El Gobierno se comprometió a que la ley de vivienda estuviera tramitándose en el Congreso el 27 de febrero, como tarde. Pero, a punto de terminar mayo, no solo el texto no ha llegado a la Cámara Baja, sino que PSOE y Unidas Podemos siguen sin ponerse de acuerdo en el mismo asunto que bloquea desde hace meses los avances: la regulación de los precios del alquiler. Socialistas y morados no se ponen de acuerdo en la vía para establecer los "mecanismos de contención" y "bajada" de los precios que pactaron en octubre. Y, aunque la negociación no se ha detenido, ese choque la mantiene en suspenso.

Desde el mes pasado, y en parte por querer evitar los choques en la campaña electoral para los comicios madrileños del 4-M, las reuniones semanales que mantenían el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y el de Derechos Sociales de Ione Belarra se han sustituido por un intercambio más discreto de mensajes y documentos. La negociación, a diferencia de lo que ocurrió en la precampaña de las elecciones catalanas, no se ha detenido, pero ni PSOE ni Unidas Podemos han dado su brazo a torcer en lo relativo a la regulación de los alquileres.

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Los morados siguen reclamando que se ponga en marcha un mecanismo de límite de precios, por el cual las comunidades tendrían la capacidad de poner un tope a los arrendamientos en las zonas más tensionadas. Por su parte, el PSOE sostiene que su propuesta, ofrecer exenciones fiscales a los propietarios que bajen el precio en estas zonas donde los alquileres son más altos, se ajusta a lo acordado. Y ninguno de los dos partidos abandona su pretensión.

El pacto firmado el pasado octubre establecía que la ley de vivienda permitirá a los ayuntamientos declarar "zonas de mercado tensionado" donde los precios sean más elevados. En esas zonas, se señalaba en el acuerdo, "se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes". Y, en base a un índice de precios, se apuntaba que "se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos".

No obstante, en las últimas semanas, tanto los socialistas como Unidas Podemos sí han planteado otras medidas complementarias para tratar de atraer a su socio hacia sus posiciones. El PSOE, sin renunciar a su propuesta de incentivos fiscales, ha ofrecido incluir en la ley un mecanismo por el cual los contratos de alquiler de viviendas en zonas tensionadas se prorrogarían automáticamente con el mismo precio si el inquilino así lo quisiera cuando fuese a vencer. Eso facilitaría la contención de los precios en las zonas en las que más disparados estuvieran, pero implicaría que se renunciase a forzar su rebaja.

Unidas Podemos, por su parte, ha planteado a los socialistas que la norma recoja la limitación de precios del alquiler, pero dando manga ancha a las comunidades para que sean las que definan los detalles de la regulación. Con ello, los morados intentan que la parte socialista del Gobierno se sienta más cómoda al no tener que asumir en solitario las posibles críticas a la medida, a la vez que se ofrecería un paraguas legal a normas autonómicas como la ley catalana de vivienda, que establece el límite de precios y que el PP ha llevado al Tribunal Constitucional.

"La recta final"

Los propietarios deberán comunicar con 4 meses y no con 30 días que no renuevan el alquiler con sus inquilinos

Así las cosas, y aunque se haya sumado el tercer mes de retraso sobre el plan previsto, no hay un calendario fijado para presentar el proyecto de ley de vivienda, que posteriormente tendrá que ser tramitado y aprobado en las Cortes. No obstante, hace unos días, el ministro Ábalos afirmó que la negociación se encuentra en "la recta absolutamente final" y sostuvo que "simplemente" hace falta que PSOE y Unidas Podemos se pongan de acuerdo en lo relativo a la regulación de los alquileres. "En todo lo demás ya hay acuerdo", aseguró.

Es cierto que el resto de cuestiones que abordará la norma están mucho más encarriladas, pero también lo es que aún quedan flecos no menores que cerrar. Además de la regulación de los alquileres, otro de los grandes objetivos que tendrá la ley de vivienda será la ampliación de la oferta. PSOE y Unidas Podemos tienen serias diferencias sobre cómo ampliar el parque público: los socialistas quieren construir nuevas viviendas y los morados, obligar a los grandes propietarios a poner parte de su parque en arrendamiento social.

Ambas formaciones sí han llegado a un acuerdo, en cambio, para penalizar a los propietarios que mantengan pisos vacíos. Esta penalización se vehiculará a través de un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los propietarios de más de cuatro viviendas vacías que lo estén durante dos años o más, y estarían exentos los pisos cuyo propietario se hubiera trasladado por razones laborales, de salud o de dependencia, así como los que estuvieran en obras, en venta o alquiler. En lo que aún no hay pacto es en la cuantía de este recargo en el IBI: la propuesta inicial del PSOE era de un 75%, pero Unidas Podemos planteaba un incremento de hasta el 200%.