ejecutivo, además, insistió en la necesidad de mejorar la formación de los trabajadores. "Hay que formar bien a esas personas", insistió el ministro Escrivá, quien puso en valor que el Estado ha destinado unos 27.000 millones a los ERTE desde el estallido de la pandemia: 7.000 millones en exoneraciones a la Seguridad Social, a los que se suman alrededor de 20.000 millones en prestaciones de desempleo que abona el Ministerio de Trabajo.

Los sindicatos no rechazan la posibilidad de vincular la extensión de los ERTE a programas de formación, pero consideran que esa condición debería introducirse a medio plazo, es decir, en el mecanismo alternativo al despido que el Gobierno está preparando en el marco de la reforma de la legislación laboral.