La izquierda a la izquierda del PSOE se alía con los nacionalistas y los independentistas para denunciar el supuesto espionaje al teléfono del presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. Unidas Podemos, Más País, ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, Compromís, BNG y la CUP firmaron este martes una declaración conjunta para exigir al Gobierno que se investiguen estos hechos y que "depure responsabilidades".

Torrent: "Es la primera vez que se acredita que el Estado practica el espionaje contra adversarios políticos"

Tal y como publicó El País, el móvil de Torrent fue infectado por un programa espía que solo se vende a gobiernos y fuerzas de seguridad y que permite acceder a las conversaciones del terminal y también a su micrófono o su cámara. Aún no se conoce quién está detrás de este hackeo (que también habría afectado a otros dirigentes independentistas como la exdiputada de la CUP Anna Gabriel), pero los grupos firmantes culpan a "las cloacas del Estado" de actuar "contra la disidencia política".

"No es la primera vez que se recurre a la guerra sucia para perseguir a adversarios políticos", denuncian la izquierda y los nacionalistas, que aseguran que este tipo de programas son "herramientas opacas y antidemocráticas que vulneran derechos fundamentales". "Esta misma cámara constató la existencia de una policía patriótica dedicada a atacar a los rivales políticos que contaba con su brazo mediático y su brazo judicial. No nos resignaremos a vivir en un Estado donde te pueden espiar en función de tus ideas políticas", aseguran.

Para los firmantes, se ha "constatado en demasiadas ocasiones" que existe "la persecución de rivales políticos con el uso de métodos ilegales". "En una sociedad que se pretenda democrática no puede tener cabida", "esto nos debe preocupar a todos los demócratas", plantea el texto, que exige al Gobierno "medidas drásticas para garantizar que nadie será víctima de espionaje por defender un determinado proyecto político".

Unidas Podemos, Más País y los nacionalistas también quieren que el Congreso "investigue nuevamente la existencia de las cloacas del Estado, también en su dimensión mediática, en el marco de una comisión amplia en la que puedan comparecer todos los implicados e implicadas". "Nunca normalizaremos prácticas ilegales que vulneran derechos fundamentales. Es una exigencia democrática", zanjan.