Derecho a Morir denuncia dificultades "sangrantes" para las personas que han pedido la eutanasia tras legalizarse

Desde hoy en España, la muerte asistida no es delito, aunque solo diez Comunidades Autónomas han creado las comisiones de garantías y evaluación, preceptivas por ley. Y solo en seis: Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco se han designado a los médicos, enfermeras y juristas que deben tomar la última decisión. 

La eutanasia es desde hoy un derecho que pueden solicitar los mayores de edad con una enfermedad grave e incurable y que padezcan un sufrimiento constante e intolerable. Tendrán que confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso. La ayuda para morir podrá prestarse en centros sanitarios -públicos, privados o concertados- o en el domicilio del enfermo, y la ley contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios. 

España es el séptimo país del mundo en el que esta práctica es legal. Desde la oposición, PP y Vox han recurrido ante el Constitucional. Vox pidió la suspensión de su entrada en vigor, que el tribunal ha rechazado.
Manifestación a favor de la muerte digna 

La ley que despenaliza la eutanasia entró en vigor hace algo más de un mes, pero "la situación es caótica y penosa" y las entre 70 y 100 personas que han solicitado o intentan pedir ayuda para morir en España se están encontrando con dificultades "sangrantes", según el presidente de Derecho a Morir Dignamente, Javier Velasco.

En una entrevista con Efe, Velasco apunta a la lentitud de algunas comunidades autónomas que ni siquiera han puesto en marcha las comisiones encargadas de evaluar las solicitud, a la falta de información de los médicos, la imposibilidad de acceder a los documentos necesarios para demandar esta ayuda e incluso el impacto del periodo vacacional en los centros sanitarios.

"Aunque toda ley cuesta ponerla en práctica, las comunidades autónomas tenían que haberlo previsto. Son muy pocas las solicitudes; calculamos, por los datos que tenemos, que son entre 70 y 100 las que se encuentra en trámite de presentarse", apunta el responsable de una asociación que luchó durante décadas por la legalización de la ayuda a morir en España.

A su juicio, dilatar la espera "tremendamente injusto e inhumano porque las personas que solicitan ayuda para morir están viviendo situaciones de extremo sufrimiento".

"Es verdad que son muy pocos los casos, pero eso hace más sangrante que muchos se enfrenten a dificultades incluso para encontrar la solicitud de su derecho a morir", continúa.

Un solo caso desde que se aprobó la ley

Cuarenta días después de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, sólo se ha conocido el caso de una mujer de 86 años que ha recibido ayuda para morir en el País Vasco, un caso que se realizó en menos de un mes y por el que Velasco da la enhorabuena a la administración de Euskadi, por su agilidad, prontitud y buen hacer.

Sin embargo, el ejemplo vasco no cunde, asegura el presidente de Derecho a Morir Dignamente, quien lamenta la lentitud de las administraciones autonómicas a la hora de poner en marcha los mecanismos necesarios para poder hacer efectivo este derecho, incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Las comunidades autónomas no ponen en marcha los trámites

Para empezar, según sus datos, Asturias, La Rioja, Andalucía y Navarra aún no han constituido sus comisiones de garantía y evaluación, que han de estar compuestas por personal médico, de enfermería y juristas y que son las responsables en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia.

Además, continúa, hay un déficit de información por parte de las administraciones sanitarias autonómicas a los profesionales, con comunidades que aún no han colgado en sus páginas web los documentos necesarios para solicitar la ayuda a morir, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunitat Valenciana.

Los problemas más comunes que se están encontrando los solicitantes de la eutanasia es que muchos profesionales les dicen no saber nada de la ley y por tanto no recogen la solicitud ni la trasladan a su superior, a los que hay que sumar los objetores de conciencia.

Los médicos dicen no saber nada de la ley

"Lo que debería hacer el médico es recibir la solicitud; comunicarle al solicitante que él no va a hacerlo, pero trasladársela a su superior. (...) Conocemos casos de personas que han tenido que hacer tres intentos diferentes con distintos profesionales sanitarios. En otros casos se ha aducido que el superior no está disponible porque es periodo vacacional y faltan muchos profesionales o por la presión de la quinta ola de covid", asevera.

Velasco incide en que las cosas deben normalizarse, en que hay que aceptar que la muerte es algo que todos han de vivir: "Aceptar que hay personas que quieren que se las ayude a morir y si cumplen los requisitos, hay que hacerlo sin más, que para eso están las leyes", subraya.

La ley de la eutanasia establece que pueden solicitar ayuda para morir personas mayores de edad con una enfermedad grave e incurable y que padezcan un sufrimiento "constante e intolerable".

Si se cumplen los plazos fijados en la norma, el paciente podría recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso.

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