El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, se reunieron este viernes con representantes de varios puntos de España de la organización Sindicato de Inquilinos y les prometieron presionar para que el Gobierno establezca en las próximas semanas la regulación del precio de los alquileres en zonas especialmente tensionadas que contemplaba el pacto de coalición.

Así lo confirman fuentes conocedoras del contenido de la reunión, que explican que Iglesias se ha mostrado partidario de que la regulación del precio de los alquileres se ponga en marcha junto a los Presupuestos, que será muy difícil que estén aprobados -si finalmente eso ocurre- antes de final de año. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos -que tiene las competencias de Vivienda- no es especialmente beligerante con esa posición, pero sí se muestra en contra la titular de Economía, Nadia Calviño, que se opone a la limitación de los precios.

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El acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos establece que, durante la legislatura, "se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que [...] puedan establecer su índice de precios" y que los consistorios puedan declarar, "con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual". 

En dichas zonas de mercado tensionado el precio de los alquileres no podría aumentar con respecto al de los últimos cinco años, y tampoco podría superar el del índice de precios que se estableciera. La idea, confirman fuentes del Sindicato de Inquilinos, es tomar como referencia la legislación sobre arrendamientos aprobada en Cataluña el pasado septiembre y que el resto de comunidades puedan aprobar normas similares, ya que el aumento de la oferta de alquiler y la bajada de la demanda debido a la crisis del coronavirus no ha redundado en una rebaja de los precios.

El cuándo y el cómo

Así lo explica Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, que se muestra satisfecho del desarrollo de la reunión con Iglesias. "Hay que hacer todo lo posible para dar un respiro a miles de familias que ya tenían sus alquileres a precio de oro y que ahora han visto como sus ingresos han caído, y eso obliga a hacer que el trabajo que llevamos desarrollando con el Gobierno haya que concretarlo de una manera urgente", sostiene Palomera, que celebra la "voluntad clara" que, asegura, tiene el Ejecutivo de regular esta cuestión.

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No obstante, pese a esta voluntad, el Gobierno aún tiene que solventar en su seno dos cuestiones fundamentales: el método que se seguiría para limitar los precios de los alquileres y el calendario para poner en marcha la medida. Según explican fuentes conocedoras de la reunión, ahora mismo se debate si únicamente dar la competencia a las comunidades autónomas para que regulen los precios o si, además, el Estado debe establecer un marco general de obligaciones que afecte a todo el territorio. 

Esa última opción afectaría a regiones como Madrid, donde el Gobierno autonómico se ha pronunciado en contra de la limitación de precios, y es la preferida del Sindicato de Inquilinos y también de la Vicepresidencia Segunda de Iglesias. "La falta de garantía del derecho constitucional a la vivienda constituye uno de los principales problemas sociales de nuestro país", argumentan fuentes de la Vicepresidencia.

No obstante, el pacto de coalición establece que "el objetivo" de la medida "es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler". Es decir, no se habla de una regulación que obligue a las autonomías.