El PSOE aprueba en Canarias una ley trans como la que Calvo bloquea en el Consejo de Ministros

Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE.
Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE.
EFE

El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles la Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. El texto, que reconoce los derechos de colectivos como el trans, salió adelante con el apoyo de la totalidad de la Cámara, incluido el PSOE. Y los socialistas lo apoyaron pese a que la norma recoge expresamente el derecho a la "autodeterminación" del género, precisamente el punto que provoca que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, lleve meses bloqueando el borrador elaborado por el Ministerio de Igualdad.

La votación salió adelante por unanimidad, lo que refleja el consenso generado por una ley que todos los grupos del Parlamento de Canarias presentaron unidos: la iniciativa estaba firmada por el PSOE, Coalición Canaria, el PP, Nueva Canarias, Unidas Podemos, la Agrupación Socialista de La Gomera y el grupo mixto, en el que se integran los diputados de Cs. Y la nueva ley, en su artículo uno, deja claro que es un "derecho" de los ciudadanos canarios "la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género".

Esto implica que cualquier persona puede acreditar su propio género ante la administración sin necesidad de más pruebas que lo demuestren, y por ende tiene derecho a "ser tratada de conformidad a su identidad y expresión de género en los ámbitos públicos y privados, y, en particular, a ser identificada y acceder a una documentación acorde con dicha identidad". De esta manera, se despatologiza la transexualidad, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS), y queda prohibido establecer como "requisito" un "informe psicológico o médico" para "acreditar la identidad de género manifestada".

"Ninguna persona será objeto de requerimiento alguno de pruebas de realización total o parcial de cirugías genitales, tratamientos hormonales o pruebas psiquiátricas, psicológicas o tratamientos médicos para hacer uso de su derecho a la identidad o expresión de género, o para acceder a los servicios o a la documentación acorde a su identidad o expresión de género sentida en las administraciones públicas o entidades privadas de Canarias", deja igualmente claro el texto.

La nueva ley, además, reconoce expresamente el "derecho a la no discriminación" de los ciudadanos. Y, en lo relativo a la comunidad trans, se entenderá que se produce discriminación "si no son tratadas de acuerdo a su identidad de género sentida", apunta el texto, que regula uno de los asuntos más polémicos: el uso de instalaciones segregadas por sexos. "Todos los espacios abiertos al público, tanto los pertenecientes a instituciones como a establecimientos públicos, promoverán terceros espacios de uso mixto y, cuando no sea posible, permitirán que los espacios diferenciados por sexos, como aseos, vestuarios y espacios similares, sean utilizados por las personas usuarias de los mismos en atención a su género sentido", establece.

El PSOE lo bloquea a nivel nacional

La semana pasada, el PSOE se abstuvo e impidió que comenzara a tramitarse en el Congreso una proposición de ley trans en términos muy parecidos a la que  ha aprobado en Canarias y a la que plantea el Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero. Los socialistas justificaron su voto afirmando que la propuesta contenía "deficiencias" y elementos de "dudosa constitucionalidad", mientras Unidas Podemos votó a favor evidenciando la división que hay dentro del Gobierno en lo relativo a este asunto. 

La última propuesta de la parte socialista del Ejecutivo pasa por exigir a las personas trans que aporten pruebas de su propio género para poder modificarlo en el Registro Civil –y, por tanto, en toda documentación oficial–. También se les obligaría a ratificar la solicitud tres meses después de efectuarla, y plantea conceder hasta seis meses al responsable del registro para denegar o aprobar la solicitud, lo que dejaría la resolución en manos de los funcionarios.

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