Con la pandemia en su recta final y la vacunación avanzando a buen ritmo, el Gobierno busca dar un nuevo impulso a la legislatura y afrontar su segunda mitad con energías renovadas. Pero, aunque ese objetivo es compartido por PSOE y Unidas Podemos, las hondas diferencias entre ambos socios en varias de las principales medidas que el Ejecutivo quiere poner en marcha en los próximos meses siguen patentes. Y este lunes se evidenció una nueva discrepancia, en este caso en relación al nuevo diseño de la factura de la luz.
Fue la ministra de Derechos Sociales y próxima secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la que mostró que la parte morada del Gobierno no acaba de sentirse cómoda con el nuevo recibo diseñado por el Ministerio de Transición Ecológica, especialmente tras las críticas que ha generado entre varias de las principales asociaciones de consumidores. Este lunes, Belarra afirmó que "este Gobierno tiene que ser humilde y escuchar a la ciudadanía y a los consumidores". Y, si tras ese proceso de "escucha" es "necesario", el Ejecutivo debe "replantear las decisiones tomadas", sostuvo la ministra.
Las declaraciones contrastan con los intentos que, desde la semana pasada, está realizando la parte socialista del Ejecutivo para que la ciudadanía entienda y acepte el nuevo recibo. Y esta discrepancia solo es la última que viene a sumarse a la lista de temas sin resolver entre PSOE y Unidas Podemos, algunos de ellos enquistados desde hace meses. Asuntos que serán claves para una legislatura que, como dijo el mes pasado la vicepresidenta y líder morada Yolanda Díaz, "empieza ahora".
La ley de vivienda
Uno de los desencuentros más sonados en el seno del Gobierno es el que existe en lo relativo a la ley de vivienda, especialmente sobre la regulación de los precios del alquiler. Unidas Podemos insiste en establecer un mecanismo que dé a las comunidades y ayuntamientos la capacidad de limitar precios en las zonas que determinen como "especialmente tensionadas", mientras el PSOE plantea un sistema de incentivos fiscales que establecería exenciones en el IBI a los propietarios que rebajen el precio de su alquiler o arrienden su vivienda a colectivos especialmente vulnerables.
Aunque existen otras discrepancias, esta es realmente la que mantiene bloqueada la norma, tanto que ya va por su tercer mes de retraso con respecto al calendario que pactaron PSOE y Unidas Podemos. Ambas formaciones acordaron que la ley tenía que estar tramitándose en el Congreso para el 27 de febrero, como tarde. Pero, a principios de junio, ni hay acuerdo ni ninguna de las dos partes han mostrado disposición a ceder: los morados aseguran que el PSOE se comprometió a limitar los precios, y los socialistas afirman que su propuesta de rebajas fiscales cumple con lo pactado.
Ambas formaciones sí han llegado a un acuerdo, en cambio, para penalizar a los propietarios que mantengan pisos vacíos. Esta penalización se vehiculará a través de un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los propietarios de más de cuatro viviendas vacías que lo estén durante dos años o más, y estarían exentos los pisos cuyo propietario se hubiera trasladado por razones laborales, de salud o de dependencia, así como los que estuvieran en obras, en venta o alquiler. En lo que aún no hay pacto es en la cuantía de este recargo en el IBI: la propuesta inicial del PSOE era de un 75%, pero Unidas Podemos planteaba un incremento de hasta el 200%.
La ley trans
Otro de los puntos calientes en el Gobierno es la negociación de la ley trans, en la que el Ministerio de Igualdad y la Vicepresidencia Primera de Carmen Calvo llevan meses enquistados. El objetivo de Igualdad es tener un texto acordado y presentado con el PSOE para el Orgullo LGTBI, que se celebra el 28 de junio. Pero ni Unidas Podemos ni los socialistas ceden en sus posiciones en torno a la autodeterminación de género, la clave de bóveda del bloqueo en las conversaciones.
En resumen, el departamento que lidera Irene Montero insiste en despatologizar a las personas trans, en línea con las recomendaciones de la OMS, y propone que puedan rectificar la mención a su género en el registro civil sin necesidad de un diagnóstico médico ni un informe psiquiátrico. La Vicepresidencia de Carmen Calvo, en cambio, sigue reclamando que aporten testimonios para demostrar su género y que no solo sirva su propia declaración para modificar su sexo registral.
Este lunes, varios colectivos en defensa de los derechos del colectivo LGTBI se reunieron con representantes de la Vicepresidencia Primera y el Ministerio de Justicia, y plantearon un texto similar al último propuesto por Igualdad. Tanto el ministerio de Montero como los colectivos consideran que una persona trans no tiene que depender de un tercero que ratifique su identidad para que se la reconozca legalmente, y por ello han planteado un procedimiento por el cual la persona interesada en hacer la modificación registral podría completarla en solitario: solo tendría que solicitarla y ratificarse tres meses después, sin más requisitos.
