El Ministerio de Trabajo que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, afronta las primeras semanas del curso político con dos asuntos clave en su horizonte más cercano. Salvo cambio de planes, Trabajo se reunirá la semana que viene con patronal y sindicatos para abordar la nueva prórroga de los ERTE, cuya actual formulación termina el 30 de septiembre y que Gobierno y agentes sociales quieren alargar al menos unos meses más. Pero, además, el Ejecutivo mantiene la presión sobre los empresarios para que cedan y se avengan a apoyar la subida del salario mínimo que se aprobará de forma inminente, aunque por el momento la patronal se mantiene firme en su negativa.

Los dos asuntos, los ERTE y la subida del salario mínimo, no tienen una relación directa entre sí, pero el Gobierno ha lanzado un mensaje claro a la patronal en las últimas horas: los empresarios deberían apoyar la subida del SMI y corresponder a la ayuda que han recibido del Estado para mantener cientos de miles de puestos de trabajo. A pesar de que dentro del Ejecutivo hay diferencias en detalles como la cuantía que debe tener el aumento del salario mínimo o a partir de cuándo debe aplicarse, el sector más ortodoxo del Consejo de Ministros también ha enarbolado este argumento.

Moncloa insiste en que la subida del salario mínimo es "inminente" pero la CEOE se desmarca definitivamente

En este sentido se pronunció con claridad este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, precisamente la dirigente que con más ahínco se ha opuesto en los últimos meses a subir el salario mínimo dentro del Gobierno. "Los ciudadanos no entenderían que no haya sensibilidad con la necesidad de los trabajadores con los salarios más bajos, sobre todo cuando en septiembre también vamos a tener que decidir qué hacemos con los ERTE", señaló Calviño. Y fue incluso más clara al avisar de que "no parece lógico que dentro de tres días empecemos una negociación en la que los representantes empresariales nos van a decir que hay que extender las bonificaciones cuando no haya habido un acuerdo" sobre el salario mínimo.

"Eso es muy difícil de explicar", dejó caer la vicepresidenta primera del Gobierno. Y no fue la única: también el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, vinculó de manera muy clara la negociación de los ERTE con el incremento del salario mínimo y exigió el apoyo del "empresariado" para afrontar una "subida moderada". "Tenemos que negociar en los próximos días la prórroga de los ERTE, y en un momento como el actual, con todo el esfuerzo que el Gobierno ha puesto en la negociación de los ERTE o en las ayudas directas a empresas, yo espero que haya con este asunto [el salario mínimo] sensibilidad y empatía", pidió Escrivá.

Trabajo insiste en que sigue negociando con la CEOE

Más cauta fue en sus declaraciones públicas Yolanda Díaz, que sin embargo confirmó que sigue "manteniendo conversaciones" con la patronal y los sindicatos después de que la CEOE intentase el martes desmarcarse de manera definitiva de esa negociación. "Resulta del todo incomprensible" que la patronal no quiera elevar el salario mínimo, señaló Díaz, que insistió en que intentará "sacar adelante un acuerdo". No obstante, la vicepresidenta segunda abrió la puerta a que ese pacto sea "con el máximo de interlocutores sociales posible", lo que supone un aviso a la patronal de que el salario mínimo subirá con su concurso y su influencia o solo con los de los sindicatos.

Trabajo, patronal y sindicatos siguen sin acuerdo para subir el salario mínimo y no volverán a reunirse

Precisamente las centrales sindicales se han abierto en las últimas horas a moderar sus reivindicaciones para 2021 -piden un aumento de entre 25 y 30 euros mensuales en el salario mínimo, mientras Trabajo ofrece un máximo de 19 euros- para que la patronal se avenga a apoyar el incremento. "Si hay un acuerdo con los empresarios vamos a ser más flexibles, aunque no en el objetivo final de que el salario mínimo llegue en 2023 al 60 % del salario medio", explicó este miércoles el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que argumentó que, "si firma la CEOE, el acuerdo es siempre más equilibrado y aporta más al conjunto del sistema productivo".

Trabajo, eso sí, no quiere vincular la negociación del salario mínimo con la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre, y el departamento ni siquiera confirma que las reuniones con patronal y sindicatos para extender este mecanismo vayan a comenzar la semana que viene, como sí anunció Escrivá. De igual manera, el ministerio que lidera Díaz rechaza ofrecer detalles sobre cuál será su propuesta a la hora de extender los ERTE, cuya última prórroga se aprobó el pasado mes de mayo in extremis y después de que los sindicatos y la patronal solo dieran su visto bueno al acuerdo en el último momento.

En esa última negociación, el principal choque vino provocado por el desacuerdo de los agentes sociales con el nuevo sistema de exoneraciones fiscales que finalmente impuso Escrivá. Pero el ministro, al igual que Trabajo, tampoco ofreció detalles este miércoles sobre cuál cree que debe ser el nuevo diseño de los ERTE. "Buscaremos la mejor solución de transición hacia adelante con los agentes sociales", se limitó a señalar Escrivá, que detalló que ahora mismo quedan unos 260.000 trabajadores en ERTE, 150.000 de ellos inactivos completamente.