Vicepresidencia aún no se ha pronunciado sobre esa propuesta. Fuentes de Igualdad, por su parte, insisten en que la propuesta presentada este lunes por los colectivos va "en la línea" de lo planteado por Montero: "Evitar los medios de prueba o testimoniales y realizar una solicitud a través de una primera comparecencia ante el encargado del registro para volver a comparecer tres meses después de agotar el plazo del trámite".
El salario mínimo
La pugna por la subida del salario mínimo interprofesional ha estado adormecida durante medio año, pero se ha reactivado en los últimos días a la espera de que el comité de expertos nombrado por el Ministerio de Trabajo proponga un calendario para acometer el incremento de este índice, que según el pacto de PSOE y Unidas Podemos debe llegar al 60% del salario medio al final de la legislatura.
A finales del año pasado, la ministra de Economía, Nadia Calviño, consiguió imponer sus tesis y el presidente Pedro Sánchez congeló el salario mínimo en 950 euros mensuales, pese a la insistencia de Trabajo de elevar su cuantía con la inflación prevista. Pero el Gobierno dejó la puerta abierta a revisar esta congelación durante el año, y el pasado jueves la ministra Yolanda Díaz se mostró partidaria de que el salario mínimo aumente este 2021 para evitar que "los que más lo necesitan" pierdan "poder adquisitivo".
Es más: Díaz dejó caer que, aunque a principios de año reclamaba un aumento anecdótico del 0,9% -la cifra de crecimiento de los precios que estimaba el Gobierno para 2021-, la inflación ha aumentado hasta tasas "que superan el 2%", lo que supone que, para que el poder adquisitivo de quienes cobran el salario mínimo no decrezca, el aumento en la cuantía de este indicador debería ser al menos de ese porcentaje. Calviño no se ha pronunciado aún al respecto, pero fuentes de Economía anticipan que habrá "debate" cuando se proponga la subida dentro del Gobierno.
La reforma laboral
Las mismas protagonistas, Díaz y Calviño, tiene otra de las pugnas estrella en el seno del Ejecutivo: la que gira en torno a la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Trabajo lleva semanas reuniéndose con patronal y sindicatos para abordar una primera ronda de modificaciones en asuntos como las condiciones de los trabajadores subcontratados o la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, aunque su última propuesta, como adelantó La Información, se centra en la reforma de la contratación temporal para que este tipo de contratos puedan durar un máximo de un año.
Calviño, no obstante, siempre ha expresado muchas reservas. El mes pasado, en el congreso de la UGT, la vicepresidenta insistió en esa tesis: el problema del mercado laboral español "no viene de una reforma u otra", y aunque se deben corregir "algunas cuestiones" de la legislación actual, no hay que desmantelar toda la norma elaborada por el PP.
La derogación de la ley mordaza
Otra de las leyes estrella de la etapa de Mariano Rajoy como presidente, la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana -más conocida como ley mordaza-, también está siendo objeto de discusión, aunque en este caso en el Congreso. PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios diseñan desde hace meses el desmontaje de esta norma en base a una proposición de ley del PNV, pero aún tienen puntos de disenso que impiden que haya acuerdo para un texto conjunto.
Uno de ellos es el relativo a las devoluciones en caliente de inmigrantes que crucen la frontera española irregularmente. La ley actual establece un régimen especial para Ceuta y Melilla por el cual las fuerzas de seguridad pueden expulsar directamente a los migrantes, aunque el Tribunal Constitucional ha excluido de esta posibilidad a los menores de edad, las mujeres embarazadas o a los migrantes que pertenezcan a colectivos especialmente vulnerables. Unidas Podemos aspira a prohibir este tipo de rechazos en frontera para permitir que esas personas puedan al menos pedir asilo para que su solicitud sea valorada. Pero el PSOE no ha sido tan claro al respecto.
Los morados, asimismo, aspiran a que la ley establezca expresamente que "la identificación y registro corporal policial han de acotarse estrictamente a indicios concretos y comprobables", y quieren reducir el tiempo que las fuerzas de seguridad pueden retener a una persona para su identificación a dos horas, en lugar de las seis actuales. Y plantean "una revisión en profundidad de los tipos de infracción" y el "ajuste de la cuantía de las sanciones económicas", que ahora mismo pueden llegar a los 600.000 euros, en el caso de las infracciones muy graves.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